UGT, CCOO y CSIF han anunciado su intención de convocar movilizaciones en toda España por la sobre carga de trabajo del personal de la Seguridad Social, que se ha triplicado en los últimos meses especialmente con la gestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) y una progresiva reducción de plantilla no compensada siquiera con las plazas vacantes por cubrir.

Los tres sindicatos aclaran que sólo en Cantabria hay 63 vacantes por cubrir entre el personal de la Seguridad Social (59 de funcionarios y 4 de personal laboral), lo que para UGT, CCOO y CSIF es «un absoluto sinsentido, y más, desde que se comenzó a gestionar el IMV».

«Queda constatado que es imposible obtener una cita previa en la mayoría de las ciudades de España; tanto para la atención telefónica, el certificado digital, la solicitud de pensiones o el propio IMV», denuncian los sindicatos, que insisten en que «no es admisible que con la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital se triplique el trabajo y no se haya dotado a la Seguridad Social de más medios materiales y humanos para poder afrontarlo con garantías».

En este sentido, UGT, CCOO y CSIF precisan que «hay miles de expedientes del IMV a los que no se ha podido dar respuesta por falta de personal y de las 850.000 prestaciones ofertadas, sólo se han resuelto poco más del 30%, unas 260.000».

«Llevamos años denunciando la pérdida de efectivos no repuestos en la plantilla, el incremento de cargas de trabajo, la falta de organización de los recursos humanos disponibles y el despilfarro económico en la estéril externalización de servicios y otras políticas al amparo de la modernización», subrayan los tres sindicatos.

UGT, CCOO y CSIF, que anunciarán en breve el calendario de movilizaciones y no descartan una huelga general «si el Gobierno no da una respuesta satisfactoria», exigen un refuerzo de las plantillas y un plan de relevo de personal, además del cumplimiento de las recomendaciones de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales en materia de recursos humanos, los Pactos de Toledo o las garantías para un servicio público de calidad».

UGT, CCOO y CSIF, que anunciaron sus movilizaciones en una reunión del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), añaden a sus críticas que hace un año se solicitó una entrevista con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, «de la que todavía no tenemos respuesta alguna».

«El ministro no tiene tiempo para atender a los legítimos representantes de los trabajadores para solucionar el problema pero sí lo ha tenido para derivar muchos millones de euros a empresas privadas externas, crear más de 500 jefaturas repartidas a dedo o contratar a un millar de interinos para tramitar el IMV pero sin incrementar los efectivos de la plantilla», denuncian los sindicatos.

Las tres organizaciones sindicales de la Administración General del Estado (AGE) en la que está incluida la Seguridad Social rechazan que «mientras el ministro hace caso omiso a una reunión con los sindicatos, la realidad es que toma decisiones improvisadas de manera unilateral que difícilmente pueden llevarse a cabo, como con la prestación del IMV, la forma de comunicación y una gestión telemática «que se aplica sin tener en cuenta la brecha digital y que muchas personas no pueden acceder a ella».

Según los datos facilitados por UGT, CCOO y CSIF, la Seguridad Social ha perdido más del 20% de sus efectivos en la última década en una plantilla especialmente envejecida, con una media de edad de 53 años y con un 10% cercano a la edad de jubilación.

A ello, las tres organizaciones sindicales suman un incremento paulatino de la carga de trabajo que, al margen del reciente Ingreso Mínimo Vital, ha aumentado un 12% en todo lo relativos a la gestión y tramitación de las pensiones y de un 10% en lo concerniente a afiliados a la Seguridad Social.

El número de empleadas y empleados públicos en Cantabria asciende a 35.083

Cantabria cuenta con un total de 35.083 empeladas y empleados públicos, de los que 24.233 trabajan en el sector público de la Comunidad Autónoma (69,07%)), 6.333 en la administración local (18,05%) y 4.517 (12,8%) en el sector público del Estado, según recoge el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), correspondiente a enero 2021, que hoy publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En el conjunto del país, España cuenta con 2.710.405 empleadas y empleados públicos, de los que 1.616.211 (59,63%) trabajan en el Sector Público de las Comunidades Autónomas, 579.680 (21,39%) en el Sector Público de la Administración Local y 514.514 (18,98%) en el Sector Público del Estado.

Atendiendo a la evolución registrada entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de enero de 2021, el número de efectivos que presta servicios para las comunidades autónomas ha aumentado un 20,41% (principalmente en las áreas sanitaria y educativa). La Comunidad de Madrid es la que más ha incrementado sus efectivos (28,92%), seguida de la Comunitat Valenciana (27,87%) y Cataluña (27,55%). En el caso de Cantabria, los empleados públicos de la administración autonómica se han incrementado un 19,91%.

Del total de 1.616.211 efectivos en las CCAA y Ceuta y Melilla, buena parte se concentran en los servicios del Estado del bienestar, especialmente en áreas sanitarias del Sistema Nacional de Salud y docencia no universitaria, 35,15% y 30,30% respectivamente. Le siguen las áreas de consejerías y sus organismos autónomos (11,15%), Universidades (9,48%), personal de Administración de Justicia (2,44%, por transferencia de su gestión) y Policía Autonómica (1,59%), presente en Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias.