El Puerto de Santander esconde su plan de seguridad al ser preguntado por las concertinas
490 metros de concertina plana, con un diámetro de medio metro, 290 metros lineales de concertina estándar, con un diámetro de 98 centímetros, y 45 metros lineales de concertina estándar, con diámetro de 45 centímetros, es el pedido que la Autoridad Portuaria de Santander (APS) realizó para mejorar algo que consideraba que no estaba bien protegido, que es el perímetro de sus instalaciones ante los intentos de saltos de personas migrantes para poder acceder a alguno de los barcos que salen de Santander con destino al Reino Unido.
Pese a que el Puerto ya ha presumido en el pasado de que esos intentos de saltos eran infructuosos, se decidió que era buena idea para aumentar la seguridad instalar cuchillas en las vallas, bien en la parte superior o en la parte inferior.
El pasado mes de junio se contactó con tres empresas para poder adjudicar un contrato de una cuantía de 15.000 euros, IVA excluido. Una era Cerramientos Monroy, otra Cerramientos Metálicos y Plásticos, con sede precisamente en el Polígono de Raos, en la zona del Puerto, y otra Jardinería Diego. Sólo esta última decidió presentarse al concurso, con un precio de 14.995 euros, IVA excluido.
Pese a ser una empresa de jardinería y que eso pueda resultar más extraño, si se consulta su página web se puede ver que tiene una sección específica de cerramientos. De todos modos, no aparece la palabra concertina entre sus servicios, lo más parecido que se puede leer es «alambre».
La información del contrato ha sido consultada por El Faradio después de que las Juventudes Socialistas de Santander presentaran una solicitud de información a la APS para saber por qué se había decidido instalar concertinas en el perímetro portuario, los informes que lo aconsejaban y las condiciones de licitación y adjudicación del contrato.
La APS, en su respuesta, sí daba cuenta del asunto del contrato de instalación, pero prefirió no aportar ningún detalle sobre el plan de seguridad y el porqué de tomar una decisión como esta. Y eso en un momento donde las cifras de negocio del Puerto están mejorando, en un contexto de pandemia y con el argumento, utilizado ya en varias ocasiones, de que los migrantes están causando unos problemas que después desaparecen cuando se trata de hablar de resultados económicos. Es decir, que se esgrime una motivación de preocupación por los efectos que causan esos migrantes, pero se esconde toda la información relativa a la seguridad de un lugar público.
Cuando se hace una petición de información a un organismo público, se suele hacer en virtud de la Ley de Transparencia, aprobada en 2013. Pero la APS contesta negativamente citando otras normativas. Por un lado, el Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, que regula el Plan de Protección de Buques, Pasajeros y Mercancías contra actos Antisociales y Terroristas. En ese decreto se detalla «que los citados planes se protegerán contra el acceso o divulgación no autorizados», según la respuesta del organismo portuario.
También se acoge la APS a la Ley sobre secretos oficiales, que es la que «regula el acceso a la información en materias clasificadas como reservadas». Explica la APS que el Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986 desarrolló esta norma incluyendo dentro de las materias reservadas «los planes de seguridad que aprueben los organismos públicos, así como los planes de protección».
La APS despacha esta solicitud de información diciendo que esa protección de datos se extiende hasta los informes que se puedan realizar acerca de las cuestiones que deben regir la seguridad de la institución y su perímetro.
Podría merecer la pena detenerse en el hecho de que esa Ley sobre secretos oficiales es de 1968. Cuando se consulta en el Boletín Oficial del Estado, se puede ver la referencia que se hace en el preámbulo de la norma al Consejo Nacional del Movimiento y, al final del texto legislativo, aparece que la Ley fue firmada por el dictador Francisco Franco en el Palacio del Pardo, y también por Antonio Iturmendi Bañales, por entonces presidente de las Cortes Generales. Se dio la circunstancia, en 1977, de que el Rey Juan Carlos, con el dictador ya fallecido y poco más de un año antes de la aprobación en referéndum de la Constitución, creó el título nobiliario de conde de Iturmendi en honor a esta personalidad política y jurídica de la España franquista. Pero esas son otras historias.
Las Juventudes Socialistas, una vez recibida esta respuesta por parte de la APS, están pensando si tomar alguna decisión en cuanto a petición de información para esclarecer de una manera más rotunda por qué podemos ver cuchillas en el Puerto de Santander.
Es esta una decisión que, teóricamente, responde a la presencia de unas pocas decenas de personas, que además malviven en un edificio abandonado, cercano al Puerto, y sin los más básicos suministros, y que desean reagruparse con sus familias en el Reino Unido. Y, como ya se dijo de las concertinas en Ceuta y Melilla, lugares con una presión migratoria incomparablemente más compleja que la del Puerto de Santander, no son una solución eficaz, porque no evita la intención de saltar por parte de las personas vulnerables que buscan mejorar su situación.
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