Sultana Jaya, activista por la liberación de su pueblo víctima de la ocupación marroquí, lleva 174 días confinada en su casa a la fuerza por decisión del ocupante. Esta noche ha sufrido una agresión en su casa por las fuerzas de ocupación. Ella y su hermana han sido violadas, según informa sobre el terreno EQUIPE MEDIA.

Esta madrugada del 11 de mayo, los paramilitares marroquíes entraron por la terraza en la casa de familia Jaya. Lo destrozaron todo, muebles, enseres, ropa. Cogieron a las hermanas Sultana y El Ouaara Jaya, tapándoles la boca, casi no podían respirar, las apalearon y las violaron con palos y tubos. En expresión de Sultana «nos han hecho de todo».

Previamente, el 10 de mayo, la casa ya había sido allanada. También entraron por la ventana los policías marroquíes y secuestraron a tres activistas que se habían instalado en la casa para apoyarlas.  Se trata de Salek Baber, Khalid Boufraioua y Babozid Lbaihi, éste último, presidente de CODESA. Tras torturarles durante unas horas, les llevaron al desierto y les dejaron allí tirados.

El 21 de noviembre de 2020, nada más llegar de un viaje por Europa, Sultana fue arrestada en el control de policía al norte de Bojador donde fue maltratada y amenazada de muerte.  Desde entonces padece un encierro en su propia casa. Nadie la puede visitar. Ni ella ni su familia pueden salir. Vive con su madre y su hermana El Ouaara y un niño pequeño. Últimamente se habían infiltrado los tres activistas mencionados para socorrerla en su asilamiento.

Sultana y su familia han padecido de todo, palizas, amenazas de muerte, ofensas. Las personas que se acercaban a verla también eran rechazadas y apaleadas.

Las fuerzas de ocupación la han apedreado, le han echado aguas residuales y pescado podrido por la ventana, también veneno que le afectó al postizo del ojo que la policía le arrancó de jovencita. Le han tirado piedras al ojo bueno y a la boca de su hermana El Ouaara. Han pegado a la madre.

Le han robado el teléfono y se lo han devuelto. Le han cortado la luz.

Pero Sultana y su familia resisten, y resisten con la cabeza muy alta. Cuanto mayor es la agresión, mayor es la fuerza con que Sultana empuña su bandera desde el balcón o la terraza. Quizá ese gesto ha servido de inspiración para la actual campaña #OndeaBanderaDeLaRASD como acto de rechazo a la ocupación marroquí en los territorios ocupados del SáharaOccidental, consistente en ondear banderas de la República Árabe Saharaui Democrática en las terrazas, bajo el lema «mi casa, mi bandera». Ya se ven muchas banderas en las azoteas de El Aaiún, y las consecuencias para los protagonistas están siendo muy duras, allanamientos de las casas por la policía de ocupación, destrozo de todo lo que encuentran, desmoronamiento de un muro, palizas y más palizas dejando a las víctimas abandonadas en el desierto. Humillaciones, amenazas de muerte.

A pesar de todo, siguen resistiendo.

La familia Jaya pide socorro a los organismos internacionales.

LOS OBSERVATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN LAS GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los distintos observatorios de derechos humanos en el Sáhara, entre ellos el cántabro, formado por un grupo de abogados especializados en derechos humanos, internacional, extranjería y sensibles con la situación del puelbo saharui, añaden que desde el pasado mes de noviembre de 2020 vienen observando con preocupación el aumento de la represión y el hostigamiento contra activistas saharauis en las zonas del Sáhara Occidental ocupadas por Marruecos.

Recuerdan que el contexto de la guerra que asola el territorio, así como la ausencia de una misión permanente de observación de Derechos Humanos y de periodistas que puedan documentar los sucesos en el Sáhara Occidental, suponían «el caldo de cultivo perfecto para la perpetración con impunidad de graves agresiones contra la población civil».

Y enfatizan que  la represión se centra en los cuerpos de las mujeres defensoras de los derechos humanos: «son ellas las principales víctimas de las salvajes acciones llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación del ejército marroquí y los paramilitares que los acompañan».

«En los últimos meses hemos registrado centenares de actos de represión, principalmente allanamientos de morada, agresiones físicas, torturas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, coacciones y un sinfín de crímenes de guerra, perpetrados por el Reino de Marruecos contra la población civil saharaui en general, y en especial contra las mujeres que legítimamente reivindican el derecho a la autodeterminación de su Pueblo», reiteran.

Y así cuentan como en la madrugada del día 12 de mayo de 2021, un grupo de paramilitares marroquíes y fuerzas seguridad sin uniformar han asaltado, de nuevo, el domicilio familiar de las hermanas Khaya en la ciudad de Bojador. El asalto se ha producido alrededor de las 5:30h y duró media hora aproximadamente. Según nos relatan las víctimas, los asaltantes agredieron con violencia a toda la familia, que se encontraba durmiendo, y especialmente se ensañaron con las mujeres, a las que violaron con palos y tubos.

Al igual que las hermanas Khaya, en El Aaiún las activistas saharauis Mina Baali y Mahfuda Lufkir llevan meses arrestadas sin causa en sus domicilios, sufriendo un permanente asedio con un enorme despliegue policial que impide que sean visitadas por sus familiares.

«Nos preocupa especialmente la situación de Mina Baali y de su hijo menor de edad, de quienes no se tiene noticia desde el pasado día 9 de mayo. Su domicilio fue asaltado y actualmente no tiene acceso a la electricidad ni puede establecer conexión con el exterior. Su marido, el también activista Hassana Duihi, ha denunciado que las fuerzas de ocupación marroquíes le impiden acceder a su domicilio y reencontrarse con su familia», aseveran.

A esto añaden el recordatorio del encarcelamiento «injustificado» de la activista saharaui Omsad Zawi el pasado 9 de mayo, quien fue detenida tras ondear la bandera de la República Saharaui en la azotea de su casa en solidaridad con Sultana Khaya.

Estos hechos ocurren ante la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que, al igual que ocurriera con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda durante el genocidio de ese Pueblo, permanece ajena y sin informar de los graves delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos
por el Reino de Marruecos sobre la población civil saharaui.

Denuncian los crímenes de guerra cometidos por el Reino de Marruecos contra la población civil saharaui, y EXIGIMOS al Gobierno de España en su condición de Potencia Administradora del territorio del Sáhara Occidental que, en aplicación del art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas, proceda a la protección de la población civil saharaui bajo ocupación marroquí.