La celebración del Día de las Personas Sin Hogar, vuelve a reunir a las organizaciones sociales que trabajan con estas personas para denunciar las dificultades continuadas y permanentes que afrontan para acceder a los derechos fundamentales y que se han agravado aún más durante la pandemia.

En esta edición, las entidades que impulsan en toda España la Campaña de Personas Sin Hogar lanzan una alerta bajo el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin Hogar” para poner el foco en el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas en un sistema de protección social que no funciona.

Cáritas Diocesana de Santander ha convocado, para este jueves a las doce, una concentración en la Plaza Porticada de Santander para visibilizar esta situación. A falta de datos oficiales se calcula que en nuestra región puede haber unas 300 personas sin hogar, incluyendo viviendas inadecuadas (chabolas, chupanos, lonjas o espacios similares), viviendas inseguras por el hacinamiento o malas condiciones de salubridad o directamente en la calle, encontrando cobijo en cajeros bancos, puentes, etc…

Cáritas invita a organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos en general a sumarse a la concentración del jueves, para mostrar con este gesto su solidaridad con las personas sin hogar y para visibilizar una situación que con la Covid19 no ha hecho otra cosa que empeorar. En el transcurso de la concentración se leerá un manifiesto de apoyo a las personas que se encuentran en ese laberinto, cuya salida resulta imposible de encontrar.

PERSONAS SIN HOGAR EN CANTABRIA

El sinhogarismo en Cantabria, al igual que en el resto del país, es un fenómeno fundamentalmente urbano que en las áreas rurales se concentra en viviendas inadecuadas o inseguras y, aunque los datos reflejan que afecta fundamentalmente a los hombres, hay una realidad cada vez más escondida e invisibilizada de mujeres también en esta situación.

La mayoría de las personas afectadas por esta situación en nuestra región no tiene ingresos regulares y, en caso de haberlos, suelen ser muy bajos (pensiones no contributivas o ingreso mínimo vital, rentas básicas…) Se calcula además que aproximadamente la mitad de ellos han vivido algún tipo de agresión verbal, física, robo o abuso sexual.

En Cantabria, las personas de nacionalidad española que no tienen hogar presentan, en su mayor parte, edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, mientras que la población extranjera que se encuentra en esta situación es más joven, situándose en una franja de edad que abarca entre los 20 y los 30 años.

La aparición de la Covid-19 ha generado una realidad extraordinaria en la que las personas más frágiles y vulnerables viven con mayor crudeza la desprotección social. Como afirma Oliva Olga Martínez, Coordinadora del área de acompañamiento especializado en Cáritas Diocesana de Santander: “el sistema de protección que existe es muy vulnerable y, para estas personas sin hogar, resulta muy difícil acceder a los recursos necesarios para poder vivir con dignidad, con lo que la falta de oportunidades les asfixia cada día más, impidiendo que puedan salir de su círculo de pobreza. Por eso, es necesario responder sin más dilaciones a los retos que esta emergencia humana nos lanza a todos”.

NUEVAS REALIDADES DETECTADAS

La Covid-19 ha supuesto el agravamiento de situaciones de todas las personas que se encontraban en una vivienda insegura o inadecuada, o que incluso estaban ya en situaciones de exclusión y que, con el impacto añadido de la pandemia, se han visto expulsadas de sus viviendas o de los alojamientos precarios en los que se encontraban.

De forma concreta, los efectos más devastadores se detectan en los siguientes casos:

– Personas sin título legal en sus alojamientos o lugares en los que viven y que han tenido que abandonar sus viviendas ante el temor al contagio del propietario/a.

– Personas que llevaban alojadas años en pensiones u hostales económicos que cerraron sus puertas en el estado de alarma y que han tenido que abandonar sin una alternativa residencial.

– Mujeres que se han visto repentinamente en situación de calle (empleadas de hogar en régimen interno expulsadas de los domicilios, mujeres víctimas de trata o que ejercían la prostitución y se las ha echado de los clubs o pisos donde se alojaban…).

– Personas que han tenido que abandonar sus viviendas o alojamientos por la situación de hacinamiento que vivían, y que se han visto en la necesidad de mantener una cuarentena o aislamiento y no tenían donde hacerlo.

– Personas temporeras sin una alternativa de alojamiento segura ni adecuada, mucho más expuestas al contagio

DATOS NACIONALES

En este ya más de año y medio desde que apareció la pandemia, el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas ha constatado situaciones de una gran desprotección social, personal, afectiva o emocional. Algunos ejemplos de este aumento de la desprotección y mayor vulnerabilidad son:

– Más de la mitad de la población activa acompañada por Cáritas (53%) está en situación de desempleo.

– En enero de 2020, 258.000 personas atendidas por Cáritas vivían en hogares que no han percibido ningún ingreso, 75.000 personas más que antes de que comenzara la presente crisis.

– El 67% de las familias atendidas por Cáritas dicen contar con ninguna o insuficiente información como para tramitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

– Como consecuencia de sus precarias condiciones económicas, más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas residen en hogares que no disponen de dinero para pagar la vivienda ni los suministros. A su vez, el 16% de las familias atendidas por Cáritas se han visto obligadas a cambiar de vivienda.

– Cerca de la mitad de hogares tienen graves dificultades para afrontar los gastos de alquiler o hipoteca (44%), así como los gastos de suministro asociados a la vivienda (47%), lo que supone un deterioro en sus condiciones de vida.

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE HA FALLADO

Estas realidades de vulnerabilidad y deterioro de miles de personas y familias confirman que los sistemas de protección social han fallado y ha fragilizado aún más las ya de por sí debilitada situación de los más vulnerables.

Las entidades sociales aseguran que una consecuencia directa de las medidas de confinamiento y de mantenimiento de las medidas de protección sanitaria fue la reducción, o cancelación automática, de las intervenciones sociales y sanitarias presenciales. Todo el sistema de protección social, ya fragilizado de por sí, se vio fuertemente resentido impactado, con lo que muchas personas con situaciones vitales muy complicadas no tuvieron otro remedio que paralizar o posponer procesos de acompañamiento personal, o de acceso a recursos y prestaciones sociales.