El primer decálogo de Ciudadanos exigía apartar de un cargo público al político que hubiera falsificado o engañado en relación a su currículum, pero el partido de Rivera pasó por alto la crisis de Gema Igual

Ciudadanos está en el centro de todas las miradas desde la noche electoral, porque sus dos concejales en Santander son decisivos para entregar el bastón de mando en la ciudad. Con dos sumas posibles, una ‘a la andaluza’ con el PP y VOX, y otra para un cambio histórico en la única capital autonómica sin alternancia en democracia, con el PRC y el PSOE.

La primera semana tras las elecciones ha transcurrido sin noticias, a la espera de instrucciones desde Madrid. La reunión este lunes de la dirección nacional de la formación naranja ha limitado el margen de maniobra en Santander.

En resumen, no veta al PSOE pero pone condiciones inasumibles a sus líderes territoriales, como desmarcarse de la acción política de su líder Pedro Sánchez o la defensa del artículo 155 en Cataluña, y señala al PP como socio “preferente”, también ‘a la andaluza’, sin sentarse en la mesa de los pactos con VOX. Y además descarta gobiernos tripartitos, que no sólo excluye a la ultraderecha, sino también la opción alternativa en Santander (PSOE-PRC-Cs).

Aunque El Diario Montañés cuenta este martes que PSOE y Ciudadanos han tenido una primera toma de contacto en la que se ha hablado de la capital y de otros 18 ayuntamientos donde podrían tener peso los naranja (con el visto bueno del PRC), lo cierto es que, al igual que hace cuatro años, la dirección autonómica de Ciudadanos ya tiene un decálogo para guiar los acuerdos.

Un documento que es mucho menos exigente que el que puso sobre la mesa el partido de Albert Rivera tras las elecciones de 2015 y que permitió retener la capital de Cantabria al Partido Popular, que entonces tenía al frente a quien abandonaría sus responsabilidades municipales a mitad de legislatura para hacerse cargo del Ministerio de Fomento, Iñigo de la Serna.

EL PRIMER DECÁLOGO DE CIUDADANOS (INCUMPLIDO)

El compromiso por la regeneración de Ciudadanos en 2015 también exigía primarias (el PP de Santander no ha hecho) o transparencia en la página web del partido (y el PP de Santander no tiene)

Entonces Ciudadanos, con su primer concejal electo, que terminó la legislatura siendo muleta del PP como tránsfuga en la Corporación, David González, puso encima de la mesa un ‘Compromiso por la regeneración democrática’, que en un principio se cumplió parcialmente y que avanzada la legislatura se incumplió de forma flagrante.

Al comienzo, y apelando al primer punto de aquel decálogo, Ciudadanos forzó la dimisión de la Ejecutiva Regional del PP de dos cargos: el exalcalde de Ramales, José Domingo San Emeterio, presidente de una de las constructoras de cabecera del Ayuntamiento, COPSESA, y el alcalde de Cayón, Gastón Gómez. Este último fue apartado de los cargos orgánicos pero no renunció a una Alcaldía que acaba de renovar con mayoría absoluta, todavía con su condición de imputado inalterada.

Y en el punto número 3 de aquel decálogo que firmó De la Serna con González y que terminó por ser un cheque en blanco a favor de los populares, acordaban “apartar de cualquier cargo público o de partido” a todo representante que hubiera “falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica”.

Poco después de ceder el bastón de mando de la capital para incorporarse al Gobierno de Rajoy, la sucesora designada por De la Serna, Gema Igual, candidata ahora del PP a la Alcaldía tras imponerse el 26 de mayo, tenía su primera gran crisis política como alcaldesa al trascender que había falsificado su currículum y que no había finalizado sus estudios de Magisterio.

Los concejales de Ciudadanos, que por entonces todavía no habían abandonado las filas de la formación naranja, se negaron a una moción de censura – era precisa la firma de una mayoría absoluta de la Corporación para llegar a Pleno-. Y en pocas semanas abandonaron el partido de Rivera para seguir facilitando el Gobierno de Igual en Santander hasta el final de la legislatura.

Este lunes, antes de que Villegas re-enmarcara las condiciones de Ciudadanos para los pactos municipales y autonómicos en toda España, Félix Álvarez comparecía en rueda de prensa para descartar a VOX en las negociaciones en Santander y mantener abierta cualquier posibilidad.

Pero por la tarde el partido difundía un nuevo decálogo y el propio Álvarez lo defendía en Twitter, como “biodramina” frente al “mareo” que le provoca oír “a tanta gente decir lo que debemos hacer, incluso lo que tenemos que soñar.”

Desde que entré en @CiudadanosCs he oído a tanta gente decir lo que debemos hacer, lo que debemos ser, incluso lo que tenemos que soñar, que casi me mareo.
Luego leo estos 10 puntos que exigiremos para llegar a acuerdos, y me parecen biodramina. Así sí. pic.twitter.com/8CGafYjJCl

— Félix Álvarez (@Felisuco_) 3 de junio de 2019

EL NUEVO DECÁLOGO DE CIUDADANOS

Los 10 puntos para un futuro pacto son esencialmente de posición política estatal o autonómica. Parte de la “unidad de España” y el “Estado de las Autonomías”, “hacer frente al separatismo”, “incluida la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que el Govern siga sin acatar el orden constitucional”.

Menciona bajadas de impuestos a familias y empresas, y concreta en el Impuesto de Sucesiones en las herencias y de donaciones entre parientes directos – de competencia autonómica, aunque en el ámbito local tiene su réplica en la Plusvalía-. Otras medidas como ampliar beneficios a familias numerosas o monoparentales o el número de plazas en Educación Infantil y aulas de 0 a 3 años también son medidas autonómicas.

La lucha contra la corrupción queda relegada al quinto punto, con medidas que ya están en marcha en Cantabria, como la eliminación de los aforamientos, con el impulso de la reforma del Estatuto de Autonomía desde la pasada legislatura. Está aprobado en el Congreso – con la abstención del PP- pero quedó congelada a expensas de aprobación en el Senado con la convocatoria anticipada de elecciones generales.

La protección de denunciantes de corrupción fue aprobada en Pleno del Parlamento y su concreción en Ley autonómica está a expensas del cumplimiento del acuerdo con PRC y PSOE  para la aprobación del Presupuesto del actual ejercicio de 2019. Estas dos medidas, aforamientos y protección de denunciantes, fueron impulsadas por Ciudadanos.

En el sexto punto, como su propio nombre indica, la Ley de Despolitización de la Administración Autonómica excede también el ámbito local, aunque sí podría ser de aplicación en Santander “una auditoría que permita reorientar todo el gasto superfluo a los servicios públicos esenciales” o el cierre de “todos los chiringuitos políticos”, los “enchufados” de los partidos, así como una reestructuración de todas las entidades públicas sin utilidad o con funciones duplicadas.

De forma amplia, hay margen para el apoyo a los autónomos y emprendedores en el ámbito local, al igual que el pago a proveedores en 30 días o simplificar la burocracia, aunque medidas como la tarifa plana a emprendedores también depende de otras administraciones por encima de los ayuntamientos.

La exigencia de la Tarjeta Sanitaria Única es una medida estatal que en todo caso afectaría a las comunidades autónomas, como las listas de espera, y lo mismo ocurre con la “revolución” de la educación o la “transparencia” y la “excelencia” en las universidades; o la misma “financiación autonómica”, hacia un modelo “más justo” y “sin privilegios para los nacionalistas”.

Finalmente, también pertenecen más al ámbito autonómico las medidas del punto 10: la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres – aprobada la Ley de Igualdad de Cantabria en el último mes de la última legislatura-, junto al compromiso con la erradicación de la lacra social de la violencia machista – pendiente de que VOX lo acepte o lo pase por alto en Santander- y la defensa de los derechos LGTBI – después de bloquear junto al PRC con comparecencias la tramitación de la Ley Trans de Cantabria-.