Este viernes, 5 de abril, se cumple el plazo de un mes que se habían dado la familia de Solares que iba a ser desahuciada el pasado 5 de marzo, y cuyo lanzamiento se suspendió tras un acuerdo entre los propietarios de la vivienda, el juzgado, la plataforma Stop-Desahucios y la propia familia.

La familia en la vivienda (Foto: STOP Desahucios)

En el acuerdo constaba que la familia tendría un mes de plazo para buscar otra vivienda, después de que su propietaria solicitara su desahucio ante el impago del alquiler. Aunque la familia abandonará el piso puntualmente, tanto ellos como la plataforma denuncian que durante este tiempo no han podido encontrar una alternativa.

“Resulta muy difícil encontrar viviendas de alquiler para gente en una situación tan precaria y, en general, para cualquier persona. Piden avales, nóminas, seguros… y lo único que puede presentar esta familia son los ingresos de una exigua renta básica de 630 euros”, lamentan desde Stop-Desahucios.

Por ese motivo, sus esperanzas estaban puestas en la intermediación de la Oficina de Emergencia Habitacional de la Consejería de Vivienda, que les ofreció un piso en Unquera que la familia, como han hecho otras antes, ha rechazado.

El portavoz de la plataforma, Roberto Mazorra, explica que “se trata de una vivienda muy alejada de la zona en donde tienen su vida las familias” y que, “además del cambio de colegio y muchas más cuestiones no menores, como los recursos sanitarios”, la alternativa les supone unos gastos inasumibles porque “lo que te ahorras en el alquiler social, lo terminas pagando con creces en el transporte. Por no hablar de las ayudas que tiene la familia en su ambiente familiar y social o de las expectativas de encontrar trabajo”.

CARGAN CONTRA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA OFICINA DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Por ese motivo, la plataforma ha cargado contra los responsables políticos de la Oficina de Emergencia Habitacional, especialmente contra su coordinador y jefe de gabinete de la Consejería de Vivienda, Javier Ontañón, por lo que creen que es un caso de discriminación “por falta de conocimientos y de criterio”.

Aunque aseguran que la comunicación con la Oficina es constante –se han reunido, por última vez, este miércoles- y que reconocen la labor de funcionarios y trabajadores, la plataforma denuncia que “siguen empecinados en ofrecer el piso de Unquera, a sabiendas de que una familia tras otra lo rechaza, y eso es por algo”.

Según señala, ese piso ya se ha ofrecido a otra familia de Santander anterior, que también lo rechazó. “Prefirieron repartirse sus miembros entre diferentes casas de amigos y familiares antes que desplazarse hasta Unquera, en la otra punta de Cantabria. Además, nos consta que ha sido ofrecido a afectados de otras plataformas, con los mismos resultados”, aseguran, y alegan que eso no ha ocurrido con otras familias que han solicitado alternativa de vivienda.

“Lo lógico es ofrecer una alternativa de vivienda en la zona de residencia, más o menos ampliada”, defienden desde la plataforma, que instan a ofrecer el piso de Unquera a las familias del territorio de Val o San Vicente y zonas cercanas. “Tendrían que cambiar de vida radicalmente y se aumentarían los gastos exponencialmente. Es absurdo, no son objetos, son personas”.

“La falta de criterios técnico-sociales razonables es tremenda y lo peor es que producen una evidente discriminación de esta familia. Aunque, bien es cierto, creemos que esa discriminación no es intencionada sino fruto de un pobre conocimiento o formación sobre el contexto social de estas familias, además de la falta de criterio ya comentada”, asegura Mazorra.

UNA SITUACIÓN “DIFÍCIL” PARA LA PLATAFORMA

La familia, compuesta por Tino, Elisabet y sus dos hijos, de 11 y 7 años de edad que sufren enfermedades crónicas, no cuentan con más ingresos que el de la renta básica, razón por la que dejaron de pagar durante un tiempo el alquiler aunque, posteriormente, llegaron a un acuerdo con el propietario de la vivienda para ir pagando poco a poco la deuda al ingresar la cuota mensual del alquiler.

Sin embargo, hace unos meses murió el propietario y su viuda quiso hacer efectiva la deuda de forma inmediata, demandando a la familia, con la que posteriormente llegó a un acuerdo para darles el plazo de un mes para abandonar el piso.

Ante esta situación, la plataforma ha explicado que se encuentra en una “situación difícil” ya que ellos defienden “siempre a las familias de los afectados por un desahucio, pero entendemos perfectamente el derecho que asiste al propietario particular del inmueble”. De hecho, la plataforma se dedica a paralizar lanzamientos de los bancos y sólo en “situaciones excepcionales” llevan a cabo acciones para paralizar desahucios en los que el propietario sea una persona física, especialmente cuando coinciden una serie de criterios como pobreza sobrevenida y ser una familia con niños menores.