La legislatura del colapso en Santander

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Derrumbe en Sol, 57 (19 de julio)

En el mundo de la arquitectura y la ingeniería, la palabra colapso se utiliza cuando la estructura de un edificio no puede con todo su peso y se desploma.

El derrumbe parcial del edificio del Sol 57 (en el ecuador de la legislatura, el verano de 2017) dejó al descubierto, entre las ruinas, que la ciudad tiene dos velocidades en la tramitación de sus licencias.

Porque las obras del Pub Máster se iniciaron con licencia menor, pero ante la denuncia de los vecinos por las grietas llegó la licencia mayor para eludir, una vez más, las responsabilidades en los tribunales – frente al criterio de la Fiscalía, que quería investigar un posible trato de favor-.

Esta legislatura también ha evidenciado el colapso de un modelo de gestión que ha tocado dos grandes cuestiones para todo santanderino: los servicios públicos del día a día o la propia imagen de una ciudad que siempre ha sido muy orgullosa de sí misma, sin olvidar el colapso ético.

El MetroTus fue el ejemplo más claro del deterioro de un servicio municipal, con un proyecto de ingenieros que piensan en los sistemas antes que en las personas, y las unicas comunicaciones que se mejoraron fueron las de unos vecinos indignados que se conocieron en protestas inéditas frente a políticas municipales. La fuerza vecinal doblegó la muñeca del poder político.

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Como incotrolable efecto dominó, las protestas se extendieron al servicio de limpieza de las calles — que sufrió recortes como consecuencia directa del despilfarro en el despliegue del MetroTUS–, que se sumaron a la indignación por los sobrecostes en las facturas del agua, a favor de la concesionaria (Aqualia).

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También las contrataciones irregulares en la empresa pública Santurban (donde metió la mano en la caja una concejala del PP, cuya dimisión no deja de ser muy excepcional en democracia en Santander), los retrasos en las notificaciones de los impuestos de circulación, los despidos en la empresa de la OLA y el temor a recortes en Parques y Jardines tras otro polémico concurso público o el cambio de gestión en Escenario Santander, que no deja de ser un recinto público.

Todos ellos han provocado daños a la imagen de la ciudad, acrecentados por el bochorno colectivo causado por el ‘pinchazo’ de David Guetta en plenas fiestas de Santander, los fallos en la traducción de la Web turística de Santander, los problemas para sacar la imagen de marca para Fitur, además del incendio del MAS o el temor al impacto de los espigones en el paisaje histórico de La Magdalena, que se suman al daño en términos éticos de haberlo hecho todo apoyados en tránsfugas, ex de Ciudadanos.

Ha sido una legislatura de un gran desgaste para un Partido Popular que en realidad había empezado a perder ya antes, cuando comenzó a dejar de conocer la ciudad que ha gobernado siempre.

Todo empezó cuando dejó de tener lo que parecía su inmutable mayoría absoluta, en unas elecciones de 2015 en las que se quedó a un concejal de esta tras su gestión del caso de Amparo Pérez, la anciana de la Vaguada de Las Llamas que falleció después de que se demoliera su hogar.

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Y que luego ha ido encadenando sonoras derrotas judiciales como la de la plusvalía, la sanción de Trabajo por las contrataciones de desempleados o, fundamentalmente, la anulación del PGOU, que tras una legislatura previa llena de problemas urbanísticos abocó a Santander a una transición urbanística todavía no resuelta.

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