Publicado el Convenio Colectivo estatal de empresas de servicios auxiliares de información que afecta en Cantabria a medio millar de personas

Comisiones Obreras del Hábitat en Cantabria ha destacado la cláusula de subrogación, que tras su publicación en el BOE, dará estabilidad a las plantillas afectadas por el acuerdo
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LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS PODRÁN SUBROGAR A LOS TRABAJADORES

Comisiones Obreras del Hábitat en Cantabria (lo que era antes Federación de Construcción y Servicios) ha celebrado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Servicios Auxiliares de Información, Recepción, Control de Accesos y Comprobación de Instalaciones que, en Cantabria, podría afectar a alrededor de 500 personas.

El convenio recoge, entre otras cuestiones, la cláusula de subrogación, que se hará efectiva desde que se cumpla un mes de la publicación y que ofrecerá estabilidad a las personas afectadas por el acuerdo.

Mariano Pérez, secretario de Negociación Colectiva y responsable sindical por Cantabria en la negociación de dicho acuerdo ha explicado que el convenio afecta a los trabajadores de lo que se denominaba tradicionalmente como servicios auxiliares complementarios a la seguridad y que consistían principalmente en la actividad de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones, que venían regulando por convenios de empresa o por el Estatuto de los Trabajadores.

El convenio también incluye la disminución progresiva de jornada. En este sentido, señalar que hasta el 31 de diciembre de 2021, la jornada será de 1.826 horas/año en cómputo anual, a razón de 166 horas mensuales y bajará a 1.815 horas/año en cómputo anual, a razón de 165 horas mensuales a partir del 1 de enero de 2022. Esta reducción continuará el 1 de enero de 2023, cuando quedará establecida en 1.804 horas/año en cómputo anual, a razón de 164 horas mensuales.

Otros aspectos que recoge el convenio son el cómputo de jornada en licencias retribuidas equivalente a la jornada programada, la cláusula de garantía «ad personam», que hace que aquellos trabajadores que disfrutaran de condiciones superiores a las que se fijan en el convenio las sigan manteniendo, el complemento del 10% para los supuestos de incapacidad temporal derivados de accidente de trabajo o 31 días de vacaciones anuales.

Además, en el convenio se recoge la creación de un Observatorio Sectorial y de mecanismos para su cumplimiento en particular en el caso de las licitaciones públicas, la incorporación en la retribución de las vacaciones del promedio de los pluses variables percibidos en los últimos 12 meses o el permiso retribuido por cita de médico especialistas de los servicios médicos oficiales de 3 horas coincidentes con su jornada laboral, que puede utilizarse hasta 6 veces al año.

Por su parte, el convenio, que comenzó a negociarse el pasado mes de febrero antes de los anuncios de las últimas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), también recoge que, a partir de julio de 2022, el salario base mínimo de convenio será de 1.000 euros.

CONCENTRACIÓN POR EL CONVENIO DE LA DEPENDENCIA

Este martes se ha producido, frente a la sede de CEOE,  la primera de las concentraciones convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria por el bloqueo en la negociación del VIII Convenio Colectivo, que afecta al personal de residencias, centros de día y servicio de Ayuda a Domicilio, y que está paralizado desde hace dos años y, por otra, por la urgencia de un nuevo modelo de coordinación sociosanitaria con más financiación.

Según los datos del segundo trimestre de la Seguridad Social en Cantabria, hay 3.589 profesionales trabajando en residencias y 2.351 en establecimientos no residenciales, «de las que alrededor de 2.000 pertenecen al Servicio de Ayuda a Domicilio»; ha concretado Silvia Solar, que ha recordado que se trata de profesionales con contratos parciales, «que trabajan 4 horas pero distribuidas a lo largo de todo el día, que tienen que poner a disposición su propio vehículos y que, a pesar de haber sido esenciales durante la pandemia, tampoco se les ha reconocido ni se les reconoce su labor como se merecen».

«Los bajos salarios, la amplia jornada y las cargas de trabajo tienen como consecuencia que el sector pierda profesionales, las patronales se han quejado, pero si no mejoramos las condiciones laborales y salariales, los profesionales no van a querer trabajar en este sector y, como consecuencia, prestaremos una atención deficiente a las personas dependientes», ha subrayado Ateca.

TRABAJADORES UNIDOS PIDE A REVILAL QUE SE RETIREN DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO LOS PUESTOS DE INTERINOS EN FRAUDE DE LEY

 El sindicato TU (Trabajadores Unidos) ha solicitado al presidente del Gobierno. Miguel Ángel Revilla y a la Consejera de Presidencia que de las ofertas de puestos que se ofrecen se retiren los puestos afectados por personal interino en fraude de ley, que venían ocupando su plaza durante más de tres años, al considerar que estarán incursos en fraude de temporalidad.

La publicación en el BOC extraordinario de ayer, 20 de septiembre, de las diferentes ofertas de puestos a los aspirantes que han superado los procesos selectivos de turno libre y promoción interna, supone a juicio del Sindicato TU un contrasentido por cuanto el RD Ley 14/2021 de 6 julio, contempla un aspecto transitorio que nos remite a una Ley en tramitación en la actualidad, en el Congreso de los Diputados, pendiente de ser aprobada en el próximo mes de octubre. La Ley resultante puede amparar jurídicamente los derechos del personal interino, y ello supondría, que en el caso de adjudicarse en estos momentos puestos de trabajo que hoy ocupan interinos en fraude de ley, verían atropellados sus derechos a permanecer en el mismo, perdiendo sus puestos de trabajo.

El Sindicato TU acude al principio constitucional de seguridad jurídica, recogido en su art. 9.3, que exige una certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, y debe mantenerse una expectativa razonablemente fundada de cara a los interinos en cuál ha de ser la actuación en la aplicación del Derecho, y no la confusión normativa que actualmente vivimos.

 

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