La tormenta política sigue arreciando en Colombia casi una semana después de la decisión de la Corte Suprema del país de poner al expresidente y actual senador Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario «por riesgo de obstrucción a la Justicia». En un Estado cuyas instituciones democráticas no tienen demasiado arraigo y donde la ciudadanía está muy preocupada por la corrupción, la medida preventiva contra el exmandatario ha prendido fuego al debate público.

Fue el propio Uribe quien dio a conocer la noticia el pasado martes por Twitter, asegurando que se trataba de una persecución política. A partir del anuncio se sucedieron las muestras de apoyo o de condena. Entre los primeros está el actual jefe del Estado y del gobierno, Iván Duque: «He sido, soy y seré un creyente en su inocencia y honorabilidad», tuiteó.

El periodista e investigador colombiano Gonzalo Guillén afirma que el expresidente se hizo muy popular por su dura posición contra la lucha armada. En efecto, según las encuestas, Uribe ha sido el candidato más popular en la Historia del país.

Llegó a la presidencia en 2002 con récord en las votaciones ―no hizo falta ir a segunda vuelta― y un discurso contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de reducción del gasto público. Rompió de esta forma el bipartidismo imperante hasta la fecha y se convirtió en un verdadero líder popular.

Es por esto que la decisión de la Corte Suprema ha causado tanto revuelo en el país sudamericano. Además, la Justicia colombiana padece una crisis endémica de retrasos, impunidad y corrupción; un 80 % de la población tiene una imagen desfavorable de este poder. Con estos ingredientes, la polémica está servida para un largo tiempo.

El disidente del Partido Liberal fue investido presidente tras ganar las elecciones de 2002 con la firma Primero Colombia. Durante sus mandatos, que se prolongó hasta 2010, se redujeron los secuestros, los homicidios, bajó la inflación y subió el PIB. También impulsó legislación contra las guerrillas, que se consolidó en su Política de Seguridad Democrática (PSD).

No obstante, en este ámbito es donde se aprecia su controversia. Por ejemplo, la PSD ofrecía incentivos a las Fuerzas Armadas por matar guerrilleros ―que no apresarlos―, y los oficiales que no contaran con un gran listado de bajas perdían influencia y podían ser degradados.

En 2008 se evidenció el problema de esta línea de actuación en el llamado escándalo de los falsos positivos. Las Fuerzas Militares habían matado de forma habitual civiles para inflar las cifras con las que el gobierno sacaba pecho y además ganar un dinero extra o conseguir una promoción.

Los números de civiles asesinados se sitúan entre los 3500 y los 10000, y la Corte Penal Internacional ya ha condenado a 1740 personas por este caso.

Además de la PSD, a Uribe se le acusa de violaciones a los derechos humanos, seguimiento a opositores utilizando métodos similares a las cloacas del Estado españolas, compra de votos, ataques contra pueblos indígenas o masacres paramilitares.

Es por sus luces y sus sombras que el expresidente es la figura política más polémica en Colombia este siglo y por lo que su arresto domiciliario ha causado un debate público de tal calado.

Sin embargo, su situación actual no ha sobrevenido de investigaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos.

En 2014, el senador opositor Iván Cepeda citó a antiguos paramilitares en el Congreso para que dieran su testimonio contra el exmandatario, que habría fundado Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo terrorista de extrema derecha para luchar contra las FARC.

Uribe lo denunció por manipulación de testigos, pero durante el transcurso de la investigación se exculpó a Cepeda y se inició un proceso contra el derechista por las mismas causas.

Su arresto se justifica en más de 27000 horas de grabación y un documento de más de 1500 páginas en las que se investiga al expresidente por sobornos a falsos testigos y obstrucción a la Justicia.

UNA FIGURA POLÉMICA EN CANTABRIA

En 2016, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) anunció que otorgaría a Uribe su Medalla de Honor «por su trayectoria como estadista y por su compromiso con la democracia».

El rechazo no se hizo esperar: «Las grandes organizaciones de derechos humanos del mundo consideran al expresidente Uribe como un enemigo de la paz y de la democracia y, mientras, la UIMP se dedica a premiarlo», declaró en su día a este medio Paco Gómez Nadal, miembro de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES). A la denuncia también se sumó el colectivo Cantabria No Se Vende (CNSV).

En solo 6 días, 5000 personas firmaron en change.org una petición para que la Universidad revocara la decisión. La UIMP acabó anulando el acto de entrega de la medalla, y el propio Uribe, debido a esa decisión, solicitó que la universidad revocara esa distinción y mostró su decepción con el que era entonces el rector, César Nombela, por ceder a las presiones.

La condecoración iba a tener lugar aprovechando un viaje a España del expresidente colombiano, y estaba previsto que le recibiera el presidente de Cantabia, Miguel Ángel Revilla, que finalmente cambió de opinión y no tuvo ese encuentro con él.

UNA MARCA NEGATIVA MÁS PARA EL PRESIDENTE DE COLOMBIA

Iván Duque, jefe del Estado colombiano y líder del Gobierno, queda tocado por la decisión del alto tribunal.

El hijo político de Uribe ya era criticado por, entre otros, el asesinato de exguerrilleros ya reintegrados, espías a jueces, periodistas y opositores o la muerte de 18 niños en un bombardeo.

Su popularidad ha alcanzado un mínimo histórico para un presidente con tan poco tiempo en el cargo (tomó posesión en 2018). La violencia empleada para detener el Paro Nacional Colombiano ―la serie de manifestaciones y protestas este año y el pasado contra sus medidas económicas, los asesinatos de líderes sociales y la corrupción― también apunta en su contra y le augura un negro futuro hasta el final de su mandato, previsto para 2022.