Los portavoces de PSOE, PRC, Ciudadanos, Unidas por Santander y VOX en el Pleno del Ayuntamiento han registrado un documento, al que ha tenido acceso EL FARADIO, con las condiciones para la creación de la Comisión de Investigación sobre el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad.

Este es uno de los asuntos que ha marcado la legislatura, pero el PP ha ido oponiéndose sistemáticamente a que este hecho se produzca, con el pretexto de que sería un circo mediático. El principal partido del Ayuntamiento y del Gobierno municipal propuso en su día una comisión a puerta cerrada, cuyas reuniones serían secretas. Sin embargo, tanto sus socios de Ejecutivo como la oposición en bloque han defendido siempre que debía cambiarse el Reglamento del Pleno para poder celebrar una comisión que tenga lugar a la vista de toda la ciudadanía.

El documento pactado por 16 de los 27 concejales de la Corporación afirma que el Reglamento actual, tras el acuerdo plenario del pasado diciembre, sí permite la creación de comisiones de investigación, en su artículo 60.4. Comisiones que se pueden plantear por la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local o un grupo municipal, y serán públicas salvo que el Pleno acuerde lo contrario.

Esa votación de diciembre abría totalmente la puerta para que se celebrar la comisión. Sin embargo, los populares acudieron a los tribunales solicitando unas medidas cautelares para invalidar ese cambio del Reglamento. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha denegado esas medidas cautelares, aunque aún debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Ante esa decisión judicial, todos los partidos, siempre con la excepción del PP, han reactivado la maquinara para tener comisión lo antes posible.

El documento presentado también prevé que se determinen las áreas de gestión del Ayuntamiento que se van a ver afectadas por la Comisión, y también el objetivo de la investigación. Lo que se va a determinar también es que la alcaldesa, Gema Igual, sea quien presida la Comisión. Y está por ver es quién será vicepresidenta o vicepresidente, una figura necesaria por si la alcaldesa se ausenta en alguna sesión o por si rechaza presidirla.

Una de las claves para activar la Comisión es que hace ya ocho meses que se resolvió el contrato, se adjudicó temporalmente, hasta tener nuevo contrato, a una empresa sin concurso y se quiere investigar el control que se está ejerciendo sobre el cumplimiento de la condiciones en la actualidad.

Y otro de los argumentos a tener en cuenta es que, en esta legislatura, es inequívoca la mayoría del Pleno que quiere investigar todo lo referente al contrato resuelto. Y por eso no se quiere dilatar la cuestión hasta que lleguen las próximas elecciones. Una vez terminen los trabajos de la Comisión, se redactarán unas conclusiones que después irán a Pleno.

Son varias las cosas que se quieren determinar con la celebración de la Comisión de Investigación. En primer lugar, si se cumplieron las normas de contratación cuando se adjudicó el contrato que fue resuelto el año pasado. Esa adjudicación se produjo en el año 2013 y con un comité de expertos, conformado por un funcionario municipal, José Antonio Teixeira Vitienes (exárbitro de fúbol), que era director general de Innovación del Ayuntamiento, y José Ignacio Quirós, que era director general de Infraestructuras y que había sido, antes de tener ese cargo, apoderado de Ascan, una de las empresas del Grupo SADISA que obtuvo la adjudicación junto a Geaser, compañía del mismo grupo. Una situación asimilable es la del actual concejal de Obras, César Díaz, que en ese momento no tenía aún responsabilidades en el Ayuntamiento, pero que también formó parte del Grupo SADISA y ha sido otra de las figuras clave dentro del seguimiento que el Consistorio debía hacer de este contrato.

La segunda cuestión que incluyen en el documento es si la calidad del servicio se adecuaba a la subida de las tasas de basuras que se aplicaron antes de que se adjudicara el contrato. Concretamente, fue de un 125% esa subida. Y después el contrato se adjudicó en 50 millones de euros menos que el contrato anterior, a razón de cinco millones por año, puesto que esa adjudicación en 2013 fue por 10 años.

Al tener un contrato menos cuantioso, se pretende investigar si hubo contrapartidas por ese menor precio. Fue la época en que se aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), después anulado por la justicia en sentencia de 2016. Hay que recordar que ahora, en 2022, el PGOU vigente sigue siendo de 1997.

