Admitido a trámite un recurso de Greenpeace que pide mayor transparencia sobre la venta de armas

Tras ser denegada información relevante sobre la exportación de armas
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha admitido a trámite el escrito de interposición de Greenpeace sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión, tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados.

El Gobierno, como hace de forma sistemática, según la asociación ecologista, hizo uso de la todavía vigente ley franquista de Secretos Oficiales para denegar a Greenpeace el acceso a la información solicitada, lo que impidió a la organización conocer si las autorizaciones que está concediendo el Gobierno a la industria para exportar armas a países involucrados en conflictos bélicos, como Arabia Saudí en el conflicto de Yemen, incumplen la ley española de control de comercio de armas, así como el Tratado Internacional de Comercio de Armas.

Según la argumentación desarrollada por la organización pacifista y ecologista, el acceso a la información es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de comunicar o recibir libremente información veraz, reconocido en el artículo 20.1.d) de la Constitución. Esta premisa jurídica ha sido reconocida por el TEDH en su jurisprudencia, y con este procedimiento judicial, Greenpeace pretende que los Tribunales españoles incorporen esta doctrina internacional, que reconoce que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental y accesorio del derecho a la libertad de expresión e información.

El TEDH establece, además, que las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, deben cumplir una serie de requisitos (como perseguir un fin legítimo y no espurio), que no se dan en el presente caso.

“El Gobierno español deniega sistemáticamente la información referida a la exportación de armas, clasificada como secreta, en aras de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reconoce expresamente que la verdadera finalidad que se persigue con el mantenimiento de la información como secreto, es salvaguardar la actividad económica de las empresas exportadoras de armas. Este hecho es inadmisible en una democracia cuando está en juego el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.

El juzgado ha dado un plazo de ocho días a la organización para presentar la demanda. La obtención de una sentencia favorable en este procedimiento, constituiría un hito histórico en el control del comercio de armas españolas, cuyo secretismo oficial impide el control de la legalidad, y aumenta el riesgo de que armas españolas se utilicen ilegalmente en la comisión de violaciones graves del derecho internacional

Este litigio se sustenta en una investigación de Greenpeace que demostró la presencia de morteros españoles en una zona caliente del conflicto yemení. Según Naciones Unidas, en este conflicto existen “patrones documentados de violaciones graves del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos” que los estados que transfieren armas están “ignorando flagrantemente” y les vuelve a instar a “abstenerse de proporcionar armas y apoyo militar a todas las partes” del conflicto como Arabia Saudí, país receptor de los morteros identificados en la investigación. Greenpeace solicitó a la Secretaría de Estado de Comercio información sobre la autorización de esta operación de exportación concreta que le ha sido denegada.

EL PUERTO DE SANTANDER Y LA NAVIERA BAHRI

Hace ya más de cinco años que comenzó la guerra en Yemen, y España ha sido uno de los países por los que la naviera saudí Bahri ha pasado para cargar armas, con varios barcos que han atracado en varios puertos para ese mismo fin. Algo que también ha provocado protestas en varios lugares.

Bilbao fue el primer lugar donde la presión ciudadana actuó para frenar este tráfico de armas. Sobre todo porque se teme que sean utilizadas en un conflicto bélico que causa la muerte de miles de civiles. En una situación como esta, la información se convierte en algo opaco por parte de las autoridades.

El movimiento que se implicó en esas protestas, La Guerra Empieza Aquí, ha hecho seguimientos de barcos de esa naviera, comprobando que a veces no reflejaban correctamente su rumbo, algo que está prohibido por los problemas que puede ocasionar en el mar.

Finalmente, Bahri decidió dejar de ir a Bilbao y comenzó a realizar escalas en el Puerto de Santander. En este caso fue la asociación Pasaje Seguro la que convocó concentraciones para oponerse al paso de Bahri por la capital de Cantabria. Incluso se consiguió que se abriera una investigación judicial.

A principios de este año, Bilbao volvió a ser puerto de paso de uno de estos barcos, como denunció en redes sociales Ina Robles, un bombero que trabaja en las instalaciones y que se negó, hace más de dos años, a trabajar para que pudieran cargar armas, lo que propició que las protestas comenzaran.

Llegó un momento en que Santander empezó a librarse de estas visitas, o al menos no constaban nuevas llegadas de Bahri, pero otros puertos españoles seguían convirtiéndose en ‘inquilinos’ de la naviera, como el de Motril, en Granada, o el de Sagunto, en Valencia. También han atracado en otros puertos europeos, incluso durante los peores momentos de la primera ola de la pandemia, como fue el caso de Génova (Italia) el pasado mes de abril.

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