Desde el colectivo organizador del Referéndum de la Universidad de Cantabria han emitido un comunicado para expresar su indignación ante los últimos acontecimientos relacionados con la jefatura del Estado.

Ellos reivindican la consulta que realizaron en diciembre de 2018 en la Universidad de Cantabria en la que votaron más de medio de millar de estudiantes. De ellos, el 89,1% de los votantes se mostró a favor del derecho a decidir y un 81,78% votó a favor de que el modelo de estado sea una república.

Los organizadores de esa consulta en la universidad defienden que fue «algo que se repitió a lo largo de todo el Estado, no solamente en las consultas universitarias, también en las que se realizaron en ciudades y pueblos de todo el país».

Son jóvenes y reclaman decidir cómo quieren que funcione su país. Y la actual situación del rey emérito, que acaba de marcharse de España mientras la justicia está investigando sus actuaciones, les otorga un mayor convencimiento de lo que piden. Precisamente porque «pagamos impuestos y algunos que van de patriotas no solamente no pagan, sino que se lo llevan», afirman. «Una democracia no se puede permitir una familia corrupta que ostenta la jefatura del Estado gracias a un dictador», dicen también.

Su comunicado termina con una serie de peticiones a las instituciones, algunas de tipo simbólico, pero también solicitan al Parlamento de Cantabria que pida al Congreso de los Diputados la celebración de un referéndum para decidir el modelo de Estado.

Las de tipo más simbólico hablan de hacer desaparecer a Juan Carlos I de callejeros de ciudades (algo que ya presentó Unidas por Santander en el Pleno municipal de julio), retirarle la Medalla de Honor de Cantabria por parte del Parlamento, la consideración de alcalde de Honor en Santander y Torrelavega y declararle persona non grata, como a todos los cargos institucionales corruptos que se han enriquecido en el desempeño de ese cargo.

IU LLEVA AL PARLAMENTO LA RETIRADA DE HONORES

Izquierda Unida de Cantabria quiere que el Parlamento de Cantabria se pronuncie sobre la retirada de honores al rey emérito Juan Carlos I, tras conocerse su marcha de España después de reiteradas informaciones sobre pago de comisiones y cuentas opacas, y la apertura de investigaciones judiciales en Suiza y España.

En un comunicado, la coordinadora de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez explica que “es en el Parlamento donde reside la soberanía popular de los cántabros y, por tanto, sus representantes deben pronunciarse sobre si legitiman o no las prácticas de la monarquía”.

“El presidente Revilla tiene una gran oportunidad de demostrar su discurso contra la corrupción y el PSOE su supuesto carácter republicano, incluso Ciudadanos puede confirmar su presunto mensaje de regeneración”, asevera la dirigente de la formación de izquierdas.

Desde la izquierda cántabra han trasladado una iniciativa al Parlamento de Cantabria con el objeto de que se debata y vote en la Cámara autonómica.

En la iniciativa se recalca que las noticias sobre el pago de comisiones por el AVE en Arabia Saudí –sobre las que se ha abierto investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo– las sitúa entre los años 2008 y 2012, es decir, “justo cuando España estaba atravesando lo peor de la crisis económica y la población sufría todas las consecuencias de esa dura crisis”.

Así, se pide que el Parlamento inste al Gobierno de Cantabria a mostrar su apoyo a las investigaciones sobre el rey emérito, abriendo la investigación a todas las personas que puedan estar implicadas, por acción u omisión.

También se respalda que deje de pertenecer a la familia real y se le quite el título de emérito, además de instar al Congreso a que revise los aforamientos, tanto de los cargos públicos como de los miembros de la familia real para evitar que los hechos delictivos queden impunes.

En el plano de los honores, se pide retirar aquellos que el Gobierno o el Parlamento de Cantabria hayan promovido o aprobado, tales como el nombre de Juan Carlos I de edificios dependientes de la Administración Pública, premios o cualquier otra instancia, sea física o simbólica.

En la misma línea, se aboga por Instar a las Administraciones locales de Cantabria a revisar su callejero para eliminar las alusiones al rey Juan Carlos I de cualquier espacio municipal.

En general, se apuesta por una mayor transparencia de todos los miembros de la familia real y de la familia del rey, y, en concreto, que hagan públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero.

Además, plantean que se valore la posibilidad de incluir a la monarquía y el modelo de Estado en alguno de los próximos barómetros de opinión que elabora y publica periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas, con el fin de pulsar la opinión “real” de los ciudadanos.

“Justamente porque la monarquía es una magistratura hereditaria, porque el monarca no puede ser desalojado de la Jefatura del Estado cada cuatro años, es por lo que la exigencia del conocimiento de su aceptación por la opinión pública se hace todavía más necesaria que respecto de los cargos elegidos mediante el voto de la ciudadanía”, recalcaba.