El curso está a punto de arrancar y lo hará de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados. De pronto, hay unas normas nuevas que alumnos y personal de los centros educativos deben cumplir, a rajatabla si es posible.

Esto va a suponer una serie de dificultades, en unos sitios más que en otros. Especial es la situación en el colegio público santanderino Vital Alsar, porque comparte recursos con un centro privado que tiene alumnos con Trastorno del Especto Autista y eso, en los tiempos que corren, puede complicar el cumplimiento de esas nuevas normas a las que la sociedad está teniendo que adaptarse.

Las madres y padres del CEIP Vital Alsar han publicado un comunicado en el que se dicen preocupados por la vuelta al colegio de sus hijos. Entienden que garantizar la calidad de la Educación pública y la seguridad en los centros educativos es complicado en tiempos de pandemia. Por ello, el AMPA se ofrece a ayudar a la Consejería de Educación para salvaguardar la salud y la educación de calidad en su centro en concreto.

Y explican esta especial situación que viven ellos por compartir y ceder recursos al Centro de Educación Especial con Concierto El Molino. Dicen que esa es una asociación que realiza una importante labor para garantizar la educación de los Afectados del Trastorno del Espectro Autista de Cantabria. Esta situación precaria, donde en un centro conviven los casi 100 estudiantes del centro público con los usuarios del Molino en un centro sin espacios suficientes, fue reconocida como precaria ya por la administración en varias ocasiones, hasta el punto de haber otorgado al Molino otro espacio para su ubicación. Pero señalan, desde el AMPA, que nunca se hizo efectiva esa medida.

En la situación actual, y haciendo hicapié en que ahora tienen más alumnos que nunca, con estudiantes que vienen recomendados por equipos de orientación para educarse en ese preciso lugar, con menos asignación de profesorado que en otros años, con las complicadas medidas que exige la COVID-19 y, además, teniendo que compartir las específicas y complicadas medidas que supone la COVID-19 para las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Por ello, el AMPA está tratando de reunirse con la consejera de Educación, sin éxito hasta ahora. Y se preguntan quién tiene la responsabilidad y quién la va a asumir, y también cuánto tiempo seguirán cediendo espacio y recursos a una entidad privada.

La asociación simplemente reclama a la Administración que cumpla lo que ha prometido en varias ocasiones y permita participar con ellos para poder salvaguardar el derecho a la educación y la salud de los niños cumpliendo las medidas que la propia Consejería les traslada con responsabilidad y seguridad.

Recientemente, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla ha declarado públicamente que ningún aula de Cantabria tendrá más de 15 alumnos. ANPE Cantabria sostiene que estas declaraciones «son absolutamente falsas y están muy lejos de la realidad que se vive en los centros públicos de Cantabria».

El pasado 31 de agosto, el presidente de Cantabria afirmó en una televisión de difusión nacional, con rotundidad y reiteradamente que en Cantabria “en Cantabria no hay ninguna clase que tenga más de 15 niños”. Y no se trató de un error o un lapsus, ya que repitió el número de 15 hasta en cinco ocasiones diferentes.

Por este motivo, ANPE Cantabria exige al presidente de Cantabria que ponga encima los recursos necesarios contratando profesorado suficiente para que esas afirmaciones se conviertan en realidad, o que rectifique esas declaraciones.

Desde el inicio de esta crisis, ANPE Cantabria ha defendido la vuelta presencial a las aulas, pero con todas las garantías necesarias para que los centros escolares sean lugares lo más seguros posible, para estudiantes y trabajadores. Por ese motivo, este sindicato ha colaborado activamente junto con el servicio de prevención de riesgos laborales en la elaboración del protocolo COVID-19, realizando multitud de aportaciones y propuestas de mejora que, dicen, no han sido atendidas en la mayoría de los casos.

ANPE Cantabria entiende que las medidas que se han tomado, relativas a la higiene de manos o el uso de mascarillas, son insuficientes. Sin embargo, afirman, la Consejería ha evitado tomar la medida que les parece más eficaz, precisamente esa reducción de ratios a 15 alumnos por aula de la que presume el presidente del Gobierno de Cantabria. Esta medida fue anunciada en su día por la ministra de educación Isabel Celaá, y sobre esa premisa se empezó a trabajar en la elaboración de protocolos de vuelta a las aulas. Sin embargo, las administraciones han terminado por dejarla como una recomendación y no como una obligación.

Sin embargo, desde ANPE Cantabria creen que no tiene sentido que se haya reducido el aforo en todas las actividades económicas y sociales para prevenir el contagio por coronavirus (cines, bares, teatros, comercios, edificios oficiales), y sin embargo, en los centros educativos se sigan manteniendo las mismas ratios que en cursos anteriores (18 alumnos por aula en dos años, 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y bachillerato).

La medida de contratación de 200 docentes, anunciada por la Consejería de Educación, apenas ha servido para reducir las ratios reales, aseveran desde el sindicato.