La crisis inmobiliaria desató fraudes fiscales en los impuestos de IVA y sociedades

Empresas del sector concentran el grueso de la actividad investigadora de la Fiscalía || El fraude se utilizó como fórmula de financiación
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La Fiscalía Superior de Cantabria describe en su última memoria otro efecto de los coletazos de la crisis en el sector de la promoción inmobiliaria y la construcción.

En su memoria anual, consultada por EL FARADIO, describe las consecuencias en el plano fiscal y en los delitos económicos.

Así, apunta a que el fraude fiscal, el dejar de pagar determinados impuestos asociados a la actividad empresarial, fue elegido por sociedades del sector como una “vía de financiación”, en especial por parte de aquellas empresas que tenían un “débil soporte patrimonial”.

Cita la Fiscalía expresamente el “elevado” grado de fraude tributario en torno a los impuestos de valor añadido (IVA) y Sociedades, detectado en especial en este sector económico.

Así, menciona expresamente que el fraude en las entidades mercantiles dedicades al tráfico inmobiliaria ha constituido el “grueso” de la labor de investigación en materia de fraude del Ministerio Fiscal, así como las calificaciones que formulan cuando hay juicios y tienen que pronunciarse o en las vistas orales para el enjuiciamiento.

En general, la crisis económica se vio reflejada “de forma significativa” en un incremento de delitos societarios, estafas y apropiaciones indebidas en el tráfico mercantil aumentando, considerablemente, las causas penales derivadas del cierre y disoluciones de empresas.

En materia de delitos económicos, se destaca en general el incremento de causas derivadas de los cierres y disoluciones de empresas, así como de defraudación del IVA, pero, sin embargo, detecta un descenso “radical” de procedimientos de defraudación a Hacienda y a la Seguridad Social.

No obstante, la Fiscalía advierte de que hay delitos en materia económica que pueden exceder su grado de especialización, al no existir una identificación expresa entre los llamados “delitos económicos” y aquellos que son competencia de los especialistas encargados de la sección correspondiente de la Fiscalía, de modo que ellos se centran fundamentalmente en los que vayan contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

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