El PSOE de Santander espera que César Díaz (PP) clarifique este viernes el alcance de las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler públicos de la Sociedad Vivienda y Suelo (SVS), después de trascender una sentencia judicial que anula parcialmente la reclamación de cantidades “no sólo por ser cláusulas abusivas sino por ser contrarias a la Ley”.

Así lo ha asegurado el portavoz socialista, Daniel Fernández, que dirigirá mañana las preguntas a Díaz, concejal de Vivienda y presidente de la SVS, en la Comisión de Desarrollo Sostenible que se celebrará este viernes a instancias de PSOE y Unidas por Santander (UxS).

En concreto, los socialistas quieren saber cuántos de los 229 alquileres en VPO del Ayuntamiento tienen cláusulas abusivas, así como las cantidades de dinero cobradas “indebidamente” a los inquilinos por conceptos como el IBI o los gastos de comunidad, que “deberían corresponder al propietario, el Ayuntamiento, y no al arrendatario de alquileres sociales”.

En este sentido, SVS ha entregado hoy a los representantes de los partidos la sentencia que declara nulas por abusivas y contrarias a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en una reunión extraordinaria y urgente tras desvelar la Cadena Ser la citada resolución judicial.

El PP ya “confiesa” las cláusulas abusivas

El PSOE recuerda que el PP respondió por primera vez “negando la mayor” sobre una sentencia que es “clara, contundente y precisa” al respecto de la existencia de cláusulas que el juez considera abusivas y contrarias a la Ley, por lo que las declara nulas “en un procedimiento que es de desahucio, como encabeza la sentencia, además de para la reclamación de cantidades pendientes de pago por una inquilina”.

“Por más que el PP pretenda negar las cláusulas abusivas, de facto ya ha confesado que existen, dado que ha adelantado a los consejeros de la SVS que revisará las cláusulas afectadas en los contratos de alquiler públicos para adecuarlos a las leyes que la sentencia señala que se están incumpliendo”, ha precisado.

En este sentido, Fernández exigirá al concejal de Vivienda y presidente de SVS, César Díaz (PP), que clarifique cuántos alquileres con opción a compra tienen cláusulas abusivas en los contratos, y que cuantifique las cantidades totales abonadas por los inquilinos en concepto de IBI y comunidad.

Para los socialistas, también es importante que Díaz detalle cuántos inquilinos de viviendas de alquiler han ejercitado la opción de compra desde que el PP recurrió a este modelo por los “constantes rechazos” de los santanderinos a la adquisición en propiedad de VPO de promociones de SVS.

“Mientras vivan de alquiler es injusto cargar al inquilino el IBI y la comunidad”

En cualquier caso, Fernández ha defendido que “mientras vivan de alquiler es injusto y antisocial cargar al arrendatario con el recibo del IBI o con los gastos de comunidad. Y tampoco puede ser que los electrodomésticos tengan una garantía de seis meses cuando por Ley tienen dos años”.

“SVS tendrá que compensar el daño de sus políticas abusivas con la eliminación de esas cláusulas”, ha abogado el PSOE, en lugar de “una mera revisión para estipular precios por esos conceptos para dejar de incumplir la ley como en los años previos”, como ha avanzado sus intenciones el PP en el Consejo de Administración.

“Es una vergüenza en términos de políticas públicas de vivienda, que la empresa pública de Santander cobre a los inquilinos conceptos que no se pagan en ningún contrato entre privados”, ha censurado Fernández.

Más procedimientos de desahucio desde la empresa pública de vivienda

En la reunión de este jueves también se ha informado de que existen otras cinco demandas como la que ha trascendido, por lo que el PSOE pedirá mañana la confirmación de que SVS ha impulsado seis demandas de cantidades adeudadas por otros tantos inquilinos.

Fernández ha enfatizado que es “un asunto gravísimo”, porque se trata de procedimientos que “son de desahucio, por alquileres gestionados desde la empresa pública de vivienda, y en contratos que contienen cláusulas abusivas y declaradas nulas por la Justicia”.

Por último, el PSOE quiere saber quién ha tomado la decisión de impulsar procedimientos de desahucio desde la empresa pública de vivienda SVS: si ha sido el gerente, José Antonio Gómez Izaguirre, el presidente, César Díaz, o a través de algún poder y qué personas detentan dichos poderes, porque “lo que está claro es que no se ha informado al Consejo de Administración ni este órgano ha ratificado la presentación de ninguna de estas demandas”.