Cantabria No Se Vende alerta de que el pintado del Faro de Ajo puede incurrir en un delito de prevaricación

La normativa de Puertos y Costas sólo contempla la modificación del faro para la rehabilitación en cumplimiento de su función de señalización marítima y no como reclamo turístico
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Desde el colectivo Cantabria No Se Vende advierten de que el pintado por parte de Okuda del faro de Ajo, que empezará esta semana, podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa al violar las limitaciones de uso de los faros impuestas por la Normativa de Puertos y Costas, así como por la Orden de 28 de abril de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (publicada en el BOE del 6 de mayo de 1994).

11:00 horas. Palacete del Embarcadero. El presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, acompañado por la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, por los consejeros de Innovación, Industria, Transportes y Comercio, Francisco Martín, asiste a la presentación de la intervención artística del Faro de Ajo por parte de Okuda. 28 de mayo de 2020 © Raúl Lucio

Tal y como detallan, esta normativa adscribe los faros y sus parcelas a las Autoridades Portuarias con los únicos y exclusivos fines de señalización marítima, con la única excepción de intervenciones destinadas a la conservación del patrimonio arquitectónico de cada faro (artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), algo no aplicable en el caso de Ajo al haber declarado expresamente desde el Gobierno que la finalidad del proyecto de pintado es única y exclusivamente turística.

Un caso similar se dio en Málaga en el año 2017, cuando la Autoridad Portuaria de la provincia procedió al repintado de varios de sus faros con la finalidad de utilizarlos como promoción turística de las localidades donde estaban radicados. Dicho hecho encontró la oposición de sindicatos y colectivos locales que denunciaron precisamente el choque frontal de la iniciativa con la Normativa de Puertos y Costas.

Por todo esto, desde CNSV inciden en que de proseguirse con este Proyecto, este podría quedar paralizado y las Autoridades responsables podrían quedar incursas en presunto delito de prevaricación administrativa, de modo que reclaman la paralización de este «descabellado proyecto que únicamente genera conflicto y nuevas problemáticas».

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