La Lechuza organiza esta semana actividades de apoyo a los sancionados por el desahucio en Astillero y en recuerdo del 15-M en su décimo aniversario

Amnistía Internacional critica los abusos contra las libertades durante el Estado de Alarma
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El Centro Social Okupado La Lechuza organiza esta semana acciones de apoyo a los activistas que fueron sancionados y están pendientes de un juicio tras intentar frenar un desahucio en Astillero el verano pasado, además de recordar el aniversario del 15-M en su décimo aniversario.

En primer lugar, el jueves 13, a partir de las 14.30 horas, se organizará un comedor vegano en apoyo a la asamblea antirrepresiva “Juntas lo paramos todo”.

En él habrá un bote a precio libre para apoyar a las personas que se enfrentan a multas y juicos por parar desahucios.

En concreto, se trató de un desahucio en Astillero, por parte de Las Peñicas, el fondo de Liberbank protagonista de la última oleada de ejecuciones o no renovaciones de alquileres sociales procedentes de la anterior crisis.

El desahucio iba dirigido contra una familia de cinco miembros: Lilian, su hijo, la pareja de su hijo y los hijos de ambos, de tres y cinco años de edad, que sobrevivían con ingresos de 500 euros al mes.

Para tratar de frenarlo se convocó, desde STOP DESAHUCIOS, una acción y varios activistas denunciaron la actuación policial. Días después les llegaron denuncias, que se han ido sustanciando en sanciones, mientras están pendientes de si finalmente habrá juicio en su contra.

Para apoyarles, además de esta acción de La Lechuza, se pueden realizar aportaciones en el número de cuenta ES73 0239 0806 7025 8878 7321. Otra de las acciones realizadas es una rifa solidaria de una bicicleta, libros, tatuaje, discos y material de los distintos movimientos sociales, incluyendo mascarillas y textil en defensa de la Educación Pública-, que se pueden recoger las papeletas en las sedes del sindicato STEC en Santander o Torrelavega en horario de oficina. El bono de ayuda es de 1 euro.

ANIVERSARIO DEL 15M

El sábado será el décimo aniversario del 15M y las asambleas en la Plaza Porticada, por lo que habrá un momento de encuentro para recordar un hito que está en el origen de la apertura de La Lechuza.

Será a partir de las 15.00 horas, dentro de un fin de semana que incluye el domingo, a partir de las 11, el trabajo en su huerta colectiva.

AMNISTÍA INTERNACIONAL CRITICA LOS ABUSOS POLICIALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Por otra parte, desde Amnistía Internacional han criticado los abusos policiales durante los estados de alarma, lo que a su juicio demuestra la “urgencia” de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.

Foto: Carlos AtienzaLa organización matiza que no cuestiona las restricciones impuestas al ejercicio del derecho a la libertad de circulación, ni la legitimidad ni la necesidad general de las actuaciones policiales llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de la salud.

Pero añade que han documentado como algunas de estas actuaciones han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía, con arbitrariedad o ataques a las libertades de información o manifestación.

Solo durante el primer estado de alarma (marzo a mayo de 2020), Amnistía Internacional documentó 61 casos de personas que habían sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos en cinco diferentes situaciones; personas sin hogar o pertenecientes a grupos vulnerables, transeúntes denunciados sin apercibimiento o con presencia legitimada en la calle, amenaza a periodistas realizando su trabajo, actuaciones policiales poco profesionales e incluso abusivas como bofetones, collejas, empujones a personas que no mostraban ni resistencia ni actitud violenta, y acceso a domicilios sin órdenes judiciales previas.

Durante el segundo estado de alarma, y pese al relajamiento de las restricciones a la libertad de circulación, las fuerzas de seguridad continuaron realizando actuaciones parecidas como la sanción a personas sin ningún tipo de requerimiento o apercibimiento previo, limitaciones a la labor informadora de periodistas y al derecho de manifestación pacífica, y continuó accediendo a domicilios sin orden judicial previa.

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