Hay muchas maneras de pasar las Navidades. Una de las más desagradables es cuando temes que te puedan hacer una jugarreta y quitarte algo que te pertenece. Y eso incluye salir a comprar el pan y que, al volver, la cerradura esté cambiada.

El temor no nace de una manera natural, sino porque la palabra descerrajar aparece como amenaza por parte de visitantes que llegan a tu puerta a horas intempestivas para ver si pueden conseguir que te vayas de tu propia casa. O incluso porque llegan a entrar en tu casa y te rompen algunas cosas, por amedrentar y que el miedo haga lo demás. O porque te visitan, no estás en casa y empiezan a preguntarle a tus vecinos que si tienes trabajo, a qué hora sueles estar en casa o cuál es el coche que tienes.

Aprovechamos la generosidad de la Librería La Libre de Santander para tener un encuentro con tres personas que sufren acoso inmobiliario. Son María, Gema y Roberto. Les podríamos llamar activistas a la fuerza, personas que acudieron en su momento a plataformas antidesahucios para ver de qué manera podían evitar perder su vivienda.

Son tres casos sangrantes. María, ya en el inicio de la conversación, dice sentirse «violada». Cuando una vecina te cuenta que ha venido un hombre preguntando por ti y tu familia y ha hecho todo tipo de preguntas… ¿Dónde queda el derecho a la intimidad? La sensación es de que hay una empresa que lo sabe todo de ti, y quiere encontrar un punto débil para que te rindas.

María recuerda que «el acoso inmobiliario está tipificado en el Código Penal». Pero se puede hacer de maneras que a quien lo sufre ni siquiera le merezca pena denunciar, porque un tribunal no atendería una denuncia basada en que alguien hace preguntas, sin saber exactamente quién es ni a quién representa. Así pues, la administración no está capacitada para defender casos de esta índole.

María, de momento, está protegida judicialmente. El decreto del Gobierno central que suspende los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad fue ampliado hasta el 28 de febrero y el juzgado valida esa situación. Sin embargo, ese acoso inmobiliario no se ha parado.

Lo mismo le sucede a Gema. Ella tiene dos sentencias favorables que dicen que la casa donde vive es suya. La última está recurrida, con lo que no es un caso completamente cerrado, pero la casa es suya y aún así, le han dicho que el inmueble ha sido vendido a un particular. Recibió incluso la visita de un hombre a las 10 de la noche. «Decía que venía en nombre de un constructor de Madrid que había comprado la casa. Me dijo que iban a haber descerrajado la casa porque pensaban que estaba vacía».

Gema sufre el mismo tipo de acoso que María. De hecho, han podido constatar que, si llaman a una para volver a la carga con el intento de que abandone la casa, al día siguiente es la otra la que recibe el mismo acoso. Y eso que sus casos no están vinculados a la misma empresa. Gema tiene que vérselas con el fondo Beyos&Ponga, y María sufre con Los Peñicas. ¿Qué hay en común entre ambos fondos buitre? Liberbank, el banco en el que se integró la antigua Caja Cantabria y que ahora se ha integrado en Unicaja. Después de la fusión, las cosas no han cambiado. «Lo que sufrimos no se lo deseo ni a mi peor enemigo», dice Gema.

Roberto se pregunta cómo, en medio de un proceso judicial, un fondo puede ejecutar la venta de un inmueble. Alude a prácticas mafiosas. Y también las ha sufrido. Incluso un allanamiento de morada, con el resultado de que «me destrozaron la puerta, la casa y los buzones». También amenazas por teléfono. «Nos dijeron que nos iban a mandar unos rumanos», cuenta. Sin embargo, él y sus compañeros de piso decidieron no marcharse, y están a la espera del recurso que han presentado en el Tribunal Supremo para poder seguir viviendo dónde están.

Pero, ¿Quién está detrás de un acoso de este estilo? Las empresas especializadas en este tipo de casos, contratadas para conseguir que personas abandonen su vivienda. Una de las más conocidas se llama Serviokupas, con sede en Alicante. Se permiten el lujo de calificar de okupas a personas que no lo son, y alimentan el debate que se ha lanzado desde determinados partidos políticos e instituciones, para proyectar una sombra delictiva sobre familias que no tienen medios para afrontar la hipoteca o el alquiler.

María aporta algunas cifras. En los nueve primeros meses de 2021 hubo en Cantabria 27 procesos de desalojo por ocupación. En lo que llevamos de pandemia, 698 desahucios por impago de alquiler, y 188 ejecuciones hipotecarias. Pero hay mensajes que tratan de hacer ver que el primer problema es mucho mayor que el segundo, pero las cifras del propio Consejo General del Poder Judicial siempre revelan lo contrario.