Dentro de las operaciones urbanísticas que llegarían después, se puede recordar la Operación  San Martín, una de las polémicas y que tuvo una notable contestación vecinal, y que fue adjudicada a Ascan también. Y otro ejemplo es la pasarela peatonal para conectar sobre las vías de tren la calle Alta con Castilla-Hermida. Obra supervisada por Quirós, que por aquel entonces, en 2017, cuando se abrió la pasarela, ya era concejal de Medio Ambiente.

El acuerdo ente los grupos municipales también señala que hay que investigar si hubo un correcto control de la ejecución del contrato. Y es que, en un principio, fue la propia adjudicataria quien tuvo que designar a alguna persona que certificara que todo funcionada correctamente. Es decir, una empresa adjudicataria controlándose a sí misma. Después, esa función la llevó a cabo la Fundación Leonardo Torres Quevedo, dependiente de la Universidad de Cantabria, que acabó desistiendo y entonces se encargó la misión a la empresa Apia XXI, la misma que redactó el PGOU anulado. Esto se produjo tras las elecciones municipales de 2019.

Hasta esos últimos comicios, con el PP en solitario en el Gobierno de la ciudad, ya sea por mayoría absoluta (2011-2015) o con el apoyo externo de los concejales de Ciudadanos (después convertidos en tránsfugas, durante la legislatura 2015-2019), sólo se abrieron tres expedientes municipales por irregularidades de la adjudicataria.

Al día siguiente de las elecciones, en mayo de 2019, y a la vista de un resultado que no permitía al PP gobernar en solitario, llegaron las cataratas de expedientes abiertos por los incumplimientos del contrato de las basuras. Y la legislatura, por las posturas de la oposición y también de Ciudadanos, han terminado en la resolución del contrato. Sin olvidar las quejas constantes de las vecinas y vecinos por la suciedad de Santander, con presencia de ratas incluso en el centro de la ciudad.

Otros de los puntos del acuerdo entre los grupos municipales que quieren activar la Comisión de Investigación es si los diferentes equipos de Gobierno de la ciudad fueron conocedores de los controles que se hacían del contrato, e incluso si llegaron a validar algunos de los incumplimientos del contrato que se reflejaron en el informe de Intervención General del año 2020, ya en la presente legislatura.

En la etapa de Teixieira Vitienes como director de Innovación, un informe suyo reconocía errores en la implantación de contenedores inteligentes, dentro de la estrategia conocida como ‘Smart city’, en la etapa de Íñigo de la Serna como alcalde. Pero eso fue responsabilidad del Ayuntamiento y no de la unión de empresas Ascan-Geaser.

Finalmente, se quiere investigar también si estuvo justificada la resolución del contrato con la anterior adjudicataria, si realmente existía una emergencia, la adjudicación a CESPA (ahora Prezero) y por qué todavía no hay pliegos de condiciones para el nuevo contrato.

El acuerdo determina que las áreas municipales afectadas por la Comisión serán Urbanismo, Medio Ambiente, Innovación, Obras, Contratación, Vivienda y Hacienda, pero esto se puede ampliar si se detectan indicios que señalen a otras partes de la gestión.

En cuanto al funcionamiento de la Comisión, se tendrá que constituir en el plazo de siete días desde que se ratifique en el Pleno ordinario de este mes de julio, que se celebrará, previsiblemente, el viernes 29 de julio, toda vez que el último jueves de mes es festivo, por el Día de las Instituciones Cántabras. Y el mismo día de su constitución tendrá que empezar a trabajar. Primero se tendrá que elaborar un plan de trabajo votado por la mayoría delos miembros de la Comisión, y para ello se harán reuniones de trabajo entre las 11 y las 12 de la mañana cada día hasta que fragüe el acuerdo.

Funcionará, según el documento presentado por los cinco partidos, como una comisión permanente. Se constituirá de la misma manera y se votará mediante el sistema de voto ponderado, que tiene en cuenta la composición del Pleno.

La Comisión deberá emitir un dictamen final con las conclusiones en un plazo de seis meses, con la posibilidad de una única prórroga de otros dos. Después, ese dictamen deberá llegar al Pleno para ser aprobado.

Como adelanto al Pleno del mes de julio, el Ayuntamiento de Santander tendrá otro momento de debate en el que es previsible que el tema de las basuras aparezca y sea uno de los temas principales. será este mismo lunes, desde las 9:00, con el debate sobre el Estado de la Ciudad.