Mientras la familia se mantenía en su domicilio, un dispositivo de la Guardia Civil impedía la entrada de los manifestantes a la vivienda. Además, se había vallado previamente la zona de acceso al edificio. Nunca se había visto un despliegue policial así para ejecutar un desahucio en Cantabria.

Todo transcurría con relativa tranquilidad hasta que llegó el cerrajero y las personas allí reunidas trataron de bloquear su acceso, lo que derivó en empujones y porrazos de la Guardia Civil. En medio de este revuelo agarraron a un participante en la acción y lo arrastraron dentro del portal. Allí le golpearon, insultaron y humillaron. Ante la incertidumbre y la impotencia, otro de los asistentes pateó una valla y la tiró al suelo. Unos días después, la Guardia Civil localizó a tres personas y les exigió que acudiesen al cuartel de Peñacastillo. A uno lo detuvieron en plena calle, después de localizarlo en una concentración frente a la Delegación del Gobierno para denunciar la actuación de las fuerzas de seguridad unos días antes.

Meses más tarde, los llamados a declarar, acudieron a la cita el 9 de noviembre de 2020 al calor de una concentración de apoyo. Ambos están siendo investigados por la supuesta comisión de delitos de atentado a la autoridad y lesiones leves contra agentes de la Guardia Civil. Asimismo, existe un tercer investigado por la supuesta organización de la paralizaron del desahucio.

En Abril del año 2021 la denuncia interpuesta contra la Guardia Civil por los abusos cometidos contra uno de los activistas fue archivada por parte de la jueza.

«Queremos destacar que, mientras nuestros compañeros tuvieron que declarar presencialmente, no fue el caso de la Guardia Civil, a cuyos agentes se les permitió declarar mediante un informe escrito. Un procedimiento que ya nos avisaba de lo que podía venir. Ante esta situación se ha presentado un recurso» dice la plataforma Stop Desahucios.

Y añaden que «seis compañeros que estuvieron ese día han sido sancionados por infracciones graves de la ley mordaza, creada precisamente para represaliar estos movimientos de apoyo». Todo esto se suma a los gastos judiciales y de cómo transcurra y desemboque el proceso penal.

Esta semana se cumplen dos años del inicio de toda esta situación. «Como veis, la represión judicial no es la única ofensiva que se está llevando a cabo a raíz de esta movilización, también el desgaste económico», afirman. Por eso quieren invitar a una jornada de encuentro que consistirá en una bicicletada desde la Biblioteca Central de Cantabria, en Santander, hasta Astillero este sábado 16 de Julio a las 12:00.

«Queremos hacerles saber que cuanto más nos repriman, más nos uniremos para responder. Necesitamos hacerles saber que ¡JUNTAS LO PARAMOS TODO! No es solo un lema», concluyen.