La asociación ecologista ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Estudio Informativo aprobado por ADIF,  para la reordenación del espacio ferroviario en la ciudad de Santander, que afecta al estratégico espacio  Comprendido entre Peñacastillo y las estaciones.

Lo hace al considerar que la propuesta presentada es «inadecuada y va en contra de las necesidades actuales y de  futuro de la ciudad».

En detalle, el recurso se apoya en los siguientes argumentos:

1.- No se han estudiado distintas alternativas de proyecto, como es preceptivo.
El Estudio Informativo aprobado no reúne el contenido mínimo legalmente establecido porque, fundamentalmente, no se han estudiado las distintas alternativas y opciones de diseño. El Reglamento del Sector Ferroviario exige análisis y definición, en aspectos tanto geográficos como funcionales, de las distintas opciones de diseño y, en su caso, de la situación de las estaciones y de las zonas de servicio ferroviario.

El Estudio Informativo no contiene el estudio de las distintas alternativas de ubicación del  edificio de servicios  ferroviarios, sin que por lo tanto quede constancia , de las ventajas, los inconvenientes y los costes de cada una de las opciones y su repercusión en la satisfacción de las demandas de transporte y en la ordenación territorial y urbanística, siendo que estas obras van a suponer para el ferrocarril y para la ciudad una de las mayores inversiones que en la ciudad se van a realizar en los últimos años y de mayor transcendencia para su futuro.

El Estado tiene el deber de elegir la alternativa más recomendable y debidamente justificada. Además, el propio ordenamiento urbanístico vigente PGOU 1997, a través del Plan Especial dispuesto, y al que el propio Estudio Informativo dice servir en sus requerimientos, así lo exige explícitamente.

Según recuerdan, en el período de información pública ARCA y otras asociaciones sí ofrecieron otras alternativas.

Entre otras, la creación de un corredor verde naturalizado desde La Remonta hasta las estaciones, y modificaciones de las actuaciones previstas en la reordenación ferroviaria, planteándose como una oportunidad histórica e irrepetible para planificar estos corredores territoriales con el sosiego y reflexión que requieren las decisiones con visión de futuro y a largo plazo. Sus alegaciones no fueron tenidas en cuenta.

En definitiva, critican que se vulnera así el Reglamento del Sector Ferroviario por no dar cumplimiento al contenido mínimo exigido para los Estudios Informativos. En consecuencia, el Estado ha de subsanar esa carencia y redactar un nuevo Estudio Informativo que incorporase un estudio de las alternativas, siguiendo la tramitación legalmente establecida.

2.- Tampoco se han evaluado adecuadamente los costes de la actuación. Aseguran que no se han analizado distintas alternativas, por lo que la administración ha actuado «arbitrariamente al no haberse garantizado que la opción  elegida es la de menor coste y más adecuada de entre las evaluadas, incumpliendo los criterios generales de economía y eficiencia a que está obligada». Al respecto, recuerdan que las obras de reordenación ferroviaria, con una inversión de 187 millones de euros, son de las más importante planteada en Santander en los últimos años.

3.- No se ha procedido a la evaluación ambiental.

Conforme al mismo artículo 9 del RSF, apartado 1.d, el Estudio Informativo, deberá contar con un análisis medioambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. En este caso, se ha prescindido de ese análisis medioambiental necesario.

Esta situación se considera «preocupante» ya que «lo que se está decidiendo es la creación de unos nuevos espacios públicos para la ciudad, de alta trascendencia urbana, en una zona de una gran densidad de población y con vías de circulación de alto tránsito, con lo que ello supone de contaminación, ruidos y peligrosidad, que obliga a que los nuevos espacios públicos que se proponen tengan las mínimas garantías medioambientales».

4.- La necesidad de aprobar un Plan Especial antes de aprobar cualquier proyecto constructivo.

Las distintas actuaciones que se proponen, la más representativa y costosa, la losa de cubrición de los andenes y los edificios destinados a las oficinas, correos y otros servicios, no son propiamente unas infraestructuras ferroviarias, por lo que deben quedar sometidas directamente a la normativa urbanística. Ello supone adecuarse al plan urbanístico vigente PGOU de 1.997, con la necesaria aprobación de un Plan Especial, con carácter previo a la
realización y aprobación de los proyectos constructivos, evaluando, al menos las tres distintas alternativas, que el propio Plan Especial exige.

«En definitiva, se está pretendiendo que esta actuación de tanta trascendencia para Santander, y que entendemos equivocada, se sustraiga al preceptivo ordenamiento urbanístico, a la normativa medioambiental y a la participación ciudadana, con graves consecuencias para el futuro de la ciudad», concluyen.