Una trabajadora del Gobierno de Cantabria tendrá una indemnización de 20 días por año tras haber cubierto durante cinco años un puesto de trabajo dependiente de la administración general del Gobierno de Cantabria, con un contrato de interinidad por vacante.

Se le reconoce la naturaleza indefinida no fija de la contratación en el momento de la extinción, que en este caso genera el derecho a la indemnización.

Así lo había establecido ya el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en contra del criterio del Gobierno de Cantabria, que acudió al Tribunal Supremo con un recurso de casación para unificación de doctrina.

El recurso ha sido desestimado, tal y como ha informado el sindicato Trabajadores Unidos, que representó a la afectada y que ha hecho causa de la «vergonzosa situación de abuso de temporalidad que se mantiene en todas las Administraciones» con el personal.

«Si a una empresa privada se la sanciona por incumplir las normas e incurrir en fraude de ley en la contratación , a las administraciones que han de dar ejemplo es lógico que se les sancione en los mismos términos», asevera el sindicato, primero en el seno de la administración autonómica.

Trabajadores Unidos critica que «no puede ser que se llevemos décadas incumpliendo las normas y precarizando el empleo público desde todas las administraciones y bajo todos los signos políticos, y nos encontremos con que a las administraciones se les consienta todo, aduciendo que no existen posibilidad en la normativa vigente para sancionarles».

Así, confían en que las cuestiones prejudiciales pendientes y la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea que han de producirse en fechas próximas culminen con una «sanción ejemplar» a las aministraciones que conlleve la declaración de la relación indefinida de los demandantes.

«Esperamos además que esta sanción pueda ser extrapolable a todos los afectados por este abuso desmedido y fraude de ley que se está perpetrando desde hace décadas, con total impunidad hasta la fecha y con la colaboración necesaria por omisión, de los responsables de las administraciones, gobiernos y sindicatos», añaden .