Sorpresa es la sensación que más parece describir lo que debieron sentir en el grupo empresarial SADISA tras leer el informe del Interventor que dio pie a iniciar el proceso para la resolución del contrato de las basuras de Santander, gestionado por sus empresas ASCAN y GEASER en lo que se dio en llamar CUIDA SANTANDER.

Así lo refleja en sus alegaciones al expediente de resolución del contrato –justificado en incumplimientos que se cifran en 7 millones de euros y tras años de quejas de vecinos, asociaciones y partidos por la suciedad en las calles-, a las que ha tenido acceso EL FARADIO.

Uno de los motivos que les causa sorpresa son las alusiones a Smart Santander, es decir, a ese retraso en la conexión a la plataforma de datos pese a que contrataron para ello a NEC, una de las empresas que la desarrolló –para la que acabó prestando servicios el exministro y exalcalde De la Serna–, ya que en SADISA recuerdan como desde el equipo de Gobierno “pregonó” en entrevistas internacionales las bondades del sistema.

SADISA recuerda a Igual que “pregonó” la “eficacia” de Smart City en entrevistas internacionales

Pero no es el único caso: la tónica general es la de llamar la atención sobre la “repentina” nueva actitud del Consistorio, que llega, relatan, después de “siete años de pacífica ejecución”.

Una “repentina deriva” y un “cambio radical” del Ayuntamiento, que achacan a “cuestiones ajenas” ala empresa y ante la que advierten que se verán obligados a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Así, llaman la atención sobre que se han “vendido internacionalmente” como logros aspectos del contrato que ahora, “sorprendentemente”, se cuestionan”.

Y, de hecho, relatan que hasta la fecha las únicas penalizaciones fueron en 2014 y 2015 por un retraso en la adquisición de maquinaria, sin que pasara más hasta los 21 expedientes (de los cuales matizan, primero, que ninguno es firme, y segundo, que 16 son por el mismo hecho).

La empresa niega todo el relato de los hechos que se hace en el expediente, y asegura que el procedimento ha sufrido “graves irregularidades” que “vician” el procedimiento.

Aseguran, de hecho, que ha sido “constante” la vulneración de los pliegos por parte de la administración, tanto durante la ejecución del contrato como ahora en el expediente.

Es decir, creen que el Ayuntamiento, “de manera forzada”, “trata de justificar una decisión que parece ya tomada” y sin dar audiencia “real” a la empresa.

Para ello, detallan que el Ayuntamiento sólo comenzó a llamar la atención sobre las certificaciones en junio de 2020, con un único procedimiento contencioso.

Y las siguientes objeciones, añaden, han llegado después del expediente de resolución, sin que exista tiempo material para que la empresa se ajuste a los “nuevos criterios” del Ayuntamiento, “tras años de una ejecución notablemente pacífica y consensuada en todos sus aspectos”.

En sus alegaciones, tachan de “sorprendente” que se aluda a incumplimientos desde el inicio, ya que, recuerdan, han pasado 7 años desde el comienzo, en los que el trabajo se realizó “sin reparos y sin objeción”, incluso, “con informes favorables” y facturas emitidas “sin objeción”.

Consideran que dado que las faltas están pendientes de juicio, no se pueden entender como firmes y en consecuencia no pueden justificar el fin del contrato.

INFORMES SIN EL “MÁS MÍNIMO RIGOR”

Del informe de Intervención o de la Dirección General de Medio Ambiente aseguran que realizan informaciones “carentes del más mínimo rigor” y “manifiestamente falsas”, “tratando de crear una apariencia de constante sanción” a la concesionaria.

Todo eso cuando, recalcan, “lo cierto” es que el desarrollo del contrato ha sido “pacífico” y “consensuado” hasta 2019, momento en que los informes se ven “obligados” a “multiplicar” sanciones por los mismos hechos.

La empresa percibe en la Administración un “afán” de “duplicar” los hechos para crear “apariencia” de “mala gestión”, hasta el punto de que le parece “sorprendente” la capacidad de “inventiva” de la administración.

En consecuencia, en SADISA sostienen que se ha creado la “falsa apariencia” de una “deficiente” ejecución del contrato para “forzar” el expediente de resolución del contrato.

En el grupo SADISA niegan que se produjeran “reiteradas advertencias técnicas”, como se afirma “temerariamente” en el expediente, y creen que la resolución final ya ha sido adoptada,

Además, hablan de una “necesidad política” y “ajena a una realidad fáctica” y llegan a señalar una “estrategia” de “acoso y derribo” desde 2019, “ajena” al pliego.

FALLOS CONCRETOS

Yendo al detalle, el informe trata de rebatir cuestiones como las relacionadas con el personal, la maquinaria o el estado del parque de contenedores y papeles, así como el uso de los vehículos, del que el informe asegura que se han visto unidades en otros municipios.

“Nadie, en ningún momento, ha puesto de manifiesto que alguno de estos vehículos no esté disponible para el servicio de Santander”, aseveran en SADISA.

“Es más, uno de ellos ha estado a disposición del Ayuntamiento y prestado servicio para el Departamento de Ingeniería Industrial”, añade.