“Los gobiernos no pueden tener la misma relación con un gobierno que practica el apartheid”
La palabra es apartheid y enseguida nos remite a Sudáfrica, cuando la población negra era excluida de las instituciones, derechos y libertades de una forma sistematizada y organizada.
Con esa palabra define Amnistía Internacional el trato que ejerce Israel sobre la población Palestina, y lo argumento en un prolijo informe que enumera las prácticas de apartheid, que se presenta este miércoles a las 19.30 horas en el Parlamento de Cantabria, con su responsable en España, Esteban Beltrán, y la colaboración de Interpueblos.
En conversación con EL FARADIO, que se emite este miércoles en el programa de radio y con versión extendida en vídeo, Esteban Beltrán, explica que las autoridades israelís están realizando “un ataque sistemático y generalizado” que supone “un crimen contra la humanidad” y que “se llama apartheid”.
El informe enumera prácticas como las expropiaciones de tierras o las dificultades incluso para contraer matrimonio o recibir asistencia sanitaria –el documental ‘Condenadas en Gaza’, apoyado por Cantabria, obra de la añorada Ana Alba y Bea Lecumberri relata el bloqueo a los tratamientos contra el cáncer que sufren las mujeres palestinas–, entre otras, que tienen el objetivo de “debilitar los lazos sociales” y generar una “mayoría demográfica judía”.
“Van a por la vida diaria”, asevera Beltrán, quien considera que tanto la Unión Europea como los países deben “revisar” sus relaciones bilaterales con Israel, pues, recalca, “no se pueden tener las mismas relaciones con un país que con un país que practica el apartheid”, es decir, que “considera que una parte de la población es inferior a otra” y lo traduce a políticas.
Ese es el “cambio de chip” que viene con el uso de la palabra apartheid y la documentación de los hechos en que se traducen que viene a reflejar este informe de Amnistía Internacional, que considera que la revisión de las relaciones con Israel debe afectar a cuestiones como la prohibición del comercio con los asentamientos, o la propia venta de armas que acaba usándose contra población civil.
En la entrevista, el responsable de Amnistía Internacional España también se refiere a las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra que se están documentando a raíz de la guerra en Ucrania, tanto en el escenario bélico como en la propia Rusia contra quien no comparte la invasión.
Beltrán hace hincapié en que la política de acogida a refugiados de Ucrania que se ha desarrollado por parte de España prueba que sí que había posibilidad de garantizar asistencia humanitaria a población que huye de las guerras o conflictos, cuestionada en otras crisis de derechos humanos. Y confía en que se extienda, de forma que no se convierta en una “doble vara de medir” que se reduzca únicamente a los ucranianos y no a otros países, porque entonces “haría pensar que es racismo”.
Finalmente, y tras advertir del sistema de espionaje Pegasus que vienen denunciando desde hace años en distintos países y sus usos para atacar a activistas, Beltrán también ha mencionado los intentos del Puerto de Santander de extender las cuchillas –concertinas—contra migrantes a todo su perímetro, objetivo anunciado y paralizado que provocó una fuerte reacción social entre colectivos y ciudadanos cántabros, entre ellos Amnistía Internacional. “El control de las fronteras no puede ser a expensas de los derechos, es simplemente inaceptable añadir sufrimiento o heridas”, sentenciaba.
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