Hay una frase que antes se susurraba y ahora empieza a decirse cada vez más alto, con ese impetuoso “sin complejos”, en los bares o peluquerías al albur de la última acción de la que importa más la nacionalidad del agresor que el estado de la víctima: “es que aquí se deja entrar a todo el mundo”.

Y eso a pesar de evidencias que prueban que no somos precisamente un país acogedor con quienes vienen de fuera:

• desde el uso de las concertinas –los alambres que se ponen en las vallas y que siguen activos, pese a los anuncios de su retirada hechos desde el Gobierno central—
• hasta los sucesos del Tarajal –un grupo de inmigrantes murió repelido por fuerzas de vigilancia de las fronteras cuando trataban de acceder a ellas–,
• pasando por el envío de los menores extranjeros sin familia protegidos por la administración a la Fiscalía para intentar acreditar que eran mayores de edad y así perdiesen la protección –en Cantabria, el caso Samuel, el joven camerunés al que la Justicia acabó dando la razón frente al Gobierno autonómico–.

Y luego están los datos: el año pasado se resolvieron 11.800 solicitudes de asilo, que ya no hablan siquiera de inmigración, sino de atención a situaciones de emergencia humanitaria (guerra, persecución política) reconocidas en el derecho internacional.

De ellas, el 76% fue desfavorable, el 24% fue favorable, pero es que de ese  de ese 24% sólo 575 consiguieron el estatuto de refugiado.

Son datos difundidos por la coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres.

La jurídica participaba en el curso que desarrolla esta semana la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado Gestión de fronteras y derechos humanos: protección de los grupos vulnerables (del 5 al 9 de agosto), el mismo en el que altos mandos policiales estatales han recordado que los inmigrantes son víctimas de situaciones de explotación laboral o han advertido de que la trata de mujeres es una realidad presente ante nuestros ojos cada día.

«El inmigrante no es un delincuente, es una víctima»

“No somos un país de refugio”, aseguraba la directiva del CEER, quien advertía de que “estamos incluso peor que Italia”, con el único avance de una mayor sensibilidad por las víctimas de violencia de género o personas que son perseguidas por su orientación o identidad sexual.

NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL SISTEMA

En su ponencia Tratamiento del refugiado, Paloma Favieres ha explicado que “hoy por hoy el sistema de asilo de España está básicamente orientado a la protección subsidiaria”, la que se refiere a que “no cumples ninguno de los cinco motivos que aparecen en la Convención, pero corres el riesgo a sufrir daños graves por una condena a muerte, trato inhumano degradante o amenazas graves en contextos de conflictos armados”.

La ponente ha señalado que “hay una serie de cláusulas de exclusión de la protección internacional previstas en la ley: peligro para la seguridad de España, condena firme por delito grave y delitos contra la paz y la humanidad”.

La coordinadora ha afirmado que “en España ha habido un incremento en solicitudes de asilo”. A su juicio, “era un sistema muy garantista, estamos hablando de 3.000-5.000 solicitudes al año”, ha defendido.

“El incremento de solicitudes de asilo, que empieza a hacerse efectivo a partir de 2016 y, a día de hoy, debemos de llevar más de 60.000 solicitudes de asilo y las previsiones son que acabemos el año con 120.000. De momento somos el tercer país de Europa, pero las previsiones son que podamos acabar siendo el segundo país de Europa en número de solicitudes de asilo”, ha asegurado Paloma Favieres.

De este modo, desde CEAR consideran que “el sistema no estaba preparado para asumir” solicitudes y han propuesto “redimensionar el sistema” para “notificar” las solicitudes y “buscar otras alternativas”.