ANPE asegura que crecen los casos de acoso y violencia hacia los docentes en Cantabria

El sindicato ANPE difunde los datos del servicio El Defensor del Profesor correspondientes al último curso (2018/2019), con un incremento de más del doble respecto al curso anterior, hasta las 19 intervenciones
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El último informe del servicio El Defensor del Profesor en Cantabria del sindicato ANPE correspondiente al curso 2018/2019 muestra un “preocupante” aumento con respecto al curso anterior en el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes, con 19 actuaciones realizadas en nuestra comunidad autónoma.

El número de docentes que pidieron ayuda al servicio del Defensor del Profesor el último curso es superior al doble con respecto al anterior (ocho), lo que indica que “las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares”, según ha valorado el sindicato este martes en rueda de prensa.

Como cada año, El Defensor del Profesor hace públicos los datos más significativos de las intervenciones realizadas con los docentes de diferentes comunidades autónomas, en relación con la situación de convivencia escolar.

Este recurso, exclusivo del sindicato ANPE, es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Se puso en marcha en el año 2005 como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar.

Es un servicio abierto a todos los docentes, operativo en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, con el objetivo de favorecer la atención personalizada ante la solicitud de ayuda.

Centrándonos en las 19 actuaciones realizadas por El Defensor del Profesor en Cantabria, el curso 2018/2019 ha aumentado más del doble con respecto al curso anterior, pasando de ocho a diecinueve casos.

De estos, el 10,52% corresponde a docentes de Educación Infantil y un 26,30% corresponde a docentes de Primaria, mientras que un 42,10% se concentra en el profesorado de Educación Secundaria, por un 15,80% a profesorado de Formación profesional. El 5,28% restante se reparte en otras enseñanzas (Colegios de Educación Especial, Conservatorios, Educación de Adultos, etc.)

ANPE destaca la evolución negativa de los últimos dos cursos, con tres casos atendidos en el curso 2017-18 en el nivel educativo de Secundaria y Bachillerato, que aumentó a ocho situaciones el curso 2018-19, mientras que en Primaria pasó de uno a cinco.

ALUMNOS, FAMILIAS Y COMPAÑEROS

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los correspondientes al alumnado, los relacionados con las familias y los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión:

La problemática con el alumnado supone casi el 47.4 % de los casos, en los que destacan  las faltas de respeto a docentes, el ciberacoso o las amenazas de alumnos hacia los profesores y problemas para impartir las clases.

Las familias representan el 36,8% de los casos, entre los que se incluyen denuncias y acusaciones carentes de fundamento.

En lo relativo a los problemas relacionados con los compañeros, estas situaciones suponen el 10,5% y en menor proporción con los equipos directivos o administración, en un 5,3% de los casos.

Se puede destacar, entre ellos, la presión para modificar notas e informes, problemas para dar clase, faltas de respeto por parte de alumnos y familias, además del uso inadecuado de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso.

Además, el repunte de casos se produce en fechas cercanas a las sesiones de evaluación, “curiosamente” al finalizar las semanas de descanso, mostrando el estrés al que están sometidos los docentes que tienen que enfrentarse nuevamente al “drama”.

“Las consecuencias de las situaciones destacadas conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores”, asegura ANPE en su informe.

Así, en 16 casos han mostrado ansiedad y estrés, dos más inseguridad física, otros dos han causado baja médica y uno abandonó el ejercicio de la profesión.

“Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación”, añade el sindicato.

En este sentido, las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. “El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido”, añade.

El sindicato defiende la necesidad de este servicio, que ha atendido, asegura, casi 37.000 casos en España desde su puesta en marcha, lo que “no deja de ser una exigua cantidad en relación con los casos reales”. Se trata de docentes, fundamentalmente de la enseñanza pública, que “en algún momento de su actividad laboral han sufrido actos contra su persona incompatibles con la convivencia escolar e inaceptables en una profesión de este calado social”.

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