Desigualdad social y reforma fiscal

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||por JESÚS HERNÁNDEZ CONDE||

Recientemente se ha publicado la famosa lista de la revista Forbes en la que aparecen las mayores fortunas del mundo. Todos los medios se hacen eco de dicha lista y se comentan los cambios producidos con respecto al año anterior, quien ha perdido algún puesto, quien lo ha ganado. Incluso es motivo de orgullo nacional si aparece bien colocado algún compatriota en los primeros lugares. Pocos comentarios se centran en la crítica a la magnitud de dichas fortunas y la escandalosa desigualdad que manifiestan. Así como en la sociedad actual todo el mundo rechaza la esclavitud, es difícil de entender que no nos produzca el mismo rechazo tanto la pobreza extrema como la riqueza extrema.

Algunos datos sobre la desigualdad social nos ponen los pelos de punta, tanto a nivel mundial como en cada país. Las 60 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, ¡que 3.500 millones de personas! En España, las 20 personas más ricas poseen lo mismo que el 30% más pobre, ¡20 personas poseen lo mismo que los 16 millones más pobres! César Rendueles en su obra “Contra la igualdad de oportunidades” hace una comparación que me parece muy expresiva: “una persona que ahorrara íntegramente su salario de 1.200 euros mensuales -el más frecuente en España- tardaría más de cinco millones de años en ser tan rico como Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo” ¡Más de cinco millones de años ahorrando su salario íntegro!

Si bien las desigualdades sociales han sido una constante en la historia de la humanidad, la concentración de la riqueza de las últimas décadas es la más importante del último siglo. En un muy interesante ensayo titulado “Capital e Ideología”, Thomas Piketty muestra, con profusión de datos, la evolución de las sociedades desigualitarias en el mundo. Centrándonos en el último siglo, la desigualdad fue máxima a comienzos del siglo XX en que el 10% más rico poseía el 50% de la renta total en los países de Europa Occidental. Entre 1930 y 1980 disminuyó hasta el 30% de la renta en manos del 10% más rico y ha vuelto a aumentar dicho porcentaje hasta el 40% entre 2000 y 2015.

Entre 1930 y 1980 se produjo una disminución de las desigualdades sociales consecuencia de la implantación de una fiscalidad progresiva que gravaba a las grandes fortunas. De manera que, si en 1900 los tipos aplicados a las rentas más altas estaban por debajo del 10%, entre 1932 y 1980 los tipos máximos aumentaron hasta el 60 y el 80%, en Estados Unidos y en los países de Europa Occidental, para volver a descender entre 1980 y 2018 y situarse en torno al 40-45% y por tanto volver a aumentar la desigualdad social.

La fiscalidad progresiva de mediados del siglo XX no solo disminuyó las desigualdades sociales, sino que aumentó los ingresos fiscales de los estados, permitiendo el desarrollo de unos servicios sociales de calidad: educación, sanidad, pensiones, … y un sector público importante que se situaba entre el 15 y el 30% de las economías nacionales en los estados occidentales. Es lo que se denominó el “estado del bienestar”. A esta situación se llegó por la lucha del movimiento obrero europeo y el miedo de las potencias occidentales a la revolución que había dado lugar al mundo comunista.

A partir de 1980 se producen cambios importantes que tendrán como consecuencia el aumento de las desigualdades sociales. Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaron al gobierno de Gran Bretaña y de Estados Unidos respectivamente e iniciaron una política mercantilista doblegando a los sindicatos y desmontando el estado del bienestar. Comenzó lo que se ha denominado la globalización neoliberal. Las privatizaciones del sector público, hoy prácticamente inexistente, y el descenso de los impuestos a las sociedades y grandes fortunas se generalizaron en los países occidentales. Esta política no fue exclusiva de los gobiernos conservadores, en España estas medidas las desarrollaron los gobiernos socialistas de Felipe González.

Por otra parte, se produce el desmoronamiento del mundo comunista. En 1978 el presidente chino Deng Xiaoping comenzó a liberalizar la economía china. En 1989 se produce la caída del mundo comunista europeo y la evolución del poscomunismo ruso ha dado lugar, en menos de diez años, entre 1990 y 2000, a una de las sociedades con mayores desigualdades. Las privatizaciones en China y Rusia han dado lugar a grandes fortunas, hasta el punto de que en la actualidad son los países con mayor número de multimillonarios.

En este desolador panorama urgen medidas fiscales que reconduzcan esta deriva de desigualdad. A nivel internacional es necesario fijar normas comunes que regulen el movimiento de capitales y vigilen las actuaciones de las grandes compañías evitando los paraísos fiscales. En el ámbito de la Unión Europea liberalizar el comercio y los capitales sin tener una política fiscal común ha llevado al continente a una dinámica de dumping fiscal durante el periodo 1990-2020, especialmente en lo que respecta al impuesto de sociedades, que en la mayoría de los países se situaba entre el 45 y el 50% en la década de 1980 y que ha disminuido gradualmente hasta alcanzar una media de apenas el 20% en la UE en 2018. Se compite por atraer empresas disminuyendo los impuestos al capital lo que provoca un descenso de los ingresos, la austeridad y los recortes que hacen imposible el mantenimiento del estado del bienestar.

En lo que respecta a nuestro país, está pendiente una reforma fiscal que se desarrollará en esta legislatura y para la cual se acaba de formar una comisión de expertos que realizarán su informe en el presente año. En el acuerdo de gobierno entre el PSOE y UP y en los Presupuestos Generales de este año se han apuntado algunas medidas que parecen necesarias, aunque seguramente no suficientes, como el aumento del impuesto de sociedades de las grandes corporaciones y la armonización de los impuestos de sucesiones y de patrimonio que dependen de las comunidades autónomas, que está dando lugar a diferencias importantes. Aquí también se está produciendo un dumping fiscal entre comunidades autónomas, que hace que por el impuesto de sucesiones se pague 14 veces más en Valencia que en Madrid.

Si algo ha demostrado la pandemia actual es la necesidad de unos servicios públicos fuertes y para ello son necesarios ingresos fiscales suficientes. España está muy por debajo de los países de nuestro entorno en presión fiscal, seis o siete puntos menos, por tanto, hay margen de mejora. Esto no quiere decir que se deban subir los impuestos con carácter general, sino que necesitamos unos impuestos progresivos, tanto en la renta como en sucesiones y patrimonio que aseguren, no solo los suficientes ingresos para unos servicios públicos de calidad, sino para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

Fiscalidad progresiva en renta, sucesiones y patrimonio para reducir la riqueza extrema y la renta básica para eliminar la pobreza extrema son las medidas que, junto a unos servicios públicos de calidad, nos permitirán conseguir una sociedad más igualitaria. Con sociedad igualitaria no me refiero a que todo el mundo tenga lo mismo, pero sí que todo el mundo tenga lo necesario.

 

 

 

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