El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha pedido hoy a la alcaldesa, Gema Igual, el «cese inmediato» del concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, por «conculcar» derechos fundamentales, como la libertad sindical. Además, pregunta al edil si será él quien pague «de su bolsillo» los 9.000 euros de sanción al Consistorio, como determina el fallo judicial que condena al Ayuntamiento a indemnizar a USO y a su delegado sindical, José María Mateos, por «vulnerar su libertad sindical» por «los «excesos autoritarios del Partido Popular y del concejal de Personal».

Fernández considera que «no puede seguir ni un minuto en su cargo quien desprecia a los trabajadores y a los sindicatos», reclama a Igual que «deje de ponerse de perfil», respete «su tarea constitucional» y «actúe» después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) haya ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social que reconoce que Nalda negó al sindicato USO y a su delegado la posibilidad de participar en una reunión telemática entre Igual y el resto de sindicatos en la que se informaba sobre la crisis sanitaria, la reincorporación del personal y la realización de las pruebas PCR a toda la plantilla.

Además, el portavoz del PSOE ha destacado que Pedro Nalda «no es un interlocutor válido para la Junta de Personal», donde ya han pedido su ceso por haber llevado al último Pleno una modificación de la Plantilla para 2021 distinta a la que se había pactado en la Mesa de Negociación.

El portavoz del PSOE ha recordado que tras la primera sentencia, el concejal del Personal del Grupo Municipal Socialista, Néstor Serrano, llevó una pregunta al Pleno al conocerse el primer fallo judicial en octubre y la única defensa que esgrimió Nalda fue que «la sentencia aún no era firme» y que USO mantenía un enfrentamiento con el resto de fuerzas sindicales, que nada tenían que ver con este procedimiento.

En este sentido, el sindicato USO ha destacado que la afirmación de Nalda en relación al otro juicio «tampoco es cierta», ya que USO demandó únicamente al Ayuntamiento y el resto de fuerzas sindicales que se personaron lo hicieron como interesados y no como demandadas.

Para Fernández, los «atropellos» del concejal de Personal contra los derechos de los trabajadores, los enfrentamientos abiertos con la Junta de Personal y esta última sentencia «que pagaremos todos los santanderinos» deben llevar a la alcaldesa a cesarle de su cargo «si el propio Nalda no tiene la decencia de presentar su dimisión de manera inmediata».

Ha recalcado que esta sentencia que condena al Ayuntamiento por un «comportamiento antijurídico» y que obliga a pagar una indemnización por «daños morales» a un sindicalista debe ser «más que suficiente» para que Nalda «deje de aferrarse al sillón» con la ayuda de la alcaldesa y de Ciudadanos, que -según recuerda- ahora forma parte del equipo de Gobierno y que la formación naranja «puede y debe» forzar su destitución de la Concejalía de Personal y Participación Ciudadana.

Por último, Daniel Fernández ha señalado que la mayoría de fuerzas sindicales ya han pedido la dimisión de Nalda por «faltar a su palabra» y llevar al último Pleno una plantilla para 2021 diferente a la que se había acordado en Mesa de Negociación en el mes de diciembre. Ha asegurado que si este conflicto con los trabajadores llega a los tribunales, se pone en riesgo el presupuesto, pero puede implicar otro varapalo judicial para el Consistorio y para la credibilidad del equipo de Gobierno.

«En política es muy importante tener palabra y cumplirla», ha concluido Fernández.

En respuesta, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido el trabajo que desarrolla el concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, y ha descartado su cese.

La regidora ha asegurado que el Ayuntamiento acatará la sentencia ya que “no ha habido ningún acto reprochable porque el ejercicio de la libertad sindical corresponde a los delegados sindicales elegidos por los empleados municipales para que los representen y no corresponde al concejal de Personal designarlos”.

Gema Igual ha aclarado que la sentencia se refiere única y exclusivamente al Comité de Seguridad y Salud en la que USO no tiene representatividad y a la que su delegado puede asistir con voz pero sin voto pero “ninguno de los delegados sindicales lo aceptó, por lo que tuvo que abandonar la reunión”.

Tal y como ha detallado, toda la documentación enviada y tratada en la reunión del citado Comité fue puesta a disposición de todos los delegados de Junta de Personal, incluido el propio USO, por lo que “no hay ninguna actuación reprochable ni discriminatoria”.

“Seguiremos convocando a las mesas de negociación a las secciones y delegados sindicales a los que los empleados municipales les han otorgado la representatividad pero que los delegados sindicales sin representatividad (caso de USO), asistan con voz pero sin voto a las mesas de negociación, no depende del edil de Personal sino de que estén de acuerdo las secciones sindicales que conforman las mesas y no están de acuerdo”, ha apostillado.

Para Igual, la cuestión es que USO no ha conseguido los votos suficientes en las últimas elecciones sindicales “y quieren tener una representación en las mesas que no le corresponde”.

Por último, ha hecho hincapié en que una sentencia posterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo desestimó íntegramente la demanda interpuesta por USO negando al sindicato su presencia en dichas mesas e imponiéndole el pago de las costas judiciales.