El 20% de la población que vive de alquiler en Cantabria (más de 15.000 personas de un total de 74.082) destina a tal fin más del 30% de sus ingresos. Son datos extraídos del informe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras (CCOO) ‘La vivienda de alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría», que analiza la elevada carestía de los alquileres a partir de los datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque el porcentaje en la región es muy inferior a la media española (41%), la cifra sigue siendo muy alta y fiel reflejo de los problemas que tiene la población, especialmente, las personas jóvenes, para tener acceso a una vivienda digna y, por eso, desde CCOO se ha llamado a regular y rebajar los precios del alquiler de la vivienda para reducir los niveles de pobreza y exclusión.

Para Rosa Mantecón, secretaria de Política Social de CCOO de Cantabria, «el alquiler ya es la principal forma de acceso a la vivienda de las personas jóvenes y, por tanto, urge la intervención pública para garantizar que sea digno y asequible. Desde CCOO creemos que es fundamental que la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que está en ciernes actúe lo antes posible para limitar el precio de los alquileres y que, al tiempo, se vaya creando y consolidando un amplio parque público de alquiler social».

La iniciativa sindical por el derecho a la vivienda que presentaron CCOO y UGT hace un año recoge algunas medidas para regular y actuar sobre el mercado del alquiler como, por ejemplo, limitar el precio máximo del alquiler según los ingresos de los hogares, regulado a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, dar uso a las viviendas vacías a través del Programa de Alquiler Seguro y Asequible (PASA), incentivar la vivienda como bien de uso en lugar de como especulación y regular las viviendas turísticas.

Además, la iniciativa de los sindicatos recoge un plan de alquiler público y social, aumentando los recursos públicos y reorientándolos a bonificaciones fiscales a las políticas directas de acceso a la vivienda así como usar los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE) para financiar la adquisición y rehabilitación de las viviendas del parque público y social.