Tanto Roberto como María se apresuran para subrayar que se trata de confundir con esos mensajes. «El fenómeno okupa no tiene nada que ver con quien se mete en una casa por necesidad», dice él. «Nada que ver ocupación de viviendas vacías de bancos y fondos buitres con allanamientos de morada», afirma ella.

En realidad, cuando se produce una verdadera okupación, el recurso que se tiene es mucho más rápido. Si se produce el caso de irte de fin de semana y encontrarte tu casa okupada al volver, eso debiera resolverse con una llamada a la policía, que tiene que proceder al desalojo. Las cosas cambian cuando se trata de alguien que ha entrado en un inmueble vacío. Roberto comenta que «hay jurisprudencia que protege a quien ocupa una vivienda vacía. En otros países europeos son aún más civilizados» que aquí.

Roberto se acuerda de las familias que no han descubierto nadie a quien acudir. Él sostiene que tiene un apoyo social que le respalda ante actuaciones de acoso inmobiliario, pero hay muchísimos más casos de personas que no lo tienen, y se ven indefensos ante una de esas empresas de hostigamiento. Él dice que ha llegado a ver el contrato de Serviokupas. Y lo que ha hecho es defenderse también denunciando el acoso que sufre, algo que muchas veces no sucede, bien por miedo o vergüenza o bien por no tener el más mínimo asesoramiento. Eso sí, cuenta que, en su caso, la policía llegó a llamarle, dos meses después de presentar una denuncia, para conocer en profundidad su caso, porque no tenían datos. Dos meses después de la denuncia. Falta de comunicación entre policía y juzgados. Y en temas tan sensibles como estos.

Por un lado está la lentitud de la justicia. También el trabajo de algunos abogados para intentar defender a quienes menos defensores tienen, que no siempre es atinado ni da suficientes respuestas a quien sólo puede acudir al turno de oficio. Y a eso se añaden algunos medios de comunicación, que sirven de altavoz para los desahuciadores y no a los desahuciados. «Dan voz a empresas de macarras, pero no a casos individuales como los nuestros». Es como lo expresa María.

Gema dice que son tantas las noticias que se han publicado en el sentido de señalar a familias como okupas, «que cuesta mucho darle la vuelta a eso». Y se desvía la atención: «Vamos a crear un problema para no solucionar el verdadero». A ella, hasta el banco la llama okupa, pese a las sentencias que dicen lo contrario.

Roberto ahonda en la cuestión enfatizando que «desde 2011 no se ha hecho una nueva encuesta para ver cuántas viviendas vacías hay, pero seguro que son muchas más de las que había».

Ya hace años que escuchamos a la PAH y a la plataforma Stop Desahucios reclamar en contra de que haya gente sin casa y casas sin gente. Y el problema de las viviendas vacías sigue sin solución.

Respecto a la legislación en marcha, tanto a nivel estatal como autonómico, estas tres voces no son nada optimistas. En opinión de Roberto, lo necesario es hacer un esfuerzo para mantener un equilibrio cierto «entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad».

Sin embargo, le parece que en España no se ha hecho un correcto «desarrollo legislativo» de estos dos derechos. Asignatura pendiente. Y añade que la «ley de Cantabria se encarga más del tema inmobiliario y de la construcción que del derecho a la vivienda». Estas leyes «no cubren toda la casuística de la vivienda», lamenta.

Gema centra su pesimismo en que no cree que sea posible que se apruebe una norma «que haga pupa a los bancos». Y María cree que «la legislación deja abierta la puerta a la trampa. Se crean otra sociedades para que no consten como grandes tenedores». Trucos que hacen que fondos buitre sigan operando, pero evitando ser detectados por el ‘radar’ de la administración y la justicia.

María dice que también cabe la posibilidad de negociar con esos fondos. Es lo que estaba haciendo el Gobierno de Cantabria con empresas vinculadas a la antigua Liberbank. Sin embargo, ha habido desde ese anuncio de negociaciones, 30 de abril de 2021, dos peticiones de desahucio contra ella y su familia. Por eso se pregunta por qué el Ejecutivo no finaliza la negociación.

Roberto también lanza una pregunta al aire, y es que si hay traspaso de inmuebles, por ejemplo, de bancos a fondos buitre, que los acaban comprando por cantidades muy inferiores a las del mercado, ¿por qué no se permite a un particular comprar en esas mismas condiciones? O como cuestiona Gema: ¿Quién protege a los ciudadanos? ¿Por qué se favorece el interés de fondos buitre aunque sea a costa de la salud mental de personas amenazadas de deshaucio?