El Instituto Cántabro de Finanzas considera las acciones de apoyo a la empresa SIDENOR como una operación pública en lugar de privada a efectos de calificación de riesgo.

Miguel Ángel Revilla, Eva Díaz Tezanos y Salvador Blanco en la firma del acuerdo que supuso la entrada de SODERCAN (público) en SIDENOR (privado)

Esto supone que se utiliza para ello un procedimiento más flexible que si se tratara de una operación directamente con una empresa privada.

Se refieren a la operación de compra de participaciones por valor de 15 millones de euros para esta industria ubicada en Reinosa, que convirtió al Gobierno de Cantabria en socio de la empresa privada a través de la empresa pública SODERCAN.

Es una política generalizada sobre la que llaman la atención los auditores del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda) en un informe al que ha tenido acceso EL FARADIO.

En concreto, se trata de una auditoría de Intervención centrada en su gestión de recursos humanos y en su eficiencia, y se extiende a los años 2015 y 2016, en la que se detectan prácticas como los pagos de dietas “nulas de pleno derecho”.

Y en ella los auditores advierten de que este organismo, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, no cuenta con un protocolo de análisis de las operaciones cuando estas afectan a otros entes públicos, incluso cuando estas al final tengan como beneficiario final a una empresa privada.

En el caso de los entes públicos, por ejemplo, no se exigen garantías (pese a que no exista ninguna instrucción por escrito de que no se haga). Y eso que la ley (los presupuestos autonómicos, en concreto) exigen que se haga un informe que luego no ha tenido reflejo en los manuales internos.

En esas operaciones con el sector público no sólo no se piden garantías sino que no se estudia su capacidad de reembolso. Además, no consta evidencia documental de que luego se realicen informes de seguimiento.

Por eso, los auditores recomiendan que en estos casos de operaciones a entes públicos que realmente financien empresas privadas se deben establecer “controles más rigurosos”.

Entre ellos, cita que se pida a ese ente público el expediente de la operación para comprobar los informes de viabilidad o riesgo, los análisis económico-financieros o las garantías. Al ICAF esto le parecía una “grave injerencia” en la capacidad de decisión de las empresas públicas.

El ICAF, ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

El Instituto Cántabro de Finanzas nació en 2008, creado por ley, para apoyar el sector público y fundacional de Cantabria, y en 2011 evolucionó, a través de un cambio legal, hacia su coordinación y asesoramiento en materia financiera (a pesar de que sólo dispone de un analista para estas funciones específicas).

Una labor de coordinación del sector público que no se ha traducido en la fijación de directrices u objetivos por parte del ICAF a las empresas públicas. En un 88% de los casos no se les dijo nada, y sólo dos entes públicos (de 24) recibieron instrucciones para mejorar su eficiencia. Es más: es que las propias empresas públicas no le consideran un agente financiador del sector público, como dice la Ley, sino más bien como un asesor.

Sede del ICAF en el Edificio de Piedra (Paseo Pereda de Santander)

También podía avalar a empresas si su actividad se consideraba estratégica, si bien en 2013 esa posibilidad se convirtió en algo excepcional (aunque se acabó modificando para dar cobertura a un aval bancario que se concedió al Grupo SADISA, de la constructora ASCAN)

Pero en la práctica, la financiación a empresas privadas ha sido una práctica “habitual” (de hecho las peticiones aumentan cada año, y en el último ejercicio auditado fueron mitad pública y mitad privada).

Sí que se ha producido una evolución: cada vez son más operaciones por menos cantidades, y se está trabajando más con la financiación de PYMES.

Pero dentro de esa evolución se ha ido derivando a una situación en la que las operaciones ya no eran de financiación sino para facilitar tesorería y circulante (liquidez), en la que el ICAF les ha ido orientando llegando incluso a hablar con bancos para conseguir reestructuras sus deudas.

Es en este asesoramiento, no recogido en las funciones que le otorga la Ley, donde los auditores detectan una “duplicidad” de funciones respeto a la empresa pública SODERCAN, adscrita en esta legislatura a la Consejería de la vicepresidenta, pero tradicionalmente vinculada a la de Industria.

Pero es que además de la asesoría a empresas, SODERCAN también trabaja en el apartado de financiación, el que le correspondería al ICAF.

En esa línea iba alguna de las recomendaciones de un informe de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (organismo estatal) , que observó como el ICAF financiaba a SODERCAN para que esta a su vez financiara a terceros.

De hecho, uno de los problemas que se apunta es que el ICAF ha ido sufriendo modificaciones en sus funciones a través de sucesivas y reiteradas modificaciones (mediante la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, prácticamente cada año) que han ido variando sus funciones. El resultado, para los auditores, es que queda un “amplio ámbito subjetivo de actuación”. Y se suma que otras de las funciones que va acumulando lo han sido por inercia (por ejemplo, encargos desde las Consejerías), sin modificaciones legales que las amparen, como si se hace en otros casos.

