Las sedes administrativas de la Administración General del Gobierno de Cantabria se preparan estos días para la apertura al público, prevista para el 25 de mayo.

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior está ultimando las medidas de reorganización de espacios y de seguridad para proteger a los ciudadanos del coronavirus, para lo que implantará la cita previa, al igual que en la Administración judicial, para evitar aglomeraciones, y un sistema de tarjetas para graduar la circulación del público en el interior de los edificios.

La consejera del área, Paula Fernández Viaña, ha explicado que, aunque se priorizará la atención telefónica y telemática a la ciudadanía, las sedes administrativas y de atención al público “deben de adaptarse a la nueva normalidad” para garantizar una adecuada prestación y funcionamiento de los servicios públicos y, al mismo tiempo, tomar todas las medidas de protección.

Por eso, en el caso de la atención presencial, se han adecuado los espacios para mantener el distanciamiento social, con la instalación de mamparas de protección y se ha colocado señalética para organizar la circulación de empleados y ciudadanía. El material ha sido fabricado con medios propios, a través del personal de los Talleres Regionales.

También se precisará cita previa, se limitará el aforo y se establecerán las medidas de prevención necesarias para garantizar la seguridad en la prestación del servicio.

Respecto al incremento de la actividad presencial de los empleados públicos de la Administración General del Gobierno de Cantabria y de sus organismos públicos, la consejera de Presidencia ha explicado que será gradual y progresiva, a través de un plan de reincorporación que concilia la protección de la salud con la reanudación de la actividad administrativa en esta modalidad.

Para evitar contagios, se implantarán medidas organizativas y de protección colectiva e individual, como las que ya cuentan muchas sedes administrativas autonómicas, tras la valoración específica frente al COVID-19 de los puestos de trabajo.

La instrucción general emitida por la Consejería de Presidencia establece la reincorporación y el incremento “escalonado” de la actividad presencial. En la primera fase se incorporarán un tercio de los efectivos de cada centro, incrementándose de forma progresiva en un 25 por ciento más cada dos semanas, hasta alcanzar teóricamente el cien por cien de la plantilla, aunque este programa general dependerá de la evolución de la pandemia y de las características de las unidades administrativas específicas.

De cualquier forma, el Ejecutivo regional mantendrá el teletrabajo, implantando calendarios de rotación de personal, lo que atenderá a criterios de organización y de aquellas personas especialmente sensibles a un posible contagio por coronavirus y empleados públicos que tengan a su cargo a menores o mayores dependientes.

Igualmente, se mantienen las medidas de redistribución temporal de efectivos y los protocolos de prevención y protección iniciados en la Administración Autonómica para dar respuesta a las circunstancias generadas por el COVID-19, entre los que se encuentran la instalación de señalética y mamparas de metacrilato, para garantizar la seguridad y el distanciamiento interpersonal de dos metros, extremando los protocolos de limpieza. Asimismo, se han valorado las necesidades de protección de todos los profesionales para dotarles de esos medios o de los equipos de protección individual (EPI) y las limitaciones de aforo en las áreas de atención al público.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, que ha supervisado la instalación de las últimas medidas, ha destacado el compromiso de los empleados públicos autonómicos para superar la actual crisis, algunos de ellos, manteniendo la labor presencial como servicios básicos y esenciales, y otros, al poner en valor su trabajo desde casa para que la normalidad “fuese la mayor posible”.

En cuanto al plan de desescalada en la Administración General Autonómica, ha señalado que contiene medidas de prevención para evitar contagios, un sistema mixto de trabajo presencial y telemático, así como una nueva gestión y organización de las dependencias administrativas.

Asimismo, ha valorado que contempla medidas de incorporación de la plantilla a la actividad “a distintas velocidades”, teniendo en cuenta las singularidades de cada servicio y atendiendo, “sobre todo”, a la protección de la salud.

Por eso, para ordenar la vuelta a la normalidad cada consejería u organismo público detallará el número de personas y los puestos de trabajo presencial que necesita que se vayan reincorporando en cada momento y atendiendo al tipo de actividad a desarrollar.

La presente instrucción se ha sido sometida a informe de la Comisión Paritaria de Salud Laboral y ha sido negociada con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Función Pública y en el Comité de Empresa, con un amplio consenso.