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«Hace mucho que avisamos del riesgo de externalizar tareas a terceros países»

Jordi Carmona, de la sección FICA de UGT a nivel estatal, y Ana del Pozo, de la misma sección a nivel regional, nos explican cómo está resultando la crisis de suministro por falta de microchips.
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Atasco en la producción mundial. Y hemos abordado esta cuestión con FICA, la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato UGT, en la sección mensual ‘En lucha’ que hacemos en EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM.

Ana del Pozo, de FICA en Cantabria, advierte del retraso que tienen que sufrir los clientes de los concesionarios de coches a la hora de comprar un vehículo nuevo. «Entre seis y doce meses», dice. A finales del año pasado, esas casas de coches tenían unos 1.000 para vender, y ahora sólo les quedan 300. «Algo que no había pasado nunca», prosigue.

Jordi Carmona dice que desde esta sección de UGT se venía avisando «desde hace muchos años» de que esto podía suceder. Relegar la producción a lugares con mano de obra más barata es algo que se lleva produciendo desde hace varios años, al calor de la globalización, pero luego, cuando se produce un problema como el actual, no hay capacidad de reacción, porque volver a montar una estructura productividad allí donde no existe no es algo que pueda fraguar en el corto plazo.

Por eso, desde FICA creen que los semiconductores, esos componentes para los coches que provienen del extremo oriente, deben volver a fabricarse en Europa. «Y dentro de España», considera. Se trata de poder tener «la cadena completa» de la automoción dentro del país para reducir la dependencia de esos «terceros países» que, al final, nos condicionan, y que son países que, «por desgracia, no tienen condiciones sociales y salariales» dignas, a lo que se añade el momento de ‘guerra comercial’ entre China y Estados Unidos.

En Cantabria esto no tiene una afectación significativa respecto a la fabricación de coches en sí, pero en la Comunidad sí hay varias empresas de fabricación de componentes que necesitan de esos microchips. Del Pozo hace hincapié también en que esta problemática se ha unido a que sigue habiendo un buen número de trabajadores del sector automovilístico en situación de ERTE por la pandemia y la crisis sobrevenida por ella.

Ambos echan de menos una acción más decidida de las administraciones públicas, ya sea Gobierno estatal o Gobierno regional, para llevar a cabo políticas y estrategias industriales a largo plazo para corregir la actual situación. Carmona recuerda que en Cantabria el sector de la automoción supone más del 20% del PIB, y es algo que sucede también en otras Comunidades Autónomas.

«Si nos cargamos este sector, hay menos posibilidades de buscar otro medio de vida», señala Del Pozo, evidenciando que, si este problema no se soluciona, el mercado laboral de Cantabria puede verse abocado a una situación mucho más negativa de la que sufre hoy en día.

Carmona se refiere a los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) como unas ayudas que pueden resultar útiles, pero que no son suficientes para solventar esta situación. «Si pensamos eso, nos estaremos equivocando», afirma.

Hay otros sectores que sufren también las consecuencias. Todo lo que use microchips, como puedan ser aparatos tecnológicos o electrodomésticos, aunque tanto Carmona como Del Pozo señalan que el sector automovilístico es el más afectado, y a eso se suma el alto coste de la energía, que afecta también a las fábricas.

Carmona también muestra su preocupación por los coches eléctricos, el futuro de la movilidad de vehículo privado, y que también, lógicamente, se ve lastrado por la falta de componentes. También añade que el precio de la recarga de ese tipo de coches debería tener «algún control público». Por eso han lanzado una serie de propuestas al Gobierno central desde FICA para acometer la situación y que no haya una afectación a las trabajadoras y trabajadores del sector.

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