El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Vivienda, ha reiterado este jueves su compromiso de garantizar una alternativa habitacional a todas aquellas personas que de buena fe se vean afectadas por un proceso de desahucio de su vivienda habitual y ha indicado que el próximo año invertirá cerca de 15 millones de euros en facilitar a los cántabros y las cántabras el acceso a la vivienda.

En nota de prensa, el Ejecutivo autonómico reacciona así al registro por parte de la PAH de una enmienda en la que solicita incluir una partida de 1,3 millones de euros para movilizar el alquiler de vivienda y crear una nueva sociedad pública que lo gestione.

Según ha indicado el Gobierno, en concreto, dicha enmienda propone detraer 350.000 euros del programa 261.A, concepto 6.64, que está dotado con 437.000 euros, de los cuales la mayor parte-287.000 euros-corresponden a la Oficina de Emergencia Habitacional, de modo que “esta enmienda supondría tener que cerrar la Oficina de Emergencia Habitacional”.

La PAH también propone restar 1 millón de euros del programa 261.A, concepto 781.03, que está destinado a subvencionar la rehabilitación de viviendas. Al respecto, el Gobierno ha defendido que este programa “ayuda a los cántabros y las cántabras a mantener en unas condiciones de habitabilidad adecuadas sus viviendas y a mejorar la eficiencia energética de los edificios”.

Además, ha hecho hincapié en que también contribuye de una forma “muy importante ”a generar actividad económica y beneficia, especialmente, a los trabajadores y las trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas de Cantabria que son las que realizan la inmensa mayoría de estas obras.

Al mismo tiempo, ha explicado que dicho programa está cofinanciado por el Gobierno de España, por lo que “Cantabria tendría que renunciar a dinero que llega desde Madrid”.

No obstante, la Dirección General de Vivienda “tiende la mano” a las plataformas de afectados por la hipoteca y reitera su compromiso y colaboración con ellas en el desarrollo de programas y proyectos para “mejorar todos aquellos servicios y programas que ayuden a los habitantes de esta comunidad autónoma a poder acceder a una vivienda en unas condiciones dignas”.

La Dirección General de Vivienda contará en 2020 con un presupuesto de algo más de 16 millones de euros, de los que 1,1 millones irán destinados a pagar el trabajo del personal; 138.000 euros a financiar los gastos de funcionamiento y los 15millones restantes a sufragar distintos programas dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda y a subvencionar la rehabilitación de las mismas.