Alejandra, la vecina de Residencial Primero de Mayo con una discapacidad, ha ganado unos meses más al desahucio que tenía pendiente, y que ya consiguió parar de urgencia a finales del pasado mes de enero tras la movilización ciudadana, de colectivos sociales y de su representación legal.

Residencial Primero de Mayo es la urbanización en la que los pisos se concibieron como alquiler con opción a compra, es decir, lo pagado –en algunos casos, como el de Alejandra, desde hace diez años—contaba a la hora de dar el paso de ser propietario. Sin embargo, muchos de los residentes, como Alejandra, se encontraron con que el promotor elevó súbitamente los precios.

En el caso de Alejandra confluyeron además una serie de dificultades ligadas a la comunicación de los impagos y el lanzamiento –el desahucio- que hicieron que la movilización tuviera que hacerse de emergencia y que ella lo viviera con una preocupación todavía mayor.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander ha emitido un auto en el que suspende el procedimiento de desahucio iniciado, que, de no conseguirse, se hubiera sustanciado en un par de semanas.

Es una situación compleja: hay otro procedimiento abierto, en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santander, que afecta a varios vecinos en situación parecida y que va sobre las propias condiciones, por el que se han dictado medidas cautelares –es decir, paralizar lo que se pide para evitar que meses después llegara una sentencia en otro sentido, pero el daño fuera ya irreversible–

El Juzgado ha aceptado esa suspensión del procedimiento solicitada, según documentación judicial a la que ha tenido acceso EL FARADIO, y lo hace hasta que se levante la medida cautelar del otro Juzgado por el otro proceso.

Por otra parte, respecto al otro desahucio reciente pendiente, el de Héctor en Gama, relacionado con un prestamista en Gijón y un préstamo para financiar unas obras de adaptación para su hermano, con discapacidad, que fallecería después, se ha presentado una demanda colectiva pidiendo que se investigue la venta fraudulenta de quince viviendas en Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, incluyendo la de Gama. Se ha presentado ante un juzgado asturiano y está pendiente de admisión a trámite. También consta una queja al juez por no atender las recomendaciones de la Fiscalía de Cantabria de unificar todas las causas en una.