EL CÍRCULO VICIOSO: LA FALTA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN LLEVA AL ICAF A FINANCIAR A EMPRESAS PÚBLICAS….

Es decir, los incumplimientos de pago del Gobierno a sus empresas públicas hacen que tenga que financiarles otro organismo público, pero con gastos extra.

Volviendo a los problemas de liquidez, los auditores observan como parte de las operaciones del ICAF son por los problemas de falta de fondos que se han venido dando en el sector público empresarial y que tienen su causa en la falta de pago de la propia Administraciones.

Y estas operaciones generan gastos financieros.

Y la cifra es abultada: el ICAF tiene pendientes de pago 61,6 millones de euros por parte de siete entidades públicas en los tres últimos años. La cifra más alta le corresponde a SODERCAN, con un total de 28,7 de esos 61,6 millones, o sea, casi la mitad.

…Y EL GOBIERNO ACABA APORTANDO DINERO PARA QUE EL ICAF TENGA LIQUIDEZ

No se ha detectado que el ICAF proceda a recobrar o recuperar las operaciones que hayan resultado fallidas. Hasta 2016, esas operaciones financieras fallidas han causado pérdidas al Instituto por valor de 40 millones de euros. De hecho, el Gobierno ha tenido que aportar fondos por valor de 18,7 millones para “restablecer” su equilibrio patrimonial y asegurar unos niveles de solvencia “mínimos”. El ICAF asegura que son aportaciones en términos contables, no relacionadas con la liquidez.

Algunos de estos recobros de las operaciones fallidas acaban judicializados, reclamándose a la Justicia. Y la falta de personal le ha llevado a tener que contratar despachos de abogados externos para estas funciones. Esto le ha supuesto gastos de 168.500 euros en los dos últimos años. El ICAF lo justifica no en falta de personal sino en “estrategia procesal”.

Mientras, se reflejan pagos aplazados por valor de 20 millones de euros (una cifra casi equivalente a la que ha tenido que aportar el Gobierno de Cantabria para que el ICAF, el organismo que se dedica a operaciones financieras, tuviera liquidez).

EL ALQUILER SUPONE UN TERCIO DE LOS COSTES

Los auditores constatan que una tercera parte de los costes de funcionamiento del ICAF le corresponden a los gastos del alquiler.

El Instituto Cántabro de Finanzas se encuentra en la cuarta planta de la llamada Casa de Piedra, alquilado a su vez a un particular por el Gobierno de Cantabria cuando Ángel Agudo era consejero de Economía y Hacienda.

Ya en 2013 se valoró la posibilidad de su traslado, dentro de un Plan de Racionalización y Optimización de sedes que impulsó el Gobierno de Ignacio Diego, si bien se acabó descartando.

El precio del suelo es de 162 euros al metro cuadrado. Al año, esto supone costes de 117.266 euros. Son 720 metros cuadrados en los que están (con altas y bajas) una decena de trabajadores. En 2017 se redujeron algo estos costes al pasar a estar allí también la OPE, empresa pública sucesora de la antigua Coordinadora de Empresas Públicas.

Los auditores recomiendan que ese espacio, que consideran más que suficientemente amplio, lo ocupe personal de otras empresas o instituciones públicas de servicios relacionados, para hacer un uso más eficiente de las instalaciones.

En cuanto al personal, se han ido produciendo bajas que no se han cubierto, de modo que la plantilla ha venido asumiendo nuevas funciones sin que esto se haya traducido en sus salarios y además los auditores se cuestionan que sea un número de empleados adecuado a la carga de trabajo que se tiene.

«DEBILIDADES IMPORTANTES»

El documento consultado por EL FARADIO habla de debilidades “importantes”, entre ellas la falta de justificación de la viabilidad de las operaciones, en casos en los que el informe final es favorable pese a que se señalan desequilibrios financieros “importantes”, lo que genera “incertidumbre”.

Los auditores advierten que no tienen constancia de que desde la Consejería de Economía se hayan fijado directrices sobre el sector público para que el ICAF vele por su cumplimiento, y tampoco se ha evaluado su eficacia desde el Gobierno. El propio instituto no aprobó su plan estratégico para estos años, ni normas o directrices en esa línea.

La herramienta con la que se recogen los datos no garantiza que estos no sean alterados, ya que se limita a una tabla de Excel.

Y en las operaciones con empresas privadas, se usan para valorarlas índices externos (como agencias de rating) en lugar de las de los propios analistas.