Medio centenar de personas de diferentes colectivos y partidos se han concentrado este lunes 27 de julio frente a la sede del Gobierno de Cantabria para mostrar su descontento con la nueva Ley del Suelo en tramitación, que consideran “una amenaza sin precedentes al territorio y al medioambiente de Cantabria”.

Un texto contra el que se han pronunciado asociaciones como ARCA –promotora de las denuncias que llevaron a las sentencias de derribo en la costa–, Ecologistas en Acción, movimientos como Cantabria No Se Vende o la recientemente creada  Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos y partidos como Cantabristas –que la ha bautizado como la “Ley del Cemento”, Izquierda Unida,  Equo, Podemos, e incluso o algunos ex cargos del PSOE, entre otros asistentes.

Los críticos del texto temen que reproduzca en el interior de la comunidad la dinámica de construcción que ya se produjo en el litoral.

En el manifiesto leído durante la concentración frente al Gobierno, lamentan que este proyecto tenga la intención de “extender el modelo del hormigón, el ladrillo y la especulación urbanística que destruyó nuestra costa” y que recuerdan, dejó “más de 800 sentencias de derribo”.

“Esta Ley del Cemento es un peligro sin precedentes para nuestro territorio y medio ambiente” han señalado, ya que con su aprobación “se abriría la puerta a la desnaturalización y la degradación del suelo en áreas rurales, que a día de hoy representan más del 90% de nuestra tierra” indican.

Señalan en este manifiesto que “con el pretexto de la existencia de cualquier pequeña construcción en un terreno, la Ley permitiría la edificación de chalets, urbanizaciones y viviendas”. Por otro lado, “también flexibilizaría el uso de la figura del PSIR, que debe ser excepcional, permitiendo que cualquier proyecto empresarial ligado a complejos turísticos, ocio cultural, deportivo, minería o generación energética pudiera instalarse donde desee” remarcan.

Por otro lado, apuntan que esta Ley tampoco incluye referencia alguna a la preservación de la arquitectura tradicional, la identidad y los valores culturales de los núcleos de población, ni los valores paisajísticos de Cantabria.

“Queremos una Cantabria verde y viva, no una sepultada por el cemento para el uso turístico y especulativo” concluyen en el manifiesto.

Una de las organizaciones ecologistas que se muestran en contra de la Ley es Arca, y uno de sus representantes, Carlos García, explica que buscan “que se mantenga la identidad de Cantabria, que es un suelo rural que la ley pone en peligro, ya que se pretende extender el modelo de construcción masiva generalizada en la costa hacia todo el interior”.

“Esto supone acabar con un recurso que se ha mantenido intocable durante años como es el suelo fértil para uso ganadero, forestal o alimentación” indica, y pone como ejemplo comunidades como Asturias y País Vasco, “que se esfuerzan por mantenerlo”. García lo considera una “indignidad territorial y económica, lanzando a la comunidad a una situación de pérdida de identidad”.

Además, indica que “cuando Cantabria se encontraba entre las comunidades más ricas del país, tenía su territorio perfectamente ordenado, y había industria, sector primario, y el turismo estaba como algo complementario” por lo que sostiene que “lanzarnos ahora solamente al turismo es un desastre económico y territorial”.

Asimismo, señala ese “brutismo territorial” que desemboca en “una economía improductiva, de vivir de la subvención y las grandes obras urbanísticas”.

“Llamamos a la dignidad de los cántabros, por que lo que hacen las comunidades vecinas es proteger el suelo rural, y la mayor indignidad es entregar el patrimonio que tenemos, que es para aprovecharlo, no para venderlo y desnaturalizarlo” concluye desde Arca Carlos García.

Otra de las organizaciones presentes en esta concentración es Ecologistas en Acción, desde la que Luis Cuena explica que lo que buscan es “supeditar estas leyes a la ordenación del territorio general que se llama PROT (Plan Regional de Ordenación Territorial)” pero indica que esta nueva Ley “es un intento de que emerjan leyes sectoriales por encima y al margen”.

Desde la asociación, Cuena explica que esta Ley afecta como una “clara desregularización de la gestión y del control de lo territorial, donde en los pequeños municipios va a haber manga ancha y posibilidad de construir en sitios, en algunos casos correctos, y en otros insólitos e inadecuados”. “Tiene que ver con la iniciativa privada que siempre ha existido” sostiene.

Uno de los partidos políticos más críticos con la “Ley del Cemento” ha sido Cantabristas, que tras conocer el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA), consideran que el objetivo del Gobierno Autonómico es “extender el modelo del hormigón, el ladrillo y la especulación urbanística que destruyó nuestra costa, con más de 800 sentencias de derribo, a todo el interior rural de Cantabria”.

Paulu Lobete, miembro de la plataforma, pone en valor la importancia de movilizarse contra una Ley que “es un modelo propagado por el PSOE y PRC dañino para Cantabria, y basado en la improvisación de las últimas décadas, extendiendo el modelo especulativo que ya conocemos de años atrás en la costa, al interior de la Comunidad”.

“Pensamos que es fundamental que la sociedad cántabra tome conciencia y defienda el territorio y medio ambiente de nuestra tierra, uno de los valores de los que todo el mundo en Cantabria nos sentimos orgullosos y orgullosas” apunta Lobete.

Por su parte, desde Izquierda Unida, Israel Ruiz Salmón se muestra totalmente contrario esta posibilidad de construir viviendas en suelo rústico, pero también fértil, y destaca la necesidad de proponer “otras alternativas para el medio rural, que necesita rehabilitar las viviendas ya existentes, no la construcción de nuevas viviendas”.

“Lo que se pone en riesgo es la supervivencia de aquellas familias que preservan nuestro territorio rural, dejando paso a otras familias que vendrán dos o tres meses al año, en una especie de sintonía con el modelo de desarrollo que han mantenido durante las últimas décadas basado solamente en el turismo” evidencia Ruiz Salmón.

Un turismo que convierte Cantabria en una “suerte de parque temático” pero con una precariedad estructural del sector, en el que “las contrataciones de camareros, por ejemplo en verano, se convierten en despidos en septiembre” reitera.

Por otro lado señala que “se aboga por un plan opuesto a lo que debería ser, más en un contexto de cambio climático, en el que la propia Ley de Cambio Climático estatal está diciendo que lo que hay que preservar son los suelos fértiles, el medio rural y los recursos forestales” recuerda desde Izquierda Unida.

Desde Equo, por su parte, reiteran que primero debería haberse aprobado el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y cuestionan la necesidad de vivienda nueva. El partido entiende que este texto vulnera las competencias municipales en varios aspectos, permitiendo al Gobierno pasar su «rodillo» frente a estos.

Para Equo, insisten,»el suelo es algo tan valioso que exige un periodo de debate abierto, participación pública y sobre todo pedagogía para que la ciudadanía time conciencia y participe en una de las leyes vitales para el territorio y las personas que lo habitan y sobre todo para las generaciones venideras que se van a encontrar con un suelo esquilmado».