FAPA Cantabria, la federación de asociaciones de padres y madres, muestra su  apoyo a la comunidad educativa del
IES Cantabria en su rechazo a la instalación de una gasolinera en un terreno situado junto al centro.

«Para nuestra organización resulta del todo incomprensible que se esté llevando a cabo esta construcción en un lugar en el que ya existen otras tres gasolineras en un radio de apenas 300 metros», explican.

Y apuntan que «parece evidente que si se ha llegado a esta situación es porqué las administraciones competentes no han realizado un necesario trabajo previo, protegiendo el entorno de los centros educativos para convertirlos en espacios seguros y amables para el alumnado».

Además de las implicaciones en materia de salud, el aumento del ruido y olores, o el «evidente» peligro que puede suponer una gasolinera pegada a un centro educativo, alertan de que esta apertura puede provocar también un incremento en el tráfico de la zona, ya de por si elevado, «lo cual sería un paso atrás en el necesario desarrollo de unos caminos escolares seguros sobre los que poco o nada están haciendo las administraciones públicas».

Y llaman la atención sobre otro aspecto: «ncluso desde un punto de vista educativo, resulta paradójico que en un contexto global donde se hace más necesario que nunca avanzar en la concienciación medioambiental del alumnado, transmitiéndoles la necesidad de cambiar los hábitos de consumo y energía, vayan a encontrarse junto a la ventana de su aula una nueva instalación que normaliza justo lo contrario».

«Esta situación a la que nos enfrentamos no debería de resultar nueva para, en este caso, el Ayuntamiento de Santander, pues ya existen otros centros con gasolineras cercanas (IES Alberto Pico) o construyéndose también actualmente en sus inmediaciones (CEIP Nueva Montaña), e incluso la instalación de este tipo de servicios
ya han sido cuestionados en los últimos meses. Por ello, resulta aún más incomprensible que no se haya hecho nada al respecto y ahora nos encontremos en esta situación», afirman.

Por tanto, instan a todas las administraciones competentes a hacer «todo lo posible» para evitar que esa instalación finalmente se lleve a cabo, así como en otros entornos educativos o sensibles por otras causas en el futuro.