La del próximo 21 de noviembre es la quinta fecha que se fija para desahuciar a la familia de Gama afectada por un préstamo.

Todo comenzó cuando la familia pidió un préstamo para poder adaptar la vivienda a las necesidades especiales de uno de los dos hijos del matrimonio, que tenía una discapacidad, fallecido antes de que se fijara la primera fecha de desahucio.

En el transcurso de todo este proceso también ha fallecido el padre de Héctor, que es quien ahora reside en la vivienda junto a su madre, de 57 años y enferma.

Confiesa que esta situación está minando la salud de ambos. “Psicológicamente mi madre está hundida. Mi padre tenía una salud de hierro y cuando la cosa empezó a torcerse con sentencias que no nos daban la razón, enfermó y a los tres años falleció. Cuando en enero anunciaron un nuevo intento de desahucio, mi madre sufrió un amago de infarto…”, explica su hijo Héctor, quien añade que ahora que se acerca una nueva fecha, la tensión vuelve a entrar en sus vidas. A lo largo de este proceso, él mismo ha sufrido varias crisis de ansiedad.

No quiere ni pensar en lo que puede suceder en el caso de que el desahucio se ejecute el próximo 21. “La familia no nos apoya, así que lo tenemos difícil”, explica para añadir que su objetivo ahora pasa por intentar llegar a un acuerdo con “la persona que dice ser comprador”. Un acuerdo que les permita continuar en la casa familiar de Gama.

La familia explica que cuando necesitaron reformar la casa para adaptarla a las necesidades del hermano de Héctor, se convirtieron en víctimas de un prestamista de Gijón que fue el que les prestó el dinero. Ellos defienden que fueron estafados y que finalmente un testaferro se quedó con su casa. “Quiero creer que la persona que dice ser el comprador llegará a entrar en razón. Nosotros queremos negociar. Si el comprador no está en el ajo, como dice, y es un comprador de buena fe que no tiene nada que ver con la estafa, tiene ahora una oportunidad para demostrarlo”, explica el afectado.

Hasta la fecha, las distintas sentencias civiles han dado la razón al comprador, mientras que en la vía  penal no se ha pasado de la fase de instrucción (la fase previa en la que el juzgado recopila información para ver si hay caso). A esto se suma el archivo de la denuncia colectiva presentada por varios afectados por el mismo prestamista de Asturias.