La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha presentado hoy en rueda de prensa el borrador del anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, que recoge una “importante batería de medidas” de “marcado carácter social” dirigidas a hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Así, otorga “herramientas” para proteger a personas y familias que atraviesan momentos de dificultades, que han perdido su vivienda en una ejecución hipotecaria o que no pueden acceder al mercado libre. En consecuencia, también pretende frenar el uso de la vivienda como bien “especulativo”.

Igualmente, el texto posibilita la intervención del Ejecutivo en los casos en los que no se cumpla la “función social” de la vivienda, cuando nos encontramos con viviendas deshabitadas, viviendas de protección oficial que no se están destinando a vivienda habitual, situaciones de sobreocupación, de infravivienda o falta de mantenimiento y conservación.

El anteproyecto plantea iniciativas para estimular la rehabilitación y regeneración urbana como un campo “prioritario”, y regula otras cuestiones importantes relacionadas con el proceso de edificación, la calidad de las construcciones o la transparencia y buenas prácticas en el proceso de compra-venta y alquiler.

La consejera, que ha estado acompañada por la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez, ha señalado que se trata de un “documento vivo” cuyo borrador se puede consultar desde hoy mismo en el portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria.

De este modo, ha indicado que es objetivo del Gobierno fomentar la participación a través el Observatorio de Vivienda de Cantabria y “pulsar la opinión de la ciudadanía” para que “tengan la oportunidad de mejorar las propuestas e incorporar otras nuevas”.

Registro de Viviendas Vacías y garantías jurídicas al alquiler

Entre las principales medidas que estable el anteproyecto de Ley, por primera vez, se crea en Cantabria el Registro de Viviendas Vacías “para conocer con exactitud su número y poder llevar a cabo iniciativas que promuevan e incentiven su incorporación al mercado de venta o alquiler”.

Para movilizar las viviendas deshabitadas, la norma abre la posibilidad de que viviendas desocupadas por un largo período de tiempo pasen a formar parte del parque público de vivienda en alquiler durante un periodo de tiempo determinado, “una medida que está pensada para movilizar los inmuebles en manos de entidades financieras y fondos de inversión”, ha indicado la consejera.

También los grandes tenedores tendrán que ofrecer un alquiler social en los casos de adquisición de viviendas mediante ejecución hipotecaria, dación en pago o compensación, de forma previa a interponer cualquier acción (judicial) contra personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y no dispongan de alternativa propia de vivienda.

Se amplía el derecho de tanteo a las transmisiones de edificios completos donde al menos hay una vivienda alquilada, en el caso de que se vendan a un único comprador, y contempla también la posibilidad de expropiación del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria.

“El mayor logro de este anteproyecto de ley es el avance en el concepto de la vivienda como bien social”, ha subrayado Ana Belén Álvarez, que ha sostenido que garantizar el acceso a la vivienda es el reto social más importante de la próxima década para las Administraciones públicas, junto a la creación de empleo estable y de calidad, y la reducción de la brecha social y salarial.

Plan plurianual para el parque público

La propuesta establece la obligación legal de la Administración de presentar un Plan plurianual de Rehabilitación y Ampliación del Parque Público de Vivienda autonómico que recoja las necesidades de ampliación del mismo.

Este Plan debe contar con una programación presupuestaria, que tenga en cuenta la evaluación de las necesidades sociales. Su vigencia será de 5 años y, anualmente, se evaluará el grado de cumplimiento del mismo y se establecerán medidas de corrección.

“La finalidad de esta medida es obligar a la propia Administración a ampliar decididamente el parque público para atender a las necesidades efectivas de vivienda y, al mismo tiempo, intervenir indirectamente sobre el precio del mercado ya que, a mayor vivienda pública, mayor control de los precios”, ha explicado la consejera, que ha reconocido que el parque público de vivienda de Cantabria es “insuficiente” y “escaso”.

VPO permanente

Otra de las novedades, ha continuado explicando Ana Belén Álvarez, es que las nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se construyan a partir de la entrada en vigor de la ley seguirán siendo de protección oficial “de forma indefinida”, “sin posibilidad de descalificación voluntaria”.

El anteproyecto de Ley también regula la planificación y gestión de actuaciones de renovación y regeneración urbana con el objetivo de facilitar este tipo de intervenciones, desligándolas de los planeamientos urbanísticos, que “en muchas ocasiones actúan como freno”. También será obligatorio contar con un plan director de las actuaciones, que deberá ser sometido a participación pública e incluir un diagnóstico detallado del grado de vulnerabilidad social del área en el que va a intervenir.

Seguridad jurídica

La consejera también ha recalcado que un título completo del anteproyecto está referido a “la protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas”. “El objetivo es garantizar la protección de los consumidores, potenciar la profesionalización del sector y establecer unos mínimos sobre publicidad e información en esta materia”, ha incidido.

Con el fin de dar garantías jurídicas al alquiler y tener información real del precio medio de alquiler, se estable la obligación de depositar las fianzas de los contratos de alquiler en el Gobierno de Cantabria y de registrar los nuevos contratos.

Ana Belén Álvarez ha señalado que por primera vez Cantabria va a contar con un marco legislativo “completo” que aporta “orden y claridad”, con “una Ley de Vivienda integral que aborda todos los aspectos y clarifica el régimen competencial”.

Actuaciones en materia de vivienda

En la rueda de prensa, la consejera de Empleo y Policías Sociales ha repasado algunas de actuaciones en materia de Vivienda en esta legislatura, entre las que está la primera promoción de Viviendas de Protección Oficial de Cantabria destinada exclusivamente a jóvenes − 22 jóvenes que desde el mes de noviembre habitan en Ganzo con un contrato de alquiler asequible−, o el nuevo programa para garantizar vivienda a personas y familias vulnerables, teniendo derecho a una vivienda del parque público o bien, si no hay stock disponible, una renta garantizada.

También la convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler con motivo de la pandemia de COVID-19, gracias a los fondos extraordinarios aportados por el Gobierno de España, o el refuerzo de la Oficina de Emergencia Habitacional para mejorar el seguimiento y acompañamiento de las familias vulnerables y lograr su plena integración social

Con respecto a la ampliación del parque público de vivienda en alquiler, ha destacado que se ha firmado un acuerdo con Liberbank de cesión de 50 viviendas y con la SAREB se han cerrado dos acuerdos: uno para la compra de 36 viviendas en Torrelavega y otro también de compra, para que definitivamente pasen a ser de titularidad pública las 37 viviendas que estaban cedidas al parque público, lo que ha permitido renovar a las familias que vivían en esos inmuebles sus contratos de alquiler.

En 20 meses, ha dicho Ana Belén Álvarez, se ha incrementado el parque público en un 48%, con 113 viviendas más, pasando de 234 a 386.

“No existen fórmulas mágicas, ni leyes que vayan a resolver de la noche a la mañana el problema de acceso a la vivienda, pero sí que estamos convencidos de que la propuesta que vamos a elevar en unos meses al Parlamento va a suponer avances significativos”, ha concluido la consejera.