Con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos,este 10 de diciembre, Amnistía Internacional señala que gobiernos de todo el mundo están reprimiendo, mediante viejos y nuevos métodos, las protestas surgidas en un año especialmente difícil para la población mundial, sin superar todavía la crisis de la COVID-19.

Armas omnipresentes como las porras policiales, utilizadas de un modo indebido en actos que pueden ser constitutivos de tortura y otros malos tratos; y modernas tecnologías al servicio de la vigilancia y el espionaje, como la denunciada en el Proyecto Pegasus, son ejemplos de cómo libertad de expresión se está viendo amenazada en el mundo, en países como China, México, Israel y Territorios Ocupados o Afganistán, entre otros.

“Los gobiernos tenían la oportunidad de salir de una emergencia mundial como ha sido la pandemia colocando los derechos humanos y la solidaridad en el centro. Pero lo que han hecho en muchos casos ha sido reprimir cualquier tipo de protesta en medio de una crisis social, económica y sanitaria como la que estamos inmersos”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional ha identificado varios métodos que han sido utilizados por diferentes líderes en el poder para reprimir el derecho a la protesta, como son el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúan con absoluta impunidad; las leyes represivas y regresivas que reducen el espacio para ejercer este derecho; el control y la censura a través de Internet, y la discriminación y violencia hacia las mujeres que se manifiestan.

“El derecho a protestar nunca ha estado tan amenazado como hoy. Debido al gran poder que tiene, a menudo la protesta se percibe como una amenaza real por parte de los gobiernos. Es por eso que activistas de todo el mundo están experimentando de primera mano la escalada y normalización de enfoques y tácticas que los gobiernos y las fuerzas de seguridad utilizan para restringir, controlar y prohibir las protestas ”, asegura Esteban Beltrán. “En muchas partes del mundo, las personas que ejercen su derecho a protestar pacíficamente son acosadas, golpeadas, encarceladas y asesinadas. Además, las mujeres que se manifiestan están expuestas a distintas formas de violencia de género, como la violencia sexual”, añade.

Uno de los métodos más empleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las denominadas porras, los lathis (bastones largos) y sjamboks (vergajos o látigos rígidos).

Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega han documentado recientemente cómo suelen utilizarse de un modo indebido, en actos que pueden ser constitutivos de tortura y otros malos tratos.

La investigación se basa en fotografías y vídeos de acceso público de 35 países, e incluye ejemplos de la represión violenta de manifestaciones en Bielorrusia, Colombia, Francia, India y Myanmar. Los vídeos muestran a agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizando porras y armas similares, para infligir castigos, golpear a personas ya inmovilizadas, propinar peligrosos golpes en la cabeza de manera injustificada, y producir asfixia inmovilizando a las personas por el cuello.

Poner cara a los abusos

La organización tiene en marcha una campaña en la que ha propuesto un total de seis retos en redes sociales para actuar a favor de 6 activistas cuyos derechos humanos están siendo atacados, y presionar para que se acabe con estos abusos.

La activista Zhang Zhan es una de ellas. Fue encarcelada por informar sobre los primeros días de la pandemia de COVID-19 en Wuhan. Esta periodista ciudadana, condenada en diciembre a cuatro años de prisión por publicar en las redes sociales información sobre la gestión que China hizo del brote, ha estado en huelga de hambre durante su encarcelamiento y en la actualidad corre peligro de morir si no es puesta en libertad urgentemente para recibir tratamiento médico. Su caso es tan solo un ejemplo de cómo las autoridades chinas detienen o infligen otros castigos a quienes revelaban información sobre el brote de COVID-19, así como a periodistas y defensores de derechos humanos que se atreven a alzar la voz.

En México, activistas como Wendy Galarza, de 30 años y herida por disparos cuando protestaba por la violencia contra las mujeres son también una muestra de cómo las autoridades en el país utilizan la fuerza y la violencia sexual para silenciar a mujeres que se manifiestan contra la violencia de género.
Israel, que en las últimas semanas ha sido de nuevo protagonista por el espionaje de activistas palestinos a través de

Pegasus, el software espía de NSO Group; y por catalogar como «organizaciones terroristas» seis organizaciones palestinas, es otro de los países donde el activismo se reprime. Nadie lo sabe mejor que Janna Jihad, de tan solo 15 años y recién nombrada como una de las periodistas más jóvenes del mundo, quien es objeto de amenazas y acoso por parte de Israel, simplemente por documentar y denunciar la discriminación en los Territorios Palestinos Ocupados.

