La Coordinadora Cántabra de ONGDs ha mostrado su apoyo al Paro Nacional, las protestas que se vienen desarrollando desde el pasado 28 de abril en Colombia ante un decreto con una fuerte subida fiscal, y ha criticado el “uso desmedido” de la fuerza en la represión policial.

En un comunicado, esta plataforma que agrupa a distintas organizaciones del tercer sector cántabros remarca que las protestas en Colombia “son parte de la defensa de los derechos humanos en el contexto de la legítima protesta”.

Asimismo, inciden en que “el uso desmedido de la fuerza por parte de la Fuerza Pública es inaceptable”.

Y apelan a la comunidad diplomática y Naciones Unidas para que insten al Gobierno colombiano para que “brinde las garantías suficientes para el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social y promueva escenarios de diálogo para tomar acciones constructivas para superar el actual estado de crisis de derechos humanos por el que atraviesa el país”.

Asimismo, abogan por que la fuerza pública ejerza su rol constitucional “de brindar las condiciones de seguridad para que las mayorías descontentas y desesperadas por la pobreza, la enfermedad y el conflicto encuentren condiciones para manifestarse pacíficamente”.

Y en la misma línea, apremian a los partidos políticos, los gremios y la Iglesia a “reforzar sus acciones para convocar al gobierno a tomar medidas a favor de la dignidad de la vida y que se abstengan de emitir declaraciones estigmatizantes”.

También consideran que las minorías “que intentan acciones violentas como medio de protesta para crear confusión y deslegitimar la protesta legítima” deben “detener” sus acciones.

Se suman así a un comunicado suscrito desde Bogotá por decenas de organizaciones internacionales de la sociedad civil, entre las que se encuentran algunas entidades ‘hermanas’ de miembros de la coordinadora Cántabra, como Brigadas Internacionales por la Paz, Asamblea de Cooperación por la Paz, Movimiento por la Paz, Mundubat u Oxfam-Intermón.

En ese manifiesto, recuerdan que de acuerdo con las cifras publicadas por la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas” entre el 28 y el 30 de abril fueron heridas 105 personas (6 de ellas con lesiones oculares y 4 con impacto de armas de fuego), 4 asesinatos, de ellos al parecer 3 menores de edad, y más de 150 detenciones arbitrarias que incluyen varias personas con menos de 18 años de edad, más de 232 agresiones físicas, 9 allanamientos en Cali y Bogotá, tres actos de violencia sexual contra mujeres en Bogotá, Cali y Medellín, dos de ellas por oficiales del Esmad y una por un médico legista de medicina legal.

Igualmente, han denunciado actos de tortura que incluyen agresiones, amenazas, choques eléctricos. Se reportan hechos de obstrucción al derecho a la información, y varias personas han sido reportadas como desaparecidas.
“Nos preocupan las denuncias sobre intervención del Ejército Nacional en los escenarios de protesta como ocurrió en el oriente antioqueño, en el municipio de Bello (Antioquia) y en Cali, a donde fueron enviados, según palabras del propio Ministro de Defensa, 300 soldados así como el anuncio hecho por el presidente de la República de militarizar las ciudades”, exponen las organizaciones.

Sobre todo, le piden al presidente “que tome todas las medidas necesarias para detener el baño de sangre que Colombia está viviendo” y ordene “cesar de inmediato las acciones de represión armada de la protesta pacífica y la militarización de las ciudades”.