Izquierda Unida no comparte la idea de la consejera de Educación, Marina Lombó, de reanudar las clases presenciales el 25 de mayo y le pide que “escuche a la comunidad educativa”.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de lU, Leticia Martínez, ha expresado el “malestar” que las familias y los profesionales de los centros han transmitido a su formación y que “ya se hace sentir de forma palpable más allá del ámbito educativo”.

Según Martínez, cada vez que los distintos agentes de la comunidad educativa representados en la Junta de Personal Docente, la Comisión Permanente de Directores de Secundaria o el Comité de Prevención de Riesgos Laborales han expuesto las medidas más idóneas en estos momentos se han encontrado con el “rechazo frontal” de la consejera y su equipo, quienes “han hecho oídos sordos a las peticiones.

Además, se hacen eco de varias “deficiencias graves”, como la destitución de los profesores de apoyo de formación profesional (61 interinos) sin negociación ni comunicación previa a la Junta de Personal Docente, el pasado 3 de abril, o el “parón” en las convocatorias de sustituciones semanales durante más de un mes desde que se suspendió la actividad presencial en los centros.

“La falta de sustituciones a los profesores de baja ha supuesto más sobrecargo para los compañeros docentes, como si el teletrabajo y la adaptación en tiempo récord de las clases y la atención al alumnado no estuviera suponiendo un esfuerzo extra”, criticaba.

Desde IU ven en la Consejería y el Gobierno en su conjunto “una profunda dejadez con la intención de trasladar todas las decisiones” a las familias y los trabajadores.

Como ejemplo, citan la “ocurrencia” de que sean los directores de los centros los encargados de hacer la compra de guantes y mascarillas, en lugar de que sea la consejería la que reciba las peticiones y centralice el acopio de material de forma eficiente. “Quizá no quieren encontrarse con otra ‘revilletada’ pero va en el lote de gobernar”, ironizaba.

REGRESO AL COLEGIO EL 25 DE MAYO

Tampoco comparten la ‘vuelta al cole’ presencial el próximo 25 de mayo, ya que, “además de innecesario, convierte todo el trabajo de adaptación hecho hasta ahora en papel mojado”.

Leticia Martínez, en una marcha en defensa de la educación pública

De hecho, “no se explican” ese sondeo anunciado a la Consejería a padres, madres y tutores para ver cuántos niños y niñas acudirán a los centros a partir del día 25. “Da la impresión de que se está, de nuevo, trasladando a las familias la decisión de reabrir o no los centros y, con ello, desligándose de su responsabilidad de gobierno”.

“Si nos comparamos con otras comunidades, esta Consejería está constantemente justificando su inacción en los decretos y órdenes que llegan de Madrid, pero no es cierto, están renunciando voluntariamente a su autonomía en materia educativa; paradójicamente, la misma autonomía que reclama Mazón en el Congreso”, afirmaba la líder de IU.

“Tenemos ejemplos recientes, como Andalucía, donde ya no volverán a clase presencial este curso, o el País Vasco, que pide volver antes pero sólo en los niveles de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, de que los territorios pueden plantear medidas que desarrollen o modifiquen las indicaciones generales del gobierno estatal”, insistía.

Así, creen que el curso debe acabar con evaluaciones telemáticas tras el esfuerzo de docentes y familias y ganar tiempo para preparar la vuelta en septiembre “de forma correcta y consensuada” con toda la comunidad educativa.

“Es imposible cumplir con las exigencias de prevención con alumnado de 2 a 6 años y llevar a cabo los estudios objetivos de la etapa infantil”, defendía. “Es necesario, además, de cara a septiembre, plantear un periodo de adaptación a una nueva realidad que debe, necesariamente, replantearse unas ratios más reducidas, en torno a 15 alumnos por clase”, continuaba.

“La vuelta al cole presencial deberá contar con un consenso amplio en el que la conciliación laboral y familiar no puede ser un escollo sino una oportunidad para crear otros hábitos y relaciones sociales”, señalaba Martínez.

“Conciliar las necesidades de las familias con el respeto al trabajo docente no puede ser un problema sino una etapa a superar, con la implicación de personal de apoyo, que en muchos casos ya existe, además de ampliar el enfoque y buscar mayor implicación de los centros de trabajo”, sentenciaba.

CIUDADANOS EXIGE QUE SE ACLARE LA FECHA DE LA APERTURA DE LAS AULAS DE DOS AÑOS

Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Diego Marañón, ha pedido al Gobierno de Cantabria que aclare a las escuelas infantiles y guarderías privadas cuándo podrán abrir sus puertas, ya que al no pertenecer a la Consejería de Educación ni al Instuituto Cántabro de Servicios Sociales, el sector se encuentra en un limbo jurídico que les impide saber «a qué atenerse».

Marañón ha sostenido que la singularidad de la educación y asistencia a los niños con edades comprendidas entre los cero y los 2 años deja en «desamparo» a los profesionales de estos centros que, aunque quieren reiniciar sus negocios, «no están dispuestos a hacerlo a cualquier precio».

«Al igual que otras empresas privadas, las escuelas infantiles necesitan tener indicaciones claras y precisas para saber cuándo y en qué condiciones pueden reabrir sus puertas, siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad y prevención ante el contagio del COVID-19», ha señalado el diputado.

Marañón ha insistido en que «hablamos de niños muy pequeños, lo que hace prácticamente imposible impedir que toquen cosas o evitar el contacto entre ellos y con los profesionales», por eso, ha subrayado, la administración debe elaborar un protocolo específico «que determine el procedimiento para actuar con todas las garantías».

Por último, el diputado naranja ha indicado que las escuelas infantiles «son una pieza fundamental para facilitar la conciliación de las familias», que poco están comenzando a trabajar y necesitan tener la seguridad de que sus hijos «van a estar en un entorno libre de riesgos».

LA UC PRESTA ASISTENCIA TECNOLÓGICA A 59 ESTUDIANTES

Mientras, la Universidad de Cantabria está distribuyendo entre los 59 estudiantes que presentaron su solicitud a la “Convocatoria extraordinaria de la UC para facilitar el material necesario para el seguimiento de la docencia y la evaluación on line”, ordenadores portátiles, webcams y puntos de acceso móvil a internet para poder seguir la docencia y la evaluación no presencial en condiciones óptimas.