Salud mental, alimentación y abogados: la PAH encara el otoño con múltiples necesidades

Hay trabajadores o autónomos que no pueden acceder a ayudas para sus hijos porque tienen salarios, pese a que se les embarga || Las empresas de desocupación acosan a los afectados
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander hace un llamamiento para conseguir cuestiones que para ellos empiezan a ser básicas: desde la alimentación o apoyo en salud mental, tanto para ellos como para sus hijos, pasando por ayuda en la asistencia jurídica.

Gema y Javi en una manifestación

“Estamos solos”, clama en una entrevista con EL FARADIO Gema Blanco, portavoz de la PAH, mientras recuerda que durante la pandemia, “no hemos dejado de trabajar”, asesorando o acompañando a afectados que les contactaban, y este curso temen que vaya a ser “muy duro” porque “los bancos siguen haciendo lo mismo”, priorizando los cobros por encima de las vías judiciales que también existen.

El previsible fin de la moratoria de los desahucios –que en cualquier caso afecta a situaciones de hipoteca, no de alquiler, donde también se producen— les hace pronosticar un curso “muy duro, muy triste”, mientras esperan novedades de la tramitación de la Ley de Vivienda.

“Estamos en un retroceso, volvemos a hace ocho años, cuando empezó todo”, diagnostica Gema Blanco, que suma al diagnóstico más problemas: no sólo el acumulado de la pandemia, sino desde los casos que se complican en lo jurídico hasta el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad acumulada.

Y con preocupación especial por los más pequeños, entre los que se producen ya casos de malnutrición o problemas en el colegio, mientras “ven a sus padres psicológicamente muy mal”.

“TRABAJADORES POBRES”

Entre ellos se encuentran trabajadores, parados, y también muchos autónomos o gente que lo ha sido, acuciados por la deuda, convertidos en trabajadores pobres.

Se está produciendo el fenómeno de que hay gente que tiene trabajos y sueldos, que, sin embargo, les son embargados para hacer frente a las deudas bancarias. El resultado tras el embargo son unos ingresos escasos para sacar adelante una familia, pero, dado que formalmente no pueden acceder a ayudas, becas o el recurso de la justicia gratuita, que se conceden en función de unos ingresos que sobre el papel sí tienen.

“SI VOY A COMPRAR EL PAN, ES A MÍ A QUIEN ME OCUPAN EL PISO”

En la anterior crisis, percibían un sentimiento “generalizado” de “empatía” de la sociedad con los afectados, pero en los últimos años han notado que en materia de discurso “se ha dado la vuelta a la tortilla” y las personas con problemas de vivienda se han convertido en “parias” a los que “hay que machacar”.

Entre ese “marketing” se refiere al “montaje de las alarmas” y la alerta por las ocupaciones de viviendas.

Un discurso que contrasta con su propia situación, que se repite en muchos otros casos: pese a tener sentencias judiciales que le dan la razón retrotrayendo su situación financiera al inicio del proceso, las empresas de desocupación (sic) están protagonizando, junto a inmobiliarias o empresas subcontratadas, episodios de acoso en su domicilio.

Estruendosas llamadas al timbre de su casa un domingo por la noche (dadas las intempestivas horas, pensó que era para avisarle de que le había pasado algo a su madre, mayor), conversaciones con vecinos revelando sus datos, notas… aludiendo a que su vivienda está en venta, que ha sido adquirida en lotes por empresarios de Madrid –cuando la justicia le ha dado la razón en torno a la propiedad- que quieren tomar posesión.

“A un compañero le destrozaron la casa. He tenido que gastar un dinero que no tengo en comprar una alarma conectada a la Policía. Es la única manera de sentirme segura cuando no estoy en casa: yo sí que voy a por el pan y me pueden ocupar mi casa”, relata Gema.

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