El Gobierno de Cantabria propondrá a la prestigiosa abogada penalista cántabra Carmen Sánchez Morán como primera mujer presidenta del Consejo Económico y Social (CES), que ocupará el cargo tras la recuperación de este órgano de asesoramiento y participación social desaparecido en 2012.

Fue durante el Gobierno de mayoría absoluta del PP, que lo justificó como medida de control del gasto en la crisis, entre críticas de que lo que quería era escapar al control y a la crítica.

Sin embargo, el nuevo CES no tendrá una estructura independiente, sino que estará integrado en la Consejería de Presidencia, y no tendrá tampoco un presupuesto propio, a diferencia del anterior, que en 2006 tuvo un presupuesto de casi 600.000 euros y en 2012, el último año, de 400.000.

El órgano consultivo tendrá un gasto de entre 75.000 y 80.000 euros, según ha defendido previamente el Gobierno.  Únicamente el presidente del CES, que es elegido por el Gobierno, tendrá dietas por asistencia a reuniones, y el resto de los consejeros solo podrán percibir gastos de locomoción.

Como ha informado el Ejecutivo este sábado en nota de prensa, Sánchez Morán, como presidenta, será una de las mujeres propuestas como miembro del primero de los cuatro grupos que formarán el CES y que está compuesto por «personas de reconocido prestigio en materia socioeconómica y laboral».

SOTA Y RODRÍGUEZ CAMPOS

Junto a ella, el Ejecutivo regional ha propuesto a Lourdes López Cumbre, profesora de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC); al exconsejero de Economía, Juan José Sota Verdión, así como al economista Rodolfo Rodríguez Campos, impulsor de la Fundación Racing o exconsejero del club verdiblanca.

Rodríguez Campos fue miembro del CES antes de su desaparición y ha defendido la necesidad de recuperarlo, cuando se empezó a tramitar en la anterior legislatura, en etapa del difunto exconsejero de Presidencia, Rafael De la Sierra (PRC).

Este primer grupo se completa con las propuestas de la Universidad de Cantabria, la profesora Begoña Torre Olma, y Emilia Pérez Prieto, por parte de la Federación de Municipios.

Dentro de la resolución de la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, se incluye también a cinco de los integrantes del cuarto grupo del CES, entre las candidaturas propuestas por el Pleno Parlamento de Cantabria, representativos de «diversos sectores de la economía social».

DE LA ECONOMÍA SOCIAL

En este grupo serán representantes en el ceS la presidenta de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), Eva Fernández Cobo; el presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI), Ignacio Fernández Allende y el representante de la Fundación del Metal, José Francisco Martínez Gutiérrez.

Se sumarán los representantes de la Cámara de Comercio de Cantabria, Alfredo Salcines Correa, y de Asociaciones y Colectivos Ciudadanos, Leticia Díaz Rodríguez (exconsejera de Presidencia y Justicia durante el Gobierno de mayoría absoluta con el Partido Popular).

Este cuarto grupo se completa con las propuestas de otras organizaciones presentes: Ana Cabrero, como representante de los Trabajadores Autónomos (ATA); Ezequiel San Emeterio Huidobro, representante de los Colegios Profesionales (y decano del Colegio de Caminos); Gaspar Anabitarte Cano, de las Organizaciones Profesionales Agrarias (UGAM-COAG), y Mercedes Martínez Zumendi y José Vía Iglesias, miembros de USO y representantes de los sindicatos minoritarios.

SINDICATOS Y PATRONAL

Completarán el CES un segundo grupo de seis componentes propuestos por las organizaciones sindicales más representativas y el tercero, los seis miembros correspondientes a las organizaciones empresariales más representativas.

En concreto, serán designados por el sindicato CCOO, Rosa María Mantecón Agudo, Laura Lombilla Paul y Damián Agustín García Carmona. Y por UGT, Cristina Otero Saiz Óscar Martín Cabello y Felipe González Bello. Por parte de CEOE, Enrique Conde Tolosa, Ana Campos Echevarría, Martín Silván Gutiérrez Cortines, Manuel Loberia Rubio, Antonio Pérez Ruiz, Olga Dasgoas Rodríguez.

Una vez efectuadas todas las designaciones en el CES, los miembros serán nombrados mediante la aprobación de un decreto del Consejo de Gobierno, para posteriormente tomar posesión. Se abrirá también un proceso de consultas entre los miembros del CES para el procedimiento de elección de la presidencia. El mandato tendrá una duración de cinco años, plazo superior al de la legislatura para incrementar la independencia de sus miembros.

