La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) han anunciado que ha sido admitido a trámite el pasado lunes un recurso contencioso administrativo que ambas organizaciones han presentado en impugnación del acuerdo del pasado 9 de septiembre, de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por el que se autoriza “la solicitud de construcción de equipamiento deportivo y de ocio en suelo no urbanizable de Sierrallana, en el municipio de Torrelavega, promovido por el Ayuntamiento de Torrelavega, en base a las consideraciones anteriores y condicionado al cumplimiento del artículo 38 de las Normas Urbanísticas Regionales.” Es el Aquapark que pretende construirse en terrenos situados frente al Hospital de la capital del Besaya.

Son muchos los motivos, dicen desde ambas organizaciones, que hacen que hayan dado este paso y que lo hagan en este momento que, aunque aún está en una fase inicial el proyecto, «sí que nos parece alarmante que el principal filtro y mecanismo de control para garantizar la adecuación a normas urbanísticas, como es la CROTU, se haya convertido en un coladero que permite todo tipo de desmanes con cualquier justificación ridícula», dicen en un comunicado.

En este caso, creen que «es demencial que los integrantes de la CROTU admitan y den el visto bueno a un proyecto en suelo rústico» tramitado al amparo del artículo 116 de la Ley del Suelo de Cantabria, que es una norma pensada para construcción unifamiliar, dotaciones deportivas o espacios de carácter rural y atractivo turístico rural.

En ningún caso, prosiguen, «para la construcción de una mega instalación de carácter empresarial con cuatro usos forzados para tratar de justificar que cumple con dichos requisitos». Y ponen como ejemplo «la invención de última hora del alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), del circuito de rafting, cuyo único objetivo es sortear la normativa vigente en un claro intento de fraude de ley», explican.

A juicio de ambas organizaciones, «es muy grave que los integrantes de la CROTU actúen de una forma tan arbitraria, sirviendo de herramienta útil de algunos políticos megalómanos con mucho poder y contactos».

Consideran que se trata de «un proyecto absurdo, ridículo y propio de otras épocas, en las que el despilfarro de dinero público se convirtió en una peligrosa hoja de ruta de políticos que, siempre alejados de las necesidades del pueblo, concebían su gestión como una posibilidad de dejar su impronta personal y siendo los facilitadores necesarios para grupos empresariales que, sin escrúpulo alguno, saquean las arcas públicas con el objetivo de hacer negocios redondos sin ninguna responsabilidad social, territorial o ambiental».

ACPT y ARCA lamentan que haya gobernantes que parecen aspirar a modelos de turistificación masiva, «con sus chanchullos y pelotazos de por medio, poniendo a Torrelavega como piedra angular del megaproyecto de Aquapark. El clan al mando está decidido a hacer todo tipo de desmanes, favoreciendo el enriquecimiento de entornos cercanos con propuestas que, cada vez más, van en contra de las necesidades y objetivos de los y las cántabras».

Lamentan que es un modelo que «llevamos viendo dos años ya», y que precisamente se ha agudizado con motivo de la pandemia, convirtiendo Cantabria, critican, «en una especie de Salou del Norte, donde lo que prima es que cada vez haya más masificación».

Ahora ven que se pretende completar el proyecto con un millonario despilfarro de recursos públicos. «No ha empezado el proyecto y el gasto de los estudios ya realizados supera los 40.000 euros, a los que se han de sumar en torno a 12.000 euros más de dinero público en campañas publicitarias para la empresa interesada», afirman.

En opinión de ACPT y ARCA, sobran recursos y empeño para un parque acuático que tendrá un escaso tiempo de uso cada año. Este proyecto «caerá en lo mismo por lo que ya han pasado en bastantes puntos del estado español, con una estimación de hasta 36 parques acuáticos abandonados y con pérdidas millonarias asociadas». Y la mayoría situados en zonas donde el clima al menos era más favorable.

También señalan la repercusión medioambiental y climática que tendría, «puesto que hablamos del desmonte prácticamente completo de la ladera de una montaña». Además, señalan que la instalación tiene una estimación de consumo de agua de 100.000 metros cúbicos diarios a pleno rendimiento, lo que estiman como «una auténtica barbaridad completamente insostenible». También se estima una circulación de 7.000 vehículos diarios, «con toda la contaminación que eso supone y, sin olvidar que todo eso ocurriría en las inmediaciones de un Hospital».

Advierten ACPT y ARCA que el argumento más escuchado para defender esta obra es el de la creación de empleo. Pero piensan que se tratará de empleo precario y temporal como cualquier modelo económico asociado a servicios estacionales. «Quizás algunos puestos de trabajo sean de más calidad, pues ya suena la empresa pública Cantur como interviniente en el proyecto. En ese caso, ya directamente será empleo inaccesible para quienes no vayan con el carné del partido entre los dientes», concluyen.