Los procedimientos de ejecución hipotecaria crecieron entre julio y septiembre un 26,3 por ciento, en línea con lo sucedido a nivel nacional, donde el incremento de estas demandas fue del 22,7 por ciento, si bien los lanzamientos fueron un 16% menos.

Por el contrario, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 6 demandas por ocupación ilegal de vivienda, menos de la mitad de las registradas en el verano de 2020.

Todos estos datos se desprenden del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con información relativa al tercer trimestre de 2021.

Crecen las ejecuciones hipotecarias

De julio a septiembre de este año se presentaron 72 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia, lo que supone un 26,3 por ciento más que en 2020 (57 demandas). A nivel nacional, estos procedimientos aumentaron un 22,7 por ciento.

Esta cifra de 72 ejecuciones hipotecarias iniciadas sitúa la tasa de estos procedimientos por cada 100.000 habitantes en 12,3, por debajo de la registrada por la media nacional, que está en 13,7.

En estos juzgados de primera instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Durante el tercer trimestre de este año, estos pleitos ascendieron a 1.584 frente a los 1.755 de un año, lo que representa una disminución del 9,7 por ciento respecto a 2020.

Los lanzamientos practicados en Cantabria entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de este año fueron 105, veinte menos que un año antes, esto es, un 16 por ciento menos.

Tanto los debidos a ejecución hipotecaria como los que respondían al impago de alquiler fueron menos: los primeros descendieron un 80 por ciento (de 20 en 2020 a 4 en 2021); mientras que los segundos experimentaron un decrecimiento del 8 por ciento (de 100 el pasado año a 92 este).

El informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, derivados de la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.

Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

En Cantabria, los juzgados de primera instancia registraron en el tercer trimestre de este año 6 asuntos de este tipo frente a 14 de 2020, lo que supone una disminución del 57,1 por ciento.

Esos 6 procedimientos sitúan la tasa de procedimientos por cada 100.000 habitantes en 1,0, frente a 1,9 del conjunto del país.

Además, se resolvieron 11 procedimientos de este tipo y a 30 de septiembre otros 11 permanecían en trámite.

Segundo trimestre de 2020, muy afectado por la pandemia

Las demandas de despido presentadas ante los juzgados de lo social en Cantabria en el tercer trimestre de este año 2021 fueron 185, lo que representa una disminución del 51,8 por ciento respecto a las que llegaron en el mismo periodo de un año antes.

Otros indicadores también muestran un descenso de la actividad judicial de asuntos de carácter económico, como los concursos de acreedores presentados, que se redujeron un 26,3 por ciento; los lanzamientos practicados, un 16 por ciento menos; o las reclamaciones de cantidad presentadas por trabajadores, un 16,3 por ciento menos.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, el juzgado de cláusulas suelo ingresó 679 asuntos –cifra similar a la del verano de 2019-, resolvió 834 y dictó 686 sentencias, el 99 por ciento de ellas estimatorias de las pretensiones del demandante.

Durante el tercer trimestre, se presentaron un total de 28 concursos de acreedores, diez menos que un año antes, lo que representa una disminución del 26,3 por ciento.

Esos 28 procedimientos concursales representan una tasa de 4,8 concursos por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de la registrada por la media nacional, que se encuentra en 8,7.

Por tipo de concursos, los que se refieren a personas naturales no empresarias, que son los que llegan a los juzgados de primera instancia de Santander y a los de primera instancia e instrucción del resto de la provincia, fueron 14, ocho menos que un año antes.

Por su parte, los concursos de empresarios y personas jurídicas, que se tramitan en el Juzgado de lo Mercantil de Santander, también fueron 14, dos menos que en el verano de 2020.

Además, en el Juzgado de lo Mercantil se declararon 3 concursos, se declararon concluidos otros 3, en ninguno se abrió la fase de convenio y en 5 se fue a la liquidación. Además, se presentó un expediente de regulación de empleo de una empresa que se encontraba en situación de concurso.

Actividad en los juzgados laborales

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos en los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

En el tercer trimestre de 2021, los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron un total de 185 demandas por despido, lo que supone una disminución del 51,8 por ciento respecto a 2020, cuando se presentaron 384.

La tasa de despidos por cada 100.000 habitantes se sitúa así en 31,7, frente a 55,8 a nivel nacional.

Por su parte, las reclamaciones de cantidad fueron 427, un 16,3 por ciento menos que en el verano anterior, cuando se registraron 510.

Estas demandas fueron más en Cantabria que en la media del conjunto del país, con 73,1 reclamaciones de cantidad por cada 100.000 habitantes frente a una tasa nacional de 53,7.

Juzgado de Cláusulas

El informe también incluye datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.

En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, que de julio a septiembre de 2021 recibió un total de 679 asuntos de este tipo –un 15,1 por ciento más-, resolvió 834 –un 27,7 por ciento más- y a 30 de septiembre mantenía en trámite 4.193 –un 14,4 por ciento menos-.

Además, dictó un total de 686 sentencias y, de todas ellas, el 99 por ciento resultaron estimatorias.

En las páginas siguientes se muestra un cuadro con los datos del informe relativos a Cantabria del tercer trimestre de 2020 y de 2021.