«PERSONALIDADES RELEVANTES»

La consejera de Presidencia ha mostrado su satisfacción por poder contar en el CES con «personalidades relevantes» y de «tan dilatada trayectoria» para que aporten sus conocimientos y experiencias en las diferentes áreas de decisión del Gobierno de Cantabria en beneficio de la ciudadanía.

«Los componentes del Consejo atesoran experiencia en una variedad de campos sociales», por lo que ha augurado que los dictámenes que emita serán «especialmente útiles» al Gobierno a la hora de tomar «las mejores decisiones», ha señalado.

Respecto al nombramiento de Carmen Sánchez Morán, como primera mujer que dirigirá el órgano asesor gubernamental, ha ensalzado su amplia trayectoria profesional y ha confiado que afrontará esa responsabilidad «con acierto y eficacia».

Asimismo, ha valorado que su futura designación también represente «los cambios que se han producido en la sociedad cántabra y española». «Sánchez Morán asumirá el cargo de presidenta del CES con responsabilidad, inteligencia y capacidad», ha asegurado la consejera que, como mujer, ha mostrado su orgullo por esta propuesta de designación.

UNA MUJER EN CONTRA DE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Sin embargo, Sánchez Morán, en una entrevista esta misma semana en El Diario Montañés, se mostraba crítica con la Ley de Violencia de Género. «El Código Penal trata a la mujer como menor de edad en la violencia de género y es un error», destacaba el titular.

Será una de las tres juristas cántabras que asesorará al Ministerio de Justicia para reformar los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal. Al respecto, aboga por «armonizar el derecho penal con lo que la sociedad demanda» y apuesta por «suprimir el término abuso porque tiene una connotación de derecho de uso».

Tampoco está a favor de una educación en igualdad de los jueces. «El juez tiene que venir educado de casa», sentenciaba. O sobre el pacto contra la violencia de género, que introducía la necesidad de formar a todos los operadores jurídicos desde la perspectiva de género, al que se refería como «un acto de voluntarismo» que «da muy poco resultado si no se comienza la educación desde la infancia».

Y en respuesta a una pregunta sobre la libertad sexual de las mujeres amenazada, advertía: «de lo que tenemos que tener cuidado es de que no se amenace la libertad sexual de cualquiera», porque, a su juicio, «corremos el riesgo de cerrar el círculo y de considerar a las mujeres como menores de edad», a lo que añade que el Código Penal contiene determinados aspectos que protegen en exceso a la mujer y eso es porque la considera inferior al hombre; la considera, como menor de edad».

Esos aspectos a los que se refiere es «la violencia de género». «Estoy en contra de que se proteja más a la mujer que al hombre en los supuestos de violencia de género. Mi marido y yo somos iguales y no es razonable que se le castigue más a él que a mí en el caso de nos agrediéramos mútuamente. Eso es lo que hace el Código Penal ahora».

TRAYECTORIA DE SÁNCHEZ MORÁN

El nombramiento de Carmen Sánchez Morán está avalado por una «dilatada experiencia y exitosa trayectoria» en el ámbito de la abogacía y la docencia. Licenciada en Derecho y Especialista Universitaria en Psiquiatría Forense, está titulada por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con una larga trayectoria como abogada penalista, en la que ha defendido más de 2.000 asuntos judiciales. Entre ellos, algunos muy mediáticos, como la defensa de los exconsejeros del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo (PSOE), en el Caso GFB, y Javier López Marcano (PRC) en el llamado ‘Caso Racing‘.

Ha sido designada por el Ministerio de Justicia como miembro permanente y vitalicio de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación para la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario en esta rama del Derecho.

También es vocal de la Junta Directiva de la Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP) y profesora de Derecho Penal del Máster de la Abogacía en la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria desde su fundación, en 1987.

Durante 30 años, desarrolló la docencia como profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria. Miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados de Cantabria, fue la primera mujer en acceder a la Junta del Gobierno de la entidad colegial, de la que fue su Secretaria entre enero de 1986 y enero de 1991.

Posee la Cruz de Servicios distinguidos como Letrada otorgada por la Asociación Profesional de Jefes de Policía Local de Cantabria y es ponente habitual en Cursos y Conferencias de Derecho Penal organizados por distintos colectivos, administraciones públicas, asociaciones y colegios profesionales.

Por último, es co-autora del ‘Código Penal anotado y concordado’ y de la obra ‘Doctrina Penal de los Tribunales Españoles’.