Desde diferentes ámbitos están llegando denuncias porque una situación habitualmente muy difícil se ha complicado un poco más. En plena pandemia, Marruecos se extralimitó un paso más allá delo normal y rompió el alto el fuego acordado. Desde entonces, se suceden los llamamientos para que la legalidad se cumpla en los territorios ocupados y que el pueblo saharaui acceda al referéndum que recogen las resoluciones de la ONU.

En esta ocasión es el Observatorio Cántabro para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental quien recuerda cómo están las cosas y reclama que se activen los mecanismos para que el pueblo saharaui decida sobre su futuro. Estos son los siete puntos en los que denuncian la situación.

1. Que se están cometiendo graves vulneraciones de derechos humanos contra la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos: graves agresiones físicas, limitaciones de movilidad, detenciones ilegales, vulneración del derecho a un juicio justo, vulneración de los derechos de reunión y manifestación, limitación del acceso al sistema sanitario y al empleo, imposibilidad de ejercicio del derecho a la información y denuncia, etc. Todo ello como forma de coacción a la población civil saharaui a fin de conseguir su hartazgo por ejercer sus derechos fundamentales.

2. Que las mujeres saharauis viven reprimidas, desprotegidas y, en muchos casos, encarceladas por las autoridades de ocupación marroquíes exclusivamente por razón de su pensamiento político

3. Desde 1963, la ONU incluye al Sahara Occidental en la lista de territorios no autónomos a los que se debe aplicar el principio de la libre determinación de los pueblos, a través de la consulta a su población mediante un referéndum, de conformidad con las Resoluciones 1514 (XV), 2229 (XXI) y 2625 (XXV) de la Asamblea General.

4. Desde que la ONU reconociese a España como Potencia administradora (Resolución 2072), nuestro país tiene la obligación de proteger los derechos del pueblo saharaui en particular, su derecho a la libre determinación y su soberanía sobre los recursos naturales de este territorio. Sin embargo, todos los Gobiernos democráticos sin excepción han mantenido la misma posición: no ejercer, ni de “iure” ni de “facto”, responsabilidad alguna. La política exterior que con relación al Sáhara Occidental han mantenido los sucesivos Gobiernos democráticos en España, se ha venido caracterizando por mantener una postura contemplativa y en gran medida condescendiente ante la posición anexionista de Marruecos.

5. No hay ninguna duda de que Marruecos es la potencia “ocupante” del Sahara Occidental, tras haber invadido con su ejército este territorio no autónomo a finales de 1975, en clara contravención del art. 2.4 de la Carta de la ONU. El control de la mayor parte del territorio del Sahara Occidental por Marruecos se lleva a cabo vulnerando el principio de la prohibición del uso de la fuerza y el principio de libre determinación de los pueblos.

6. Desde que se produjo su exilio, la población civil saharaui que vive en los campos de refugiados de Tinduf viene sufriendo condiciones de vida indignas, sin tener acceso a los derechos más básicos e inherentes a la propia condición de persona, y siendo condenada al refugio en territorio argelino en condiciones infrahumanas.

7. Los recursos naturales del Sáhara Occidental continúan siendo expoliados en beneficio de Marruecos y otros países occidentales, con absoluta desobediencia a las resoluciones del TJUE, que ha reconocido la personalidad jurídica internacional del Frente Polisario, otorgándole capacidad procesal ante la UE. Este Tribunal ha reconocido también que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio de Marruecos. En consecuencia, este país no puede explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental, cuyo legítimo propietario es, indiscutiblemente, el pueblo saharaui.