María Concepción y su ex-marido adquirieron una vivienda de protección oficial en 2009, construida por la promotora Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS, entidad cuyo titular es el Ayto. De Santander), gracias a un préstamo de Liberbank.

Pocos años después empezaron a tener problemas económicos y dejaron de pagar el crédito. Liberbank inició ejecución hipotecaria que culminó con una Dación en Pago (entrega de la vivienda a cambio de finiquitar la deuda) y alquiler social en 2019, gracias probablemente a la renuncia de SVS al derecho de tanteo y retracto.

El contrato de alquiler, de 157 euros mensuales, fue formalizado con Beyos y Ponga, entidad instrumental de Liberbank. Actualmente, es el fondo Mosacata S.L.U. el titular de la vivienda y quien ha demandado a la familia. De hecho, en 2020, Beyos y Ponga se fusionó con Mosacata, cuyo único accionista es Liberbank, ahora Unicaja Banco.

La demanda se presentó en 2021 y en septiembre de 2021 se suspendió el lanzamiento durante únicamente tres meses, como consecuencia del informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento donde se indicaba la vulnerabilidad de la familia.

Según fuentes de la plataforma Stop-Desahucios, que asesora a la afectada, esta suspensión se hizo aplicando un real decreto (el Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler) que, aunque sigue vigente, se encuentra desfasado ya que prevalece otra norma posterior que se aprobó por causa de la pandemia y que protege mucho mejor a las familias afectadas por desahucios.

Se trata del Real Decreto-Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su última reforma amplió las suspensiones hasta septiembre de 2022 para familias vulnerables, a la espera de la aprobación de la futura ley estatal de vivienda.

Además de lo dicho, la plataforma Stop-Desahucios habia detectado más irregularidades. El principal es la ausencia de abogado y procurador en un procedimiento donde es preceptiva su presencia. Más si cabe, cuando estamos hablando de una familia en clara situación de vulnerabilidad. O la negativa del juzgado a entregar copia de autos a la afectada, a pesar de que la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil son taxativas en ese aspecto.

María Concepción no tiene conocimientos de leyes y no la informaron en el juzgado sobre su derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. Como así ha solicitado posteriormente. Pero lo que sí hizo fue cumplir lo que decían los diferentes requerimientos judiciales, al remitir a Haya State, que es la empresa que gestiona los arrendamientos de los pisos de Mosacata, todos los recibos pagados. De hecho, desde hace tiempo, la familia afectada no debe un sólo recibo de alquiler. Y, sin embargo, el fondo buitre no ha retirado la demanda, como sería lo lógico.

Por si no fuera suficiente, María Concepción se encuentra en tratamiento psicológico desde hace años por depresión crónica y trastorno de ansiedad. Desde la plataforma esperan que todo esto no deteriore aún más su salud y esperan que no sea necesario movilizar a la ciudadanía para parar el desahucio.

El juzgado de cláusulas abusivas de Cantabria ha resuelto ya el 76,6 % de los asuntos ingresados desde su creación

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 y el nº 2 Bis de Santander, encargados de ventilar los asuntos relacionados con cláusulas abusivas, han resuelto desde su especialización en junio de 2017 el 76,6 por ciento de los procedimientos que han ingresado.

Esto significa que casi ocho de cada diez asuntos que han llegado a estos órganos ya han sido ventilados.

Y es que a lo largo del pasado año, ambos órganos alcanzaron un nivel de resolución muy elevado, con una tasa de 1,24, lo que se traduce en que se resolvió un número igual al de asuntos que entraron y un 24 por ciento más.

Esa elevada resolución se traduce en un incremento en el número de sentencias dictadas durante la anualidad pasada del 50 por ciento respecto a 2020.

Los asuntos que a 31 de diciembre de 2021 se encontraban pendientes eran un 16,4 por ciento menos que los estaban tramitándose un año antes.

Un total de 14.321 asuntos ya resueltos

Los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En Cantabria, se encuentra especializado el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander y, además, se creó para reforzar su labor el Juzgado de Primera Instancia nº 2 Bis.

Según los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, desde junio de 2017 se han registrado en estos órganos un total de 18.693 asuntos y se han resuelto 14.321.

Ello sitúa la tasa de resolución en 0,77, lo que significa, como ya se ha indicado, que se ha ventilado el 76,6 por ciento de lo que se ha ingresado, casi ocho de cada diez asuntos. A nivel nacional, la tasa de resolución desde la creación de los juzgados se encuentra en 0,72.

En los más de cuatro años de funcionamiento de estos órganos, se han dictado 10.619 sentencias y a 31 de diciembre de 2021 se encontraban en trámite 4.372 asuntos.

Buenos resultados en 2021

El pasado año, los juzgados de cláusulas ingresaron 3.534 asuntos, un 5,1 por ciento más que en 2020, año marcado por la crisis sanitaria. Se trata del mismo incremento que registró la media del país (5 por ciento).

La resolución aumentó un 34,7 por ciento más respecto al año anterior (a nivel nacional creció un 24,4 por ciento) y la tasa de resolución se situó en 1,24, por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas, que fue de 1,23.

Finalmente, se dictaron 3.596 sentencias, un 50 por ciento más que en 2020, casi el doble que el incremento registrado por la media nacional, del 27 por ciento.