El bar La huerta, en Soto de la Marina, acoge este sábado a las 19.00 horas una charla sobre la factura de la luz y sus entresijos, de la mano de la cooperativa de energías renovables Solabria (a la que además se puede conocer en persona también para preguntar detalles sobre el sector eléctrico o sobre ellos los martes por la tarde en La Vorágine).

En ella se abordarán dudas que puedan surgir en torno al mercado eléctrico y el sector de la energía, analizando cuestiones prácticas que afecten al día a día, como qué es la energía verde, cómo se pueden poner placas solares y acumuladores, además de conceptos como los bonos sociales –modalidad para personas o familias en situación de vulnerabilidad–, el autoconsumo o las alternativas que existen al oligopolio.

Aspectos que explicará Gabriel Moreno, fundador de SOLABRIA, primera cooperativa que comercializa energía 100% renovable en Cantabria, con más de 300 miembros que reciben energía verde y contribuyen a minimizar el poder de las grandes eléctricas en un modelo que cuenta con ellos para la toma de decisiones.

Todo en una semana en la que en Cantabria el proyecto de incineradora de Solvay ha abierto el debate sobre la transición energética en la industria, y en la que el Gobierno central ha aprobado la declaración de Emergencia Climática, dentro de un plan para tratar de reducir emisiones a la atmósfera y frenar así el cambio climático.

Y después de que la asociación FACUA-Consumidores en Acción haya presentado este jueves la primera denuncia ante el nuevo Ministerio de Consumo, a cuyo frente está Alberto Garzón.

FACUA advierte de la existencia de un “fraude generalizado” en el sector eléctrico por el que las comercializadoras omiten los impuestos indirectos en su publicidad e información comercial, induciendo a creer a los usuarios que sus tarifas son mucho más bajas.

En su denuncia, FACUA pide al ministro Alberto Garzón que aperciba a las eléctricas para que cesen en estas prácticas de publicidad engañosa y, de negarse a rectificar, emprenda acciones judiciales contra las que continúan infrigiendo la ley.

La asociación recuerda que el Ministerio de Consumo tiene competencias para llevar a los tribunales a las empresas que vulneren determinados preceptos del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Añaden que durante décadas, el organismo competente en materia de protección de los consumidores del Gobierno de España no ha anunciado ni emprendido ninguna acción en los tribunales por los numerosos fraudes que se producen en el mercado.

Tampoco ha trascendido causa judicial alguna iniciada a instancias de las autoridades de consumo autonómicas o municipales, pese a que el artículo 54 de la citada ley les otorga competencias. Sólo algunas asociaciones de consumidores recurren a esta potestad que también a ellas les da la ley para acudir a la justicia ejercitando acciones de cesación.

Además, FACUA también está presentando denuncias contra las eléctricas por las citadas prácticas ante las autoridades de protección al consumidor de varias comunidades autónomas, entre ellas aquéllas donde las comercializadoras tienen su sede social. Las administraciones autonómicas de consumo tienen competencias para abrir expedientes sancionadores por las irregularidades expuestas por FACUA.

En este sentido, la asociación reclama un cambio en la ley para que el Ministerio de Consumo pueda compartir estas competencias con las comunidades, de manera que cuando se produzcan fraudes a nivel nacional sea el organismo del Gobierno de España el que incoe el expediente y no sea necesaria la apertura de diecisiete procedimientos a nivel autonómico para sancionar las irregularidades de manera proporcional a las dimensiones de las irregularidades y los beneficios ilícitos obtenidos.