Un informe advirtió en 2018 de la falta de eficacia de la plataforma de las basuras de Santander

El retraso en la plataforma de gestión del servicio retrasó la puesta en marcha del control de calidad de las basuras
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SADISA, el grupo al que pertenecen las empresas que vienen gestionando el contrato de las basuras de Santander, cuestionado por sus incumplimientos y abocado a la resolución, conocía desde 2018 los problemas que se estaban dando con la plataforma de gestión del servicio.

Así consta en las respuestas de la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander a las alegaciones presentadas por la concesionaria ante la apertura del proceso para la resolución del contrato, consultadas por EL FARADIO.

En esas alegaciones, SADISA, a través de sus empresas ASCAN y GEASER (la UTE– unión temporal de empresas- CUIDA SANTANDER), defendía que la relación con el Ayuntamiento había sido pacífica hasta el último año y recordaba que el propio Consistorio había “pregonado” las bondades del servicio y de la plataforma en distintos foros e intervenciones públicas.

Según recuerda la Dirección General de Medio Ambiente, las condiciones del servicio indicaban expresamente que el Ayuntamiento debía disponer “en tiempo real” de datos de todos los servicios “durante las 24 horas del día” a través de una plataforma informática de gestión. Una herramienta que se consideraba básica para las tareas de inspección y control de calidad del servicio.

Ya en 2018 se emite un informe municipal que analiza “pormenorizadamente” la plataforma, para concluir que el registro de los datos era “poco fiable” y alertaba de la “falta de eficacia” de los dispositivos, desconociéndose el número de terminales móviles de los que se disponía para su gestión. En todo caso, estos “no ofrecen datos a través de la plataforma”.

También se constataba lo “farragoso” de los datos, que no se correspondían con lo solicitado, sin que fuera posible consultar todas las incidencias.

El informe, con fecha 11 de enero de 2018, fue respondido el 8 de febrero por un técnico de la empresa. Posteriores informes corroboran que no hubo una “reconducción” de la actitud de la empresa.

LA PLATAFORMA ERA “FUNDAMENTAL” PARA EL CONTROL DEL SERVICIO

Además, se recalca que esta plataforma era una herramienta “fundamental” tanto para la gestión del servicio como para el control del servicio, dado lo extenso del objeto del contrato (más de 300 trabajadores, más de 100 vehículos, más de 3.000 contenedores, 2.500 papeleras…). Por eso se incluyó expresamente en los pliegos esta plataforma, ya que el control sería “inviable” sin una plataforma informática de gestión.

En este sentido, Medio Ambiente observa que las deficiencias de la plataforma dificultaron “enormemente” su integración en Smart City.

Al no existir durante los primeros años la plataforma de gestión, esto retrasó la licitación del contrato de control de calidad, por “no tener sentido sin el instrumento principal para realizarlo”.

Pero como estaban en el pliego y se quería control desde el inicio, esas tareas se adjudicaron a la Fundación Leonardo Torres Quevedo de la UC. A raíz de que este servicio empezara a echar andar, se constatan las “carencias” en el contrato.

Además, Medio Ambiente recrimina a la empresa que quiera “sembrar la confusión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones en el plano tecnológico: por un lado está la plataforma de gestión del servicio, y, por otro, el repositorio de datos, objeto de otro contrato distinto. La UTE se refiere a ambas indistintamente.

En el informe, Medio Ambiente eleva el tono: “aunque el concesionario no ceje en su empeño de intrigar y enmarañar con sus conjeturas en lo que respecta a los avances tecnológicos requeridos, la realidad es que se trata de dos plataformas diferentes, con diferente objeto, siendo palmario el incumplimiento de las funcionalidades (…) para la plataforma de gestión del servicio”.

A día de hoy, la plataforma de gestión del servicio “sigue sin satisfacer los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas”.

Respecto al uso de datos, se contemplaba que el trasvase de datos a Smart City implicaba unos costes que se restaban del contrato, en beneficio de la empresa. Pero como Smart City se retrasó, y por tanto, su integración, que no llegaría hasta marzo de 2018, “no se ha podido incurrir en ningún gasto”.

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