Cantabria Sostenible es una plataforma que aglutina a asociaciones y partidos como Arca, Cantabria No Se Vende, Cantabristas, Madres por el Clima, la Red Cambera, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Equo, Centinelas, la Asamblea en Defensa de las Excavadas, ACPT, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y STEC.

Muy críticos con la nueva Ley del Suelo, recuerdan que la población de las comunidades atlánticas del norte del Estado siempre se ha caracterizado por su especial vinculación identitaria con la naturaleza y paisaje de su territorio. Por ello, recuerdan,  Asturias desde comienzos de su autonomía en 1982, protegió una franja de 500 metros hacia el interior en toda su costa e impidió la construcción en el suelo rural, como también ha hecho el País Vasco.

Cantabria, añaden,  desde el inicio de su autogobierno en 1982, adoptó el rumbo contrario. Rompiendo con su tradición y las políticas de las comunidades vecinas, se instaló en la ‘anomalía territorial cántabra’: la falta de aprecio mostrada por los partidos y políticos gobernantes hacia el territorio, paisaje y valores naturales de su propia comunidad, y su permanente disposición a agredirlo.

Para Cantabria Sostenible esta es la tendencia que se ha mantenido invariable durante cuatro décadas hasta nuestros días.

«Ya desde el comienzo de la autonomía cántabra, nuestros representantes políticos se caracterizaron por su gestión ajena a la ordenación del territorio. No ha habido demanda social al respecto que no haya sido posteriormente devaluada por nuestros parlamentarios en las instituciones», explican.

Recuerdan que si la sociedad cántabra se volcó en apoyo de la campaña de Oyambre (1985) reclamando la protección del litoral, «los responsables políticos respondieron con la brutal masificación urbanística de Noja y Castro Urdiales».

«A las movilizaciones en defensa de la playa de la Arena y la paralización judicial del proyecto (1992), nuestros representantes políticos respondieron autorizando agresivas urbanizaciones en diversos lugares de la costa, que culminaron con el bochornoso escándalo de 859 sentencias de derribo, todavía por resolver»., explican

Por todo esto que explican, creen que  sólo la presión ciudadana ha conseguido lo poco que territorialmente está ordenado en Cantabria. «El Plan de Ordenación del Litoral se aprobó en 2004 con 20 años de retraso, exclusivamente por la presión social. Ante la obligación de hacer en 2006 un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para toda Cantabria, la respuesta ha venido siendo eludir y paralizar indefinidamente hasta el día de hoy, cualquier intento de ordenación territorial».

Lamentan que en lo que sí se han puesto de acuerdo los gobiernos de diferente color político, «es en devaluar progresivamente la ley del suelo de 2001, que impedía la construcción en suelo rústico».

Y concluyen diciendo que «con estos antecedentes, ahora en 2021 el gobierno pretende culminar el proceso de involución, apostando por el desorden territorial como modelo. Para ello, presenta un proyecto de ley que consagra la liquidación definitiva de todo el territorio rural de Cantabria, potenciando la construcción dispersa generalizada, los polígonos de almacenaje, y una variada gama de complejos turísticos tan pintorescos como impropios e indignos del modelo económico y sostenible que merece nuestra Comunidad».