Precisamente Israel también ha sido protagonista en este año con el escándalo del Proyecto Pegasus, en el que participó Amnistía Internacional. La investigación sobre la filtración de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia reveló cómo el software espía de la compañía israelí NSO Group se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo, entre los que se encuentran jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia de Jamal Khashoggi.

También las mujeres en Afganistán, que han salido a las calles a protestar tras la toma de Kabul, son un claro recordatorio sobre cómo sus conquistas a lo largo de los últimos 20 años pueden verse truncadas y reprimidas desde el regreso de los talibanes. En la actualidad, además de que las niñas de Afganistán tienen prohibido volver a la escuela secundaria, los talibanes están llevando a cabo actos de hostigamiento, amenazas y ataques contra docentes y estudiantes.

Por otro lado, y como consecuencia del clima de temor provocado por la toma de poder de los talibanes, muchas mujeres afganas ahora usan el burka, se abstienen de salir de casa si no es acompañadas de un hombre y han abandonado otras actividades para evitar violencia y represalias. Todas estas amenazas contra sus derechos, han provocado que mujeres en todo el país organicen protestas. Sin embargo, aunque se han permitido que algunas de las manifestaciones continúen de forma pacífica, los talibanes han reprimido con violencia muchas de ellas.

Otros países que están utilizando leyes que, de manera arbitraria y como pretexto para proteger la «seguridad nacional» socavan derechos humanos como el de la libertad de expresión, de reunión pacífica o de asociación, además de para reprimir la disidencia y la oposición política son Hong-Kong o Rusia, entre otros. Amnistía Internacional ha denunciado restricciones a la protesta y el activismo en, al menos, 58 países a lo largo de este año.

La libertad de expresión y el derecho a la protesta en España

En España, donde en estos momentos se está debatiendo la reforma de la Ley Mordaza, una norma que Amnistía Internacional ha criticado por su impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta, la organización lleva años denunciando situaciones de uso excesivo de la fuerza y de uso inapropiado de material antidisturbios. En este último año, AI ha denunciado el uso indebido de porras policiales contra manifestantes pacíficos o periodistas en las protestas celebradas en Madrid en julio contra el asesinato de Samuel Luiz; el empleo de armas de fuego (escopeta de postas) durante las movilizaciones de febrero en Linares (Jaén); y de balas de goma en las protestas convocadas en Barcelona contra la detención de Pablo Hasel en febrero.

El último caso han sido las protestas en Cádiz durante los nueve días de huelga indefinida por parte de personal del sector del metal. Amnistía Internacional, reconociendo la legitimidad de las actuaciones policiales y los retos que enfrentan las fuerzas de seguridad, recuerda que el uso excesivo de la fuerza y la utilización inapropiada de material antidisturbios por parte de miembros de la policía nunca puede estar justificado. Aunque se han producido algunos actos de violencia, las fuerzas deben actuar con moderación y las autoridades deben hacer todo lo posible por no contribuir a la escalada de tensión en la calle y responder en todo momento de forma proporcionada ante los posibles brotes de violencia.

Las imágenes publicadas en redes sociales y por medios de comunicación han mostrado el uso de pelotas de goma por parte de la policía, unos proyectiles que por su elevada imprecisión no permiten un empleo acorde a los estándares internacionales, que establecen que sólo deben utilizarse contra personas implicadas directamente en actos de violencia cuando sea factible efectuar disparos perfectamente dirigidos contra ellas. Amnistía Internacional reitera su petición a las autoridades para que prohíban el empleo de este armamento, que conlleva un alto riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos, o incluso golpear a otras personas que no sean el objetivo.

La organización también ha visionado imágenes que han mostrado un uso inapropiado e injustificado de porras policiales contra personas que no suponían ningún riesgo, que incluso han sido golpeadas en la cabeza y partes superiores del cuerpo, algo no permitido por los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.

Amnistía Internacional solicita a las autoridades que los incidentes en los que agentes de policía hacen uso excesivo de la fuerza sean adecuadamente investigados de forma exhaustiva, efectiva e independiente, y que se pongan en marcha mecanismos efectivos para reparar de forma adecuada a las víctimas.