Un 40% de personas en situación de dependencia moderada llevan más de tres años sin que se les conceda la atención que les ha sido reconocida por el Gobierno de Cantabria, por falta de crédito presupuestario.

El dato se lo afea al Gobierno de Cantabria el Defensor del Pueblo, que recoge varias quejas en este sentido en su informe anual, recogido por EL FARADIO, y si bien son generalizadas en todo el país, en Cantabria se supera (casi se duplica) la media nacional, que es de un 19,17%.

Dentro de los Programas Individualizados de Atención, aprobados sólo reciben atención efectiva 2.055 personas, lo que significa que hay 1.362 personas a los que no se les está atendiendo pese a que se les reconoció esa atención y como un derecho subjetivo. Además, están pendientes de aprobación 51 de estos programas, que se encuentran suspendidos temporalmente.

LA FED DENUNCIA «ABANDONO, FALTA DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y AUSENCIA DE VOLUNTAD POLÍTICA»

A esta noticia ha reaccionado la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), cuya vicepresidenta en Cantabria, Julia Gurruchaga, ha instado al nuevo Gobierno “a realizar una apuesta real por el sistema de dependencia para hacerlo sostenible y de calidad”, para lo que tienden su mano para “colaborar en lo que se nos solicite dentro de la vía de mejorar los servicios y conseguir atender las necesidades de la región en unos parámetros de calidad razonables”.

Y es que desde FED han estado años criticado el “abandono, de falta de dotación presupuestaria y ausencia de voluntad política” en esta materia, ya que Gurruchaga insiste en que “en lo que se refiere al gasto ineficaz entendemos que hay un problema de gestión y este genera desigualdad entre usuarios y trabajadores”.

Por ello, “la calidad de los servicios ha disminuido”, aunque defiende que “el sistema ha resistido por el esfuerzo y sacrificio de entidades y trabajadores que ha tratado de cuidar el sector”, aún a pesar “de las dificultades para trabajar y de la mala calidad del empleo”.

Ayudas a la dependencia (Foto: Carlos Atienza)

También se han pronunciado Floren Enríquez, miembro de Ecologistas en Acción, María Luisa Peón, presidenta del PP en Torrelavega y María Jesús Cedrún, ex secretaria de UGT y miembro del Consejo Económico y Social (CES) en la tertulia de El Faradio de la Mañana, en Arco FM (103.2).

Para Cedrún que no haya presupuesto no es excusa, ya que “la atención a la dependencia nace como un derecho subjetivo, lo que significa que en cuanto surge la situación de necesidad tienes el derecho a ser compensado como estipule la norma”. Además, el deterioro que ha sufrido en Cantabria la ayuda a la dependencia “ha llevado a que no se atienda a los dependientes en grado 2, que son más de mil”.

Así mismo, las personas que se encuentran en residencias y no poseen sustento económico para pagarla, “es muy posible que la tengan que abandonar, ya que los plazos de llegada de ayudas están siendo superiores a un año y los precios de las residencias son muy altos”.

Hay que recordar que venimos de una etapa de recortes y austeridad, con un último presupuesto estatal que no salió adelante en el que se hubiera aumentado un 40% la financiación para las comunidades autónomas.

Sobre esta financiación Cedrún opina que “refleja que la Ley de Estabilización Presupuestaria y las soluciones que se han aportado desde el Gobierno nunca tuvieron en cuenta a las personas” y que el padecimiento está en las situaciones individuales, en temas como “la familia o el dependiente que sufre en silencio y de manera individual su situación.”

Enríquez añade a esto “la ausencia de proyecto público, de crear plazas que no sean privadas, etc” y pone de manifiesto que “se está desviando dinero público a entidades privadas. Falta una determinación por parte de las Administraciones Públicas.” Otra cuestión colateral son “las quejas de las propias personas que trabajan en los centros ya que el dinero que ser deriva a los centros no llega a las personas que aportan la atención directa.”

Cedrún cree que durante el tiempo en que llega la ayuda hasta los dependientes “se están aprovechando del esfuerzo personal y económico de las familias que nunca van a dejar sin atención a sus familiares, es un chantaje emocional.”

Así mismo, aporta otra visión sobre la gestión privada “si para la gestión pública es complicado que toda esta cobertura se haga directamente desde la Administración Pública y no a través de conciertos con empresas privadas, si no existieran estos conciertos, la situación sería peor.” Aún con esto “debería tener unos controles más rigurosos en todos sus ámbitos.”

Peón comenta que “la atención en España nace en un momento en el que estaba más presente el neoliberalismo absoluto, pero luego llega una época de conciertos, que solamente sirven como subsidiarios de lo público. En la dependencia actualmente, lo privado es lo principal y lo subsidiario es lo público.” Es una diferencia de modelo “contra la que estamos, ya que tiene que ser preferentemente público y en lugares con necesidades específicas y puntuales, el concertado.”

Y lamenta que “nadie viene apostando por crear una red de centros de ayuda a la dependencia, sino todo lo contrario, todo va a políticas de concierto, aunque como nos movemos en política en la inmediatez lo rápido es concertar.”

“¿Cómo es posible que se esté generando tanta actividad económica y tantos ingresos de Hacienda por esa vía?” se pregunta Enríquez. “Y es que vamos a unas sociedades más envejecidas donde cada vez van a ser más necesarias ayudas y residencias, por lo que debe haber un cambio en la política, al estilo de la sanidad o la educación.”

“En el momento en que todo se pone en marcha se elige un modelo que ahorra dinero y mucha gestión a las Administraciones Públicas” explica Cedrún, que es el sistema que se escogió por parte de España.

Existe otro factor que es el de los cuidados informales, con prestaciones más baratas para la administración y mayormente desempeñado por mujeres, y Cedrún lamenta que cada vez son más “mujeres explotadas sin papeles las que realizan el trabajo y a las que se les está explotando vilmente” y explica que desde UGT están intentando, junto con organizaciones como Cruz Roja o Mensajeros de la Paz, mejorar esta situación como intermediarios laborales.

CANTABRISTAS APUESTA POR BLINDAR LA LEY DE DEPENDENCIA

Desde el partido Cantabristas, han calificado de “aberración” el que haya 1.362 personas dependientes a las que no se les está atendiendo. “Supone una vulneración gravísima de un derecho subjetivo que no puede, por ley, verse afectado por la falta de recursos públicos”, han reclamado en una nota de prensa.

Por ello, han apostado por blindar la Ley 39/2006 de Atención a la Dependencia y hacerla efectiva, para “evitar que estas injusticias, impropias de una sociedad desarrollada y solidaria, sigan teniendo lugar en nuestra Comunidad”.

La medida para conseguirlo, según el partido soberanista, es dotar de una financiación adecuada a los Centros de Atención a la Dependencia del Gobierno de Cantabria e invertir los recursos necesarios para fortalecer los servicios como la teleasistencia o ayuda a domicilio.

Así mismo, desde Cantabristas prestan atención a la situación precarizada y, en muchas ocasiones, irregular, de las personas cuidadoras de este sector altamente feminizado. “Queremos impulsar una deducción autonómica del IRPF para las familias que contraten cuidadoras de menores o dependientes, con los objetivos de facilitar la regularización y mejora de la situación económica de las personas cuidadoras, y favorecer la capacidad de las familias de contar con los servicios de atención a la dependencia”, han